El Poder Judicial de Perú admitió a trámite la apelación presentada por el expresidente Pedro Castillo para anular la prisión preventiva dictada en su contra tras su detención después de intentar disolver el Congreso para evitar ser sometido a una nueva moción de censura.

El juez Juan Carlos Checkley adoptó la medida al determinar que la apelación cumple las formalidades exigidas por la ley, al tiempo que admitió a trámite el recurso del fiscal Alcides Chinchay para que se impongan 18 meses de prisión preventiva al exprimer ministro Aníbal Torres por este mismo caso.

Así, Checkley remitirá ambos recursos a la Sala Penal Permanente del Tribunal Supremo para su evaluación en una audiencia con fecha a determinar y en la que estarán presentes las partes involucradas, según informó el medio de comunicación RPP.

Castillo fue depuesto por el Congreso como presidente de Perú en una moción de censura que salió adelante después de que el exmandatario anunciara la disolución del Parlamento y la instauración de un gobierno de excepción. La bancada del izquierdista, Perú Democrático, presentó una propuesta al Congreso para declarar nula dicha moción de censura.

Precisamente, ante esta destitución y la crisis política que se vive en el país, el Congreso peruano aprobó adelantar las elecciones generales de 2026 a abril de 2024.

En la sesión plenaria, la propuesta alcanzó 93 votos a favor, 30 en contra y una abstención. La reforma requería del apoyo de 87 legisladores y contempla también que la actual gobernante, Dina Boluarte, entregue el mandato al ganador de los nuevos comicios en julio de 2024.

El presidente del Congreso, José Williams, explicó al final de la sesión que para entrar en vigencia la reforma deberá ser ratificada en una nueva votación en los próximos meses. Las bancadas de izquierda, que apoyan a Castillo, habían pedido incluir en la votación la convocatoria de un referéndum para una Asamblea Constituyente, pero el pedido no prosperó.

Boluarte, cuya renuncia también reclaman los manifestantes, asegura estar dispuesta a irse en los nuevos plazos. Según las encuestas, 83 % de la ciudadanía está a favor del adelanto de los comicios para resolver la crisis.

Crisis diplomática con México

Castillo, luego de ser destituido, intentó llegar a la embajada de México para pedir asilo, lo que desató una crisis diplomática con ese país. El Gobierno peruano concedió un permiso para que la familia del destituido presidente Pedro Castillo pudiera dejar el país, en cumplimiento de convenciones diplomáticas internacionales.

El Gobierno peruano, que ha considerado el apoyo del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Castillo como una “injerencia” en los asuntos internos del país, declaró persona non grata al embajador de ese país en Lima, Pablo Monroy, y le dio “72 horas para abandonar” el territorio.

Tras conocer la información, la cancillería de México ordenó el regreso de su embajador “con el fin de resguardar su seguridad e integridad física”. La delegación diplomática quedó a cargo de la primera secretaria, Karla Ornelas. “México cree firmemente en el diálogo y seguirá manteniendo los canales de comunicación abiertos con todos los interlocutores”, añadió en un comunicado.

La canciller peruana, Ana Cecilia Gervasi, recordó que la esposa de Castillo, Lilia Paredes, es investigada en la Fiscalía de Perú como posible coordinadora de una presunta organización criminal que supuestamente lideraba su esposo. Aseguró que el gobierno peruano se reserva el derecho de pedir su extradición si la justicia local lo requiere en algún momento.

Con información de Europa Press y AFP.