Un mandato totalmente errático es lo que podría definir el paso hasta ahora del mandatario de izquierda Pedro Castillo en el Perú. Al principio solo buscaba conseguir estabilidad en su gobierno, que ha sido incapaz de tener un gabinete funcional, pues durante cerca de un año han pasado más de 70 ministros. Aunque todo se fue complicando con el paso de los meses.
Castillo parecía ser solo un mandatario incapaz, rozando en la ineptitud y la torpeza. Pero ahora los escándalos de corrupción revelados durante su corta administración cambiaron la imagen del presidente hasta transformarla en la de un supuesto delincuente que solo busca lucrar a su círculo cercano a costa del bolsillo de los ciudadanos.
Durante meses, el presidente peruano ha vivido variadas investigaciones que buscan determinar su culpabilidad. Hoy en día, tiene seis causas abiertas en la Fiscalía del país, y, si bien reinaba la incertidumbre, esta semana la Justicia peruana fue más allá: denunció oficial y constitucionalmente a Castillo y a varios de sus funcionarios, que también pertenecerían a la red criminal del Gobierno.
“Servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta ya no inmoral, sino criminal y abominable”, dijo la fiscal general del Perú al anunciar la acusación contra el mandatario. La Justicia pretende llevar al presidente al estrado, mientras solicita al Parlamento levantarle la inmunidad, algo totalmente insólito para la historia reciente del país.
Si bien la figura de la denuncia constitucional contra el presidente es difusa, la Justicia se ampara en tratados internacionales para poder acusar al mandatario. Pero varios expertos jurídicos afirman que dicha causa permanecerá en suspenso hasta que Castillo deje el poder. Sin embargo, así dicha causa no prospere, ya es un golpe político que da muestras de una corrupción generalizada dirigida desde el Palacio de Gobierno.
Específicamente, se le acusa a Castillo de cargos de corrupción, los cuales él mismo lideraría y supervisaría. “Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, dice la Fiscalía peruana. También expone que el mandatario intenta obstruir a la justicia.
Todo esto forma parte de un duro proceso de descomposición política que se vive en el país desde hace varios años. El mayor ejemplo es que entre 2018 y 2021 el país tuvo cinco presidentes distintos, de los cuales dos fueron destituidos de sus cargos por corrupción. Y si bien a Castillo se le intentó cesar del cargo en dos ocasiones, no se alcanzaron los votos necesarios para aplicar la vacancia.
Ahora lo que sigue no es sencillo. Durante los próximos diez días, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso tendrá que abrir una investigación y elaborar un informe en el que determine si admite la acusación contra el mandatario. De ser así, Castillo deberá asistir a la cámara legislativa para el inicio del antejuicio, en el que deberá presentar la defensa de los cargos en su contra y la Justicia dará sus argumentos.
Por ahora, el mandatario sigue en el limbo. Deberá esperar lo que determine la justicia sobre su caso, aunque sufre la condena más dura de todas: la social. El presidente goza apenas del 23 por ciento de aprobación, según la firma Ipsos. ¿Saldrá Castillo del escándalo que cada día lo tiene más contra las cuerdas?