Pedro Castillo hizo un pedido a la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y fue su inmediata restitución a su cargo como mandatario de los peruanos, además de ser liberado, ya que se encuentra privado de la libertad.
El abogado de Castillo, Walter Ayala, quien asumió la defensa del expresidente, fue el que dio a conocer la solicitud. “Ante demora injustificada del Poder Judicial en resolver el amparo, Pedro Castillo solicita a la CIDH su restitución como presidente constitucional del Perú y su inmediata libertad. En los próximos días habrá novedades”, se lee en el mensaje.
El llamado de Castillo lo hace luego que la Fiscalía de Perú formalizara una investigación contra el expresidente por presuntos delitos de organización criminal, colusión y tráfico de influencias, después de que el Congreso aprobara un informe de la fiscal Patricia Benavides.
Así lo dio a conocer el Ministerio Público en un comunicado, afirmando que en el proceso también se incluye al exministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva Villegas, como “presunto autor del delito de organización criminal y colusión simple”.
Asimismo, también será investigado el exministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Geiner Alvarado, por un presunto delito de organización criminal. Con ello, la Fiscalía pretende conocer más detalles sobre una supuesta red criminal liderada por Castillo que buscaba favorecer al consorcio Puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.
En virtud de esta investigación, Benavides podría imponer medidas coercitivas contra los anteriormente nombrados, como la prisión preventiva o el impedimento de salida de Perú, según informó el diario La República.
El pleno del Congreso votó el pasado viernes 17 de febrero con 59 votos a favor, 23 en contra y 3 abstenciones formalizar la investigación contra el expresidente peruano, quien actualmente se encuentra en prisión desde el pasado 17 de diciembre por presuntos delitos de rebelión, conspiración, abuso de autoridad y perturbación de la tranquilidad pública.
Castillo se encuentra en la cárcel después de que la Justicia dictaminara 18 meses de prisión preventiva en su contra tras el anuncio realizado el 7 de diciembre de la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
Si no restituyen a Pedro Castillo, podría desencadenarse una guerra civil en Perú
Miles de personas de la comunidad indígena aimara continúan protestando este martes 21 de febrero en la región de Puno, en el sur de Perú, exigiendo la renuncia de la presidenta, Dina Boluarte, así como nuevas elecciones, y denunciaron que si continúan enviando al Ejército se desencadenará una “guerra civil”.
“Nosotros no nos vamos a cansar. Para nosotros la huelga continúa. Para nosotros no hay diálogo. Lo único que queremos es que Dina Boluarte renuncie”, reclamó David Yujra, portavoz de la sociedad civil de la provincia de Puno.
“Pese a que han matado a 21 de nuestros paisanos, ahora quieren humillarnos más enviándonos militares. Cada vez nos están provocando más. Seguiremos, pase lo que pase”, ha remarcado Yujra, según ha informado el diario ‘La República’.
La huelga indefinida en Puno, que comenzó el 4 de enero, un mes después de la detención del expresidente Pedro Castillo por intentar cerrar el Congreso, cumple 48 días. En los próximos días, miles de personas de las trece provincias de la región tienen previsto nuevamente marchar juntas a la capital, Lima.
Con información de Europa Press