Una escopeta negra, seis cartuchos rojos y un chaleco camuflado. Esto es lo primero que se encuentra al entrar a la residencia del periodista René Martínez. Son las diez de la mañana en Nuevo Laredo, una pequeña pero importante ciudad en el noreste mexicano. A pocas cuadras corre el río Bravo y, en la otra orilla, está Estados Unidos. Diariamente miles de convoyes de carga superan la frontera - 70 por ciento del comercio terrestre mexicano pasa por la ciudad - , cientos de migrantes ilegales llegan para cruzar el río. Nuevo Laredo es también tierra de narcos, contrabandistas y traficantes de personas. A Martínez le cuelga un cigarrillo de los labios. En una mano sostiene un café mientras con la otra señala la escopeta calibre 12. "La compré cuando llegué a la ciudad por un amigo que me advirtió: 'probablemente la vas a necesitar'", dice. "Tenemos ya ocho meses sin Policía y debo protegerme". Hace 48 horas, un carro bomba estremeció la ciudad en pleno día y mató a diez personas. Los reporteros corrieron al lugar pero lo que recolectaron nunca se publicó. "A ver", dice Martínez mientras abre un diario local. "¿Dónde está el eco del bombazo? ¡Nada!". En su cara se dibuja el drama. "Los periodistas nos hemos acostumbrado a callar". Fotos como la de la carcasa calcinada del carro bomba yacen inéditas en archivos de medios a lo largo y ancho de México y Centroamérica. También han sido registrados ataques con granadas, desapariciones y secuestros masivos. Pero la prensa ha optado por callar, pues el precio por cubrir la guerra contra el narcotráfico es demasiado alto. Reporteros y editores comienzan sus jornadas sin saber si regresarán a casa. La violencia de los carteles ya deja más de 140 comunicadores muertos o desaparecidos desde 2000. Los han colgado de puentes, mutilado, descabezado, torturado o extorsionado. El jueves, los cadáveres de tres reporteros gráficos aparecieron en Veracruz. Pocos días antes, la periodista Regina Martínez, corresponsal en esa ciudad del semanario Proceso, fue hallada muerta en su bañera en Jalapa. Y en abril, sicarios asesinaron al presentador Noel Valladares en Honduras. SEMANA viajó a Nuevo Laredo y halló una ciudad fantasma que se ha convertido en el emblema de la violencia contra la prensa en toda la región. Allá, la guerra contra el cartel del Golfo y contra Los Zetas -dos de los grupos más violentos de México- se está carcomiendo la libertad de expresión. En esta región de América, hoy los periodistas prefieren el silencio a la verdad. Basta salir de la casa de Martínez y caminar por esta calurosa ciudad en medio del desierto para percibir que aquí se alza uno de los frentes de la guerra contra el narco. Muchas casas están abandonadas, solo un par de perros flacos fungen como guardianes. El centro, en épocas mejores el lugar de diversión y comercio para visitantes del otro lado de la frontera, hoy está casi vacío. En las vitrinas abundan avisos de 'renta' o 'venta'. En algunas esquinas las casas están marcadas de balas y en todas partes cunde el miedo. La Policía abandonó la ciudad a mediados de 2011. De vez en cuando se ve pasar convoyes del Ejército, pero quienes tienen el control son los carteles. Toda una jerarquía de mando está desplegada en las calles para vigilar el narcomenudeo y las rutas de transporte de droga, contrabando y personas. En lugares estratégicos, aguardan jóvenes de la mafia, o 'halcones', con un radioteléfono en la mano. Cuando ocurre algo inusual lo reportan a su 'estaca'. Y luego el 'jefe de plaza' ordena enviar una camioneta llena de hombres armados a causar terror. Como en otras ciudades fronterizas capturadas por los carteles, en Nuevo Laredo la gente ya sabe cómo comportarse. Aquí la mafia ha tenido años para difundir sus mandamientos a sangre y fuego. Y así también, los periodistas han tenido que aprender. En 2006 hombres con fusiles AK-47 irrumpieron en el diario El mañana de Nuevo Laredo y comenzaron a disparar. Algunas fotos de la redacción destruida, del suelo lleno de casquillos y del cráter que dejó una granada nunca han sido publicadas. El ataque dejó a un redactor en silla de ruedas y produjo renuncias masivas. "Quien no cumple los mandamientos de la mafia, paga con su vida", dijo a SEMANA un periodista que vivió la balacera y por temor a represalias no quiere ver su nombre en los medios. "La regla es esta: si te conviertes en un 'peine', es decir, en alguien que denuncia a estos señores, te matan". Años antes, el dueño de otro diario local había sido secuestrado y amedrentado, pero el ataque a la redacción de El mañana decretó el fin de la prensa tradicional en la ciudad. Y sin embargo, los periodistas se resistían a aceptar una mordaza. Como en otras ciudades mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas y hondureñas, en Nuevo Laredo se alzó una ola de blogueros e internautas para oponer resistencia y vigilar, anónimamente y por internet, todos sus movimientos. Siguiendo el ejemplo del Blog del Narco, un chatroom llamado Nuevo Laredo en vivo se convirtió en el más popular y logró llegarle al enemigo. La euforia, sin embargo, llegó a su fin en septiembre de 2011. El cuerpo desmembrado y descabezado de la periodista María Elizabeth Macías fue hallado en el monumento a Colón. La cabeza hinchada descansaba sobre una matera al lado de un teclado, un mouse y unos audífonos. Los Zetas, que se atribuyeron el crimen, dejaron además un mensaje: "Aquí estoy por mis reportes". Macías, conocida como LaNenadeLaredo, era una de las administradoras del chatroom. Desde entonces, el silencio domina la ciudad. En todo México y Centroamérica los carteles han procedido de la misma manera. Un periodista, que pidió su anonimato, le explicó a SEMANA cómo trabaja en San Pedro Sula, ciudad hondureña considerada la más violenta del mundo con una tasa de 159 homicidios por cada 100.000 habitantes. "Trabajar en Honduras es cada vez más difícil, los riesgos se multiplican. Tenemos mínimo 20 asesinatos diarios, aunque el gobierno pretenda ignorar la cifra. La situación me ha obligado a replegarme", dijo. Cuenta que hace poco estuvieron a punto de dispararle, que lo han amenazado y que siente que su familia está en peligro. Para él lo más complicado es que no sabe si está hablando con una fuente segura, un pandillero, un policía corrupto o un empresario ligado al narco. No sabe quién es amigo y quién es enemigo. "Ese es quizás uno de los mayores riesgos", dijo. Aunque políticos, fiscales y autoridades policiales están alerta, en más de diez años nada ha podido parar la oleada de violencia. El más reciente intento de terminar con la tragedia de los comunicadores tuvo lugar la semana pasada, cuando el Senado mexicano promulgó una ley para protegerlos. Pero pocos le auguran triunfos a esta medida. "Siempre y cuando la Justicia no funcione en estos países, los periodistas seguirán siendo el blanco de crímenes impunes", dijo a SEMANA Edgardo Buscaglia, director del Instituto de Acción Ciudadana en el D.F. Las cifras apoyan esta tesis. Según el neoyorquino Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su sigla en inglés), la Justicia mexicana ha sido incapaz de resolver el 90 por ciento de los delitos relacionados con la prensa en la última década. Periodistas como Claudia Méndez, de Guatemala, van incluso más allá. La editora de El Periódico y presentadora del programa de televisión A las 8:45 le dijo a SEMANA que "la impunidad es cómplice y manda un mensaje radical: un crimen que no se castiga nunca existió. En Guatemala se creó una Fiscalía especializada para investigar los delitos contra los periodistas. No he visto que haya tenido resultados o que tenga la fuerza que a uno le gustaría ver". Ante tal situación hay algunos que han preferido acordar una tregua con la mafia. Es el caso del presidente de El Salvador, Mauricio Funes, que, según el portal digital El Faro, negoció con las maras para reducir la tasa de homicidios. Poco después, el director del periódico web, Carlos Dada, recibió amenazas y debió exiliarse. Y mientras la prensa tira la toalla, las investigaciones no avanzan, en muchos casos porque la información es declarada de seguridad nacional y por ello inasequible a la opinión. La impunidad impulsa no solo a los capos a mantener su maquinaria de muerte, sino también a otros actores a tomar armas y amedrentar a periodistas. "Cada vez registramos más casos en que defensores de derechos humanos y comunicadores son agredidos por fuerzas distintas al narco", dice Consuelo Morales, directora del movimiento Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos en Monterrey. Morales no descarta que empresarios, políticos e incluso miembros de la fuerza pública se escondan detrás de crímenes que se le atribuyen a la mafia. Así, en vastas regiones de México y Centroamérica, no solo no se cubren las crueldades del narco, sino que voluntariamente se evaden escándalos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Todo esto ha hecho imposible la vida en las redacciones. Tras el asesinato de un segundo periodista del Diario de Juárez, la desesperación fue tal que la dirección del periódico decidió exigir, en un editorial publicada al día siguiente, una tregua a los enemigos. En Nuevo Laredo la decisión ha sido autoimponerse el silencio. "La autocensura es la solución", dijo a SEMANA el dueño de uno de los periódicos locales. Otro periodista de la ciudad, que dice que no duerme pensando en que pone en riesgo a su familia, afirma que ni siquiera la mordaza sirve para garantizar la supervivencia. "En mi redacción uno de cada tres periodistas es un informante de Los Zetas", dijo. "Antes, en la oficina uno hablaba tranquilo, así no se fuera a publicar. Hoy puedo decir que no me queda un solo amigo en mi trabajo". Otros admiten que se sienten "entre dos fuegos", pues un día deben hacerle caso a una banda y al día siguiente a la banda enemiga. Así, en México y buena parte de Centroamérica los medios han ido adaptándose a las 'políticas' a las que cada cartel los va sometiendo. La solidaridad es cada vez más escasa: el domingo, un día después del asesinato de la corresponsal de Proceso, solo un par de periódicos presentaron la noticia en primera plana. En Honduras la situación no es muy diferente. El periodista contactado por esta revista dijo que "no hay solidaridad entre los medios. Al tercer día de la muerte de un colega, se olvida. Solo se retoma la temática al conmemorar fechas como el 3 de mayo, día mundial de la libertad de prensa, sin mayores resultados". Al enviado de SEMANA a Nuevo Laredo le fue repetido varias veces que no dijera ser colombiano y periodista, que no llevara equipos y que no pasara más de una noche en la ciudad. La vulnerabilidad también se exacerba: en varios lugares ya ni siquiera los seguros de vida cubren a los periodistas, en otros no pueden procesar experiencias violentas vividas ni el estrés postraumático y en ciudades como Nuevo Laredo los comunicadores deben defenderse con sus armas. Tal es el caso de Martínez. El periodista sabe que el crimen organizado en México y Centroamérica se tomó las ciudades y los estados. "Y ya tienen controlado todo el Golfo de México", dice, mientras camina por las calles de Nuevo Laredo. "El problema aquí, en las ciudades chicas, es que lo controlan todo".