La detención masiva de uigures y otros grupos étnicos religiosos en Xinjiang, la región occidental de China, encendió las alarmas alrededor del mundo. Por primera vez, The International Consortium of Investigative Journalists, junto a 17 medios internacionales más, pusieron los ojos sobre este tema que ya habían tratado algunos de ellos en 2016, cuando se supo que algo “raro” pasaba según la BBC.

Los llamados cables de China solo confirmaron que, en efecto, el mundo debió prestar más atención a lo que vio en ese momento. Por las imágenes satelitales de Google Earth y por las más de 400 páginas de esos documentos se sabe que el Partido Comunista chino ha construido cerca de 500 “campos de reeducación” para musulmanes en la zona desde 2009.

Esta foto es una de las pocas que el Gobierno chino todavía no ha bajado de la red, a pesar de que muestra que a los uigures en Xinjiang los tratan más como presos que como “estudiantes”.  El Gobierno chino insiste en que esos lugares no son campos de concentración “al estilo Nazi”, como los han descrito medios tan importantes como The New York Times o la Deutsche Welle. De hecho, cuando un periodista del medio británico The Guardian le preguntó este mes al embajador de China en Reino Unido, Liu Xiaoming, qué opinaba sobre el encarcelamiento de uigures, este respondió: “No les creas tanto a las ‘fake news’”. Ante la insistencia del periodista por tan insatisfactoria respuesta, el embajador continuó: “Los campos de reeducación son una medida efectiva para ganarle el pulso al terrorismo. No infringen ninguna libertad religiosa. Desde que tomamos esta decisión, no hemos tenido ningún incidente terrorista. Xinjiang, otra vez, es una provincia próspera, hermosa y pacífica. Las medidas preventivas no tienen nada que ver con la erradicación de grupos. Por el contrario, la libertad religiosa está totalmente permitida siempre y cuando beneficie al país”.

Sin embargo, si se trata de “inofensivas escuelas”, ¿por qué China ha hecho hasta lo imposible por erradicarlas del mapa? No solo negó su existencia por mucho tiempo, sino que cuando permitió la entrada de algunos reporteros la disfrazó con centros deportivos, salones de música, pintura y baile. Eso también lo evidencian las fotos satelitales. Antes de 2018 solo se veían enormes patios amurallados. Ahora hay jardines, canchas de fútbol y baloncesto. A la entrada de estos imponentes edificios un “educador” recibe a los reporteros y los conduce por lugares específicos. Al mismo tiempo, les cuenta cómo proveen ayuda y rehabilitación para aquellos “enfermos” implicados en casos de terrorismo o con pensamientos extremistas.

Con bonitos salones, muestras culturales y enormes sonrisas, el Partido Comunista quiere hacer parecer que los internos están ahí por su voluntad y que son felices.  Paradójicamente, casi ninguno de los internos ha sido condenado por violencia o sedición. Algunos incluso están encerrados por haber descargado WhatsApp en su celular, como le contó una sobreviviente a la BBC. Pero el Estado insiste en tratarlos como el “cáncer”, “los infectados”, como revelan los documentos.

La mayoría de ellos llegó a esos lugares, según las investigaciones más recientes, con los ojos vendados y a la fuerza. En adelante, en un estricto régimen draconiano, los aislaron de sus familiares y amigos, les raparon la cabeza y la barba, les dijeron cuántas veces podían ir al baño y en qué posición dormir. Los obligaron a aprender mandarín y a olvidarse del uigur y del islam, su religión ancestral. Es decir, los encarcelaron sin cometer delito alguno. En este punto, el régimen ya no puede tapar el sol con las manos y los cables de China salpican hasta al presidente Xi Jinping. Según estos, con su ya conocida mano de hierro ordenó a los funcionarios que actuaran “absolutamente sin piedad” contra el separatismo en un discurso de 2014.

Estas fotos, sin embargo, son más cercanas a la realidad que las de supuestos colegios. Varias asociaciones de mujeres han denunciado la desaparición de sus hijos o esposos.  Sin que le temblara la voz, Xi no solo permitió la existencia de estos centros de tortura, persecución y lavado de cerebro, sino que los ha incentivado para sostener su retórica de un “país armónico, homogéneo y comunista”. Y, sobre todo, para mantener al margen, como ha hecho con el Tíbet y con Hong kong, a todas las regiones semiautónomas que no se identifican con ese discurso. Y es que la relación con los uigures ha sido históricamente difícil. Después de que la Dinastía Qing cayó en 1912, hubo varios intentos de sedición en esa zona de China, que sus habitantes llaman Turquestán Oriental. Pero Mao Zedong recuperó el control durante la revolución de 1949. Desde entonces, los grupos antigubernamentales, en su mayoría musulmanes, se han enfrentado con la fuerza pública china. Las tensiones llegaron a su límite en 2014, cuando un carro bomba mató a 31 personas en Urumqi, la capital. El mayor encarcelamiento masivo de una minoría étnica religiosa desde la Segunda Guerra Mundial. Xi justifica el uso de la fuerza contra los uigures en ese miedo al separatismo de las numerosas comunidades que viven en China pero no se identifican con el Partido ni con sus costumbres. Por eso habla de reprimir con fuerza y atacar “sin piedad” a quienes reclaman su autonomía. Por otro lado, algunos analistas insisten en que la región tiene un especial interés para el presidente, porque por allí pasa la Ruta de la Seda, un masivo proyecto de infraestructura y comercio con Europa y Asia.

Esta foto satelital sirvió de prueba de la existencia de estos campamentos con aspecto de cárcel. Así lo confirmó para SEMANA Michael C. Davis, aclamado profesor de derecho de la Universidad de Hong Kong y autor de varios libros sobre la historia política de China. “Desde Mao, el Partido Comunista chino ha tenido una visión expansionista. China insiste en que apoya la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero argumenta que ‘no siempre pueden aplicarse a China’. Eso quiere decir que, en la mayoría de casos, no cumple con los compromisos que se consignaron ahí.

La realidad es que a Xi Jinping le importa muy poco lo que piense la comunidad internacional y hará hasta lo imposible para que nada se interponga en su sueño de hacer de China un imperio. Está muy poco interesado en los derechos de las minorías y mucho menos en la libertad religiosa”, asegura el profesor Davis. Hasta ahora los medios hablan de un millón de uigures encarcelados y adoctrinados a la fuerza en esos campamentos. Sin embargo, por los testimonios de los exiliados, el número podría ser hasta cinco veces mayor. De ser cierto, implicaría que casi la mitad de la población mundial de uigures está detenida en algún “centro de reeducación” en Xinjiang. Quien quiera ser liberado debe renunciar a su religión y prometer fidelidad al Partido Comunista, informaron estos 17 medios.

Zhu Hailun era el director de la Comisión de asuntos políticos de Xinjiang y fue él quien ordenó la captura de un millón de uigures. Su firma está en casi todas las páginas de los cables chinos.  China, como ya había dicho SEMANA en ediciones anteriores, aumentó considerablemente su inversión en tecnología de la vigilancia desde que Xi Jinping tomó el poder indefinidamente. Esa tecnología le permite monitorear 24 horas al día y siete días a la semana a los prisioneros de Xinjiang. El Estado puede pedir muestras de ADN, escaneo del iris y huellas digitales a quienes quiera y sin ninguna razón en particular.

Los expertos afirman que probablemente no hay ningún otro lugar en el mundo en donde la práctica de espionaje esté tan extendida y normalizada. Aunque cada día, más gobiernos alrededor del globo compran estos “sistemas integrados de vigilancia chinos” para controlar a sus ciudadanos. De ahí el silencio de los países musulmanes y de la comunidad europea, que aunque “reprochan” la constante violación a los derechos humanos en China, hacen negocios con el régimen e incluso adoptan algunas de sus prácticas de control.