Perú aseguró el viernes que acatará cualquier decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) sobre si el expresidente Alberto Fujimori debe continuar en prisión, pese a una resolución judicial que permite su excarcelación.

“La decisión que (la Corte-IDH) tome será implementada por el Estado de la manera más pronta posible”, dijo el procurador Carlos Miguel Reaño, el abogado del Estado peruano.

“El Estado peruano reconoce el derecho de las víctimas que fueron afectadas en sus derechos humanos”, agregó durante una audiencia virtual de la Corte-IDH, con sede en San José.

En la sesión, familiares y abogados de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, perpetradas durante el gobierno de Fujimori (1990-2009), sustentaron un recurso para bloquear la liberación del mandatario, que podría ocurrir luego de una decisión del Tribunal Constitucional de Perú (TC) el 17 de marzo.

En aquella ocasión, el TC consideró procedente un hábeas corpus para restituir un indulto humanitario que el gobierno le concedió el expresidente Pedro Pablo Kuczynski en 2017 por su delicado estado de salud. El perdón fue anulado en octubre de 2018, cuando el Tribunal Supremo de Perú ordenó su captura amparándose en la resolución de la CIDH sobre las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

La decisión del Tribunal Constitucional de Perú de restablecer un indulto presidencial y poner en libertad Fujimori, generó fuertes reacciones. “Es un retroceso inaceptable en la lucha del país contra la impunidad por graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su gobierno”, advirtió la semana pasada un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron 25 víctimas, fueron señaladas como crímenes de lesa humanidad por perpetrarse mediante homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado, según sentencias de la Corte-IDH del 2001 y 2006.

El procurador Reaño reconoció la legitimidad de las resoluciones de la Corte-IDH por encima de decisiones como la del Tribunal Constitucional.

Dania Coz, miembro de la ONG peruana Comisión de Derechos Humanos (Comisedh), pidió a la Corte-IDH que “requiera al Estado peruano a que cese todo acto destinado a impedir indebidamente la ejecución de la sanción de Fujimori”.

Comisedh es una de las organizaciones que representan a los familiares de las víctimas. Considera que estos “no fueron informados ni escuchados” sobre la decisión del Tribunal Constitucional.

Gisela Ortiz, hermana de uno de los estudiantes asesinados de la universidad La Cantuta, pidió a la Corte-IDH que “garantice” su “derecho a la justicia”.

Una de las magistradas de la Corte-IDH indagó sobre el estado de salud de Fujimori, de 83 años, una variable considerada por el Tribunal para su indulto. Reaño dijo que enviarán un reporte en los próximos días.

Mientras dura la deliberación, cuyo plazo no se ha informado, la Corte-IDH pidió a Perú mantener a Fujimori en prisión.

El procurador peruano aseguró que todas las instancias penitenciarias y judiciales de su país están informadas sobre esta solicitud de la Corte, que debe ser acatada.

Fujimori fue detenido en Chile en 2005. Dos años después fue extraditado a Perú, donde ha recibido cinco condenas.

*Con información de AFP.