El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), organismo encargado de garantizar los procesos electorales en el Perú, declaró la vacancia del alcalde de Lima, Jorge Muñoz.
A ocho meses de terminar su mandato, Muñoz deberá entregar su cargo al teniente alcalde, Miguel Romero Sotelo. El proceso de vacancia empezó en 2021 y fue publicado, como primicia, por el medio de comunicación Epicentro, que también publicó los documentos de solicitud de la vacancia al alcalde.
Según muestran los documentos publicados por Epicentro, el proceso de vacancia contra Muñoz fue interpuesto por el ciudadano Carlos Hinostroza. El proceso estaba relacionado con la permanencia ilegal del entonces alcalde en la junta directiva del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima.
Muñoz habría cobrado cuatro dietas, o percepciones no laborales, en este organismo publico, a pesar de que ya ocupaba el cargo de alcalde y percibía un sueldo publico por esta labor.
Algunos expertos, consultados por el periódico peruano Gestión, afirman que Muñoz podría presentar una acción de amparo, similar a una tutela en Colombia, mediante la cual defender la violación de algunos de sus derechos durante el proceso.
Sin embargo, la decisión del JNE es inapelable y la acción de amparo podría demorarse más de un año, tiempo en el cual Muñoz ya habría cumplido su mandato constitucional.
Perú tendrá elecciones municipales y regionales en octubre de este año, por lo que lo más seguro es que el mandato revocado sea culminado por Romero Sotelo.
En entrevistas realizadas en el 2021, el saliente alcalde manifestó que el había devuelto las dietas que le habían dado y afirmó, además, que no había ningún conflicto de interés entre su permanencia en la junta directiva y su cargo como alcalde de la ciudad. Sumado a esto, y según recoge el diario Gestión, el alcalde dijo que este proceso se trataba de una persecución política en su contra liderada por grupos que querían desestabilizar su mandato.
Crisis política en Perú
Perú está pasando, desde hace unos años, por una grave crisis política e institucional. Expresidentes como Alberto Fujimori, en el año 2000, y Martín Vizcarra, en el 2020, fueron objeto de procesos de vacancia que resultaron en salidas de sus cargos.
El actual presidente, Pedro Castillo, en apenas un año de mandato, se ha enfrentado a amenazas y procesos de vacancia. Sin embargo, Castillo, a diferencia de sus predecesores, ha logrado salir invicto, que no ileso, de estas ofensivas desde el Congreso.
La crisis de gobernabilidad por la que atraviesa el actual presidente no tiene precedentes en el Perú. En un sondeo de opinión publica realizado hace unas semanas, la gestión de Castillo contaba con un 76 % de desaprobación entre la población del país. Esto quiere decir que tres de cada cuatro ciudadanos peruanos no aprueban la gestión de su presidente.
Las razones para esto son variadas. Castillo no ha logrado, en los meses de su presidencia, consolidar un gabinete de trabajo estable y seguro. Desde profundas diferencias ideológicas con las personas a su cargo, hasta denuncias por violencia intrafamiliar contra algunos de sus ministros, Castillo ha cambiado de gabinete varias veces.
Sumado a esto, los estragos de la pandemia, y ahora la crisis en Ucrania, han generado una grave crisis económica e inflacionaria en el Perú. Esta crisis, que también tiene escalas globales, ocasionó un aumento generalizado en el precio de los alimentos de la canasta básica.
El aumento de estos precios ha afectado, mayoritariamente, a las personas de las clases medias y bajas del Perú, que votaron en su mayoría por Castillo. El descontento ciudadano por esta situación se ha hecho sentir en las calles de Lima, donde cientos de manifestantes protestaron en contra del presidente.
La actual vacancia del alcalde de Lima muestra la grave crisis de inestabilidad institucional por la que atraviesa Perú.