El Gobierno peruano decretó este martes 10 de enero un toque de queda en la zona andina de Puno, en el sur, epicentro de violentas protestas contra la presidenta Dina Boluarte que han dejado 18 muertos desde el lunes, anunció el jefe de gabinete, Alberto Otárola.
“Se ha aprobado en el Consejo de ministros un decreto supremo que declara inmovilización social en Puno por el plazo de tres días, desde las 20 horas hasta las 4:00 de la mañana”, anunció ante el pleno del Congreso.
En desarrollo de las acciones para restablecer la normalidad, el Ministerio del Interior de ese país anunció que se han adelantado operativos para recuperar la normalidad.
Entre tanto, a través de redes sociales se conocieron imágenes de la acción de las autoridades que intentaban frenar las manifestaciones que arreciaron, pese a que el Gobierno ha hecho un llamado a la calma.
“La Policía de Perú detuvo a 40 personas que participaron en saqueos a un conocido supermercado. Se logró recuperar varios electrodomésticos y otros productos que fueron sustraídos por los detenidos, devolviéndolos al establecimiento para las investigaciones pertinentes”, señaló ese despacho en su cuenta en Twitter.
Entre tanto, la Defensoría del Pueblo de Perú informó que los enfrentamientos entre las fuerzas del orden y manifestantes dejaron 17 muertos en Juliaca, en el sur de Perú.
La cifra de muertes pasó de 12 a 17 tras el deceso de cinco de los cerca de 40 heridos registrados.
Las víctimas tenían en el cuerpo impactos de proyectil, indicó un responsable sanitario del hospital Carlos Monge, adonde fueron trasladadas, en declaraciones al canal N de televisión.
“Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, les pido calma, no se expongan”, indicó el alcalde de Juliaca, Óscar Cáceres, en un llamado desesperado a la población a través de la radio La Decana de esa localidad.
Con el nuevo balance, los fallecidos durante las manifestaciones antigubernamentales ascienden a 40 en casi un mes de protestas.
La Defensoría señaló que, “ante el anuncio de movilizaciones para el día de hoy, reiteramos a la Policía de Perú actuar acorde a los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad del uso de la fuerza y a la ciudadanía ejercer su derecho a la protesta de manera pacífica”.
Fiscalía anuncia investigación
Entre tanto, la Fiscalía de Perú anunció la apertura de una nueva investigación a la presidenta Dina Boluarte por la muerte de manifestantes en Juliaca.
“Ya hay una investigación abierta de diligencias preliminares correspondientes a los hechos ocurridos en diciembre. Y, el día de hoy, estamos tomando la decisión de abrir una nueva carpeta fiscal”, anunció la titular de ese despacho, Patricia Benavides.
En declaraciones desde Trujillo, señaló que el Ministerio Público no permitirá que “ninguna muerte quede impune”, tras destacar las sanciones contra “los altos funcionarios que resulten responsables de todo lo que está ocurriendo”.
Sin embargo, Benavides se abstuvo de aclarar cuáles son los delitos que se le imputan a la jefa de Estado, tras indicar que así lo hará saber ese organismo en los comunicados cuando corresponda, según recoge la emisora de radio peruana RPP.
Entre las principales demandas de los manifestantes destaca la dimisión de Boluarte, hasta entonces ‘número dos’ de Castillo, como presidenta del país y la convocatoria de nuevas elecciones.
Preocupación de la ONU
Por su parte, la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, Marta Hurtado, mostró su preocupación este martes por la violencia durante las protestas en Perú, que a nivel general ha dejado 40 muertos y 518 heridos desde el pasado 7 de diciembre.
“Instamos a las autoridades a que lleven a cabo investigaciones inmediatas, imparciales y efectivas sobre las muertes, así como las lesiones; responsabilicen a los culpables, y garanticen que las víctimas tengan acceso a justicia y reparación”, expresó en un comunicado.
Asimismo, Hurtado les pidió a los manifestantes moderación mientras ejercen su derecho fundamental a la reunión pacífica, a la par que ha hecho un llamamiento a las fuerzas de seguridad para que cumplan los estándares de Derechos Humanos sobre el exceso de la fuerza.
“Tomamos nota de que el Gobierno haya enviado una misión de alto nivel a Puno y haya convocado una plataforma de diálogo nacional. Es esencial que cualquier negociación sea significativa, con la participación de todas las partes interesadas”, enfatizó.
* Con información de AFP y Europa Press