La presidenta de Perú, Dina Boluarte, rechazó las conclusiones del informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que ha establecido que se cometieron “graves violaciones” de los Derechos Humanos durante las protestas contra la presidenta en diciembre de 2022.
Boluarte afirmó que en Perú son “respetuosos de las libertades fundamentales incluida la protesta pacífica que está consagrada en nuestra Constitución”, reiterando que el Estado valora y se adhiere a los compromisos internacionales en materia de Derechos Humanos.
En dicho informe, afirmó durante una rueda de prensa que hay cuestionamientos “que no compartimos, pero respetamos”. “Rechazamos la supuesta existencia de ejecuciones extrajudiciales y la calificación de masacre, aun cuando se mencione de manera condicional en los hechos ocurridos durante las protestas”, añadió.
Además, destacó que la CIDH reconoció que el Estado “tiene un marco legal que protege el derecho a la protesta y regula el uso excepcional de la fuerza con estándares internacionales”.
También señaló que las recomendaciones que propone la CIDH –que se pongan en marcha los mecanismos necesarios para investigar estos hechos y compensar de manera completa a las víctimas– son medidas que ya ha puesto en marcha su Gobierno.
“Se creó una Comisión multisectorial que tiene a su cargo la atención integral de los deudos y heridos que sufrieron heridas de gravedad”, sentenció Boluarte.
El informe de la CIDH analizó los episodios de violencia y represión policial que se cometieron durante las protestas que tuvieron lugar entre el 7 de diciembre –el mismo día en el que el expresidente Pedro Castillo fue destituido y apresado– y el 23 de enero, especialmente en las ciudades de Ayacucho y Puno.
La represión de las movilizaciones dejó cerca de 60 personas muertas, entre ellas un policía, casi mil heridos y decenas de detenidos.
Crisis en la frontera: Perú anunció que expulsará a los migrantes irregulares en su territorio
La crisis en la frontera sur de Perú sigue tensionando las relaciones diplomáticas del país latinoamericano, y luego de que esto fuera negado por la Cancillería, este miércoles 3 de mayo se dieron nuevas instrucciones para tratar la situación problemática, misma a la que Boluarte señala de provocar mayor inseguridad en su nación.
En este panorama, el primer ministro de Perú, Alberto Otálora, anunció que las autoridades nacionales expulsarán a los migrantes en situación irregular con el objetivo de aumentar la seguridad en el país y “enfrentar la ola de violencia”.
Otárola reconoció en su perfil de Twitter que si bien hay “extranjeros que trabajan honradamente”, Perú también ha perdido compatriotas “a manos de extranjeros”. “Por ellos tomamos el toro por las astas”, manifestó.
El primer ministro aprovechó para recordar que cuatro ciudadanos peruanos fueron recientemente asesinados a manos de migrantes. “Todos estos crímenes fueron de execrable violencia y saña criminal, como nunca antes se han visto en el país”, lamentó.
“Todos somos migrantes y por eso les recalco: nuestra política no es contra un grupo, es una medida para proteger a Perú y enfrentar la ola de violencia”, agregó el primer ministro peruano, y replicó que el Gobierno “no puede permitir que una familia más vuelva a enlutarse por crímenes como estos”.
Perú enfrenta en las últimas semanas una tensa situación migratoria que ha llevado incluso a las autoridades a reforzar el contingente de seguridad en la frontera con Chile, país vecino con el que ha intercambiado críticas también por este mismo asunto.
Perú y Chile convocan embajadores
Fue justamente luego de la militarización de las fronteras peruanas que la subsecretaria del Ministerio de Exteriores de Chile, Gloria de la Fuente, convocó al embajador de Perú en su país para expresar su descontento con unas polémicas declaraciones de un alcalde peruano, en el marco de la crisis migratoria que atraviesan ambos países.
Se trata del alcalde de la ciudad peruana de Tacna, en la frontera con Chile, quien habló en una entrevista con la cadena CNN Chile sobre la oleada de migrantes que tratan de cruzar a Perú por su frontera sur, alegando que “no podemos permitir que un innombrable e irresponsable como su presidente (el chileno Gabriel Boric) esté trasladando los problemas a la frontera, esto no lo debemos permitir”.
Tras estas declaraciones, Chile envió rápidamente un comunicado en el que explica que ha convocado al embajador peruano:
“La subsecretaria junto con expresar la molestia por las desafortunadas declaraciones del alcalde, resaltó la disposición permanente del Gobierno de Chile por trabajar mancomunadamente en aras de buscar una solución a la crisis migratoria que actualmente afecta, principalmente, a las ciudades de Arica y Tacna (ciudades chilenas y peruanas, respectivamente), reiterando la voluntad de seguir trabajando, en un marco de respeto, por el fortalecimiento de vínculos permanentes de amistad y cooperación entre ambos pueblos hermanos”.
Poco después, el Ministerio de Exteriores de Perú informó que también ha convocado al embajador chileno para “expresarle su protesta por la falta de colaboración mostrada por las autoridades policiales chilenas” en la frontera en los últimos días, convirtiendo la situación en una disputa entre ambas nacionales por el temor a la ola de migrantes.
*Con información de Europa Press.