A la posesión de Gustavo Petro, Pedro Castillo no pudo asistir por su larga lista de líos con la justicia a la que ahora se le suma una más. Epicentro TV reveló en exclusiva el documento que lo acusa de “traición a la patria” y que pide inhabilitarlo de la presidencia por cinco años. Se trata de un informe final de 89 páginas que fue presentado por un grupo de congresistas en un proceso que se adelanta contra él en el parlamento.
El proceso tiene que ver con unas declaraciones que hizo Castillo a un medio de comunicación. Según el texto, el primer mandatario allí “manifestó como representante de todos los peruanos que preguntaría a los peruanos (sic), sobre la salida al mar de Bolivia, lo que no encarna el deseo de la Nación, sin tener en cuenta que el territorio nacional es inalienable e inviolable, declaración que vulneraría mandatos constitucionales, como los denunciados y analizados, poniendo en riesgo la integridad y soberanía territorial del Estado, pese a estar obligado a protegerlo y hacerlo respetar”.
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La investigación se suma a otras que tienen ya a Castillo sobre las cuerdas. De hecho, el jueves de la semana pasada, Castillo acudió a la fiscalía para defenderse en los casos de presunta corrupción por los que es investigado, pero se negó a responder al interrogatorio ejerciendo su derecho a guardar silencio.
“Le he dicho a la fiscal que no formo parte de ninguna red criminal, voy a demostrar mi inocencia”, dijo Castillo a los periodistas tras concluir la diligencia que duró una hora. “A nadie he robado, a nadie he matado, acá me ha puesto el pueblo y voy a responder siempre por el pueblo”, agregó, tras retornar a la sede del Ejecutivo.
“Eso he respondido a la fiscalía”, acotó Castillo, quien enfrenta un récord de cinco investigaciones fiscales por presunta corrupción, una situación inédita en Perú para un mandatario en ejercicio. “Niego cualquier intento de obstrucción a la justicia, por el contrario, me reafirmo en colaborar siempre con las investigaciones que se requieran”, indicó en Twitter el mandatario.
Su abogado Benji Espinoza precisó que el presidente hizo una declaración general ante la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides, pero luego le comunicó que ejercería su derecho a no responder preguntas. “Por este momento, va a ejercer su derecho constitucional a guardar silencio”, aclaró el letrado en rueda de prensa.
La estrategia legal será asistir a las próximas citaciones, pero no responder preguntas, según la defensa. Castillo acudió a la citación sorpresivamente luego de que el miércoles su defensa anunciara que no iría, cuestionando la imparcialidad de la fiscalía.
La causa por la que Castillo acudió este jueves es sobre ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, donde se investiga una denuncia de pagos a cambio de promociones. La fiscalía tiene en la mira al mandatario izquierdista, en el poder desde hace 12 meses, por presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada por causas que involucran a su entorno político y familiar.
A diferencia de la primera vez en que Castillo declaró por cuatro horas el 27 de junio, esta vez la presidencia estrenó una nueva estrategia y optó por callar. El cambio ha sido notorio a partir de la entrega a la justicia, hace una semana, del exsecretario de la presidencia de Perú, Bruno Pacheco, uno de los hombres más buscados de Perú.
Pacheco se entregó tras permanecer prófugo más de 100 días y, según la prensa local, sus primeros testimonios a la fiscalía salpican al presidente peruano. La legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder, pero no avanzar en las indagaciones en su contra, sostiene la fiscalía. El mandato de Castillo, un exmaestro rural de 52 años, culmina en julio de 2026. Apenas un año después de posesionarse ya tiene el sol a sus espaldas.