El Gobierno peruano confirmó este jueves que serán dos meses el lapso de vigencia del estado de emergencia y la militarización fronteriza, para reforzar los controles ante la llegada de migrantes, en su mayoría procedentes de Chile. El anuncio se hizo la jornada anterior y el Ejecutivo de Dina Boluarte detalló que la medida, además, incluirá restricción de derechos como la libertad de tránsito y reunión en los cruces con Chile, Brasil, Bolivia, Colombia y Ecuador.
“Declarar por el término de sesenta días calendario el estado de emergencia (...) para el restablecimiento del orden interno”, destaca la norma difundida en la gaceta oficial.
Las Fuerzas Armadas estarán presentes en las tareas de control interno, de acuerdo con la disposición. Según Boluarte, el estado de emergencia busca ayudar a combatir la inseguridad y apeló a informes de prensa para sostener que “quienes cometen a diario asaltos, robos y demás actos delincuenciales son extranjeros”.
“Por eso tenemos (que) hablar casi al unísono de migraciones con inseguridad ciudadana”, dijo. De momento no se percibe movimiento de tropas, principalmente en el paso fronterizo entre Perú y Chile, punto de concentración de haitianos, venezolanos y ciudadanos de otras nacionalidades que abandonaron ese último país por la agudización de las normativas migratorias.
Amnistía para regularizar el estatus
Perú les impide el paso por la falta de un pasaporte sellado y visa vigente. Varios migrantes entrevistados por la AFP coincidieron que su propósito solamente es atravesar suelo peruano para llegar a sus naciones de origen.
Al tiempo que militarizó las fronteras, el Gobierno estableció una amnistía de multas por seis meses a los extranjeros que siguen de forma irregular en la nación; de manera que ‘aprovechen’ ese lapso para poner ‘en regla’ sus documentos.
La oficina de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) calcula que esa última disposición facilitará “que 100.000 personas refugiadas y migrantes en el país puedan regularizarse y actualizar sus datos”.
EE. UU. abrirá oficinas de migrantes
Estados Unidos anunció la apertura de oficinas para preseleccionar a los migrantes que busquen ingresar, una vez expire la normativa que permite expulsar a aquellos que atraviesan la frontera con México en busca del ‘sueño americano’, pero sin la documentación legal para su acceso. El gobierno de Joe Biden teme que aumenten los solicitantes de asilo cuando el 11 de mayo quede sin efecto lo que se conoce como Título 42.
Donald Trump y los republicanos en general acusan al mandatario estadounidense de fracasar en la gestión de lo que aseguran es una “crisis migratoria” en la frontera con México.
Cifras oficiales situaron en más de 160.000 las personas que buscaron entrar el mes pasado. Así las cosas, el Departamento de Estado precisó que Washington abrirá “centros regionales de procesamiento” en toda América Latina “para facilitar el acceso a vías legales” de entrada.
En principio será en Guatemala y Colombia, naciones a las que el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, valoró “su papel como excelentes socios de Estados Unidos en estos esfuerzos”, durante una conferencia de prensa en la que también participó el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
Se evaluará si los migrantes “son elegibles” para obtener el estatus de refugiado, la reunificación familiar, una autorización de permanencia temporal o un permiso de trabajo.
Joe Biden tiene el respaldo de países como España y Canadá, lugares que, según Washington, tendrán en cuenta referencias de estos centros para que los migrantes puedan acceder a sus programas.
*Con información de la AFP.