El Gobierno de Perú anunció la prórroga durante 30 días del estado de emergencia en las principales carreteras nacionales ante el anuncio de protestas antigubernamentales.

El primer ministro peruano, Alberto Otárola, indicó que la medida tiene como objetivo garantizar la libre circulación durante la próxima semana, pese a que se han convocado marchas para el próximo miércoles.

Otárola ha precisado que la medida afectará al Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa y al Corredor Vial Interoceánica Sur, según recoge la emisora andina RPP.

Además, el jefe de Gobierno llamó a que las protestas sociales no deben afectar los bienes públicos ni las personas, al tiempo que señaló que se está trabajando en garantizar la integridad tanto de quienes asistan a las marchas como los que no.

Por su parte, el ministro del Interior, Vicente Romero, dijo que la Policía Nacional está tomando medidas para evitar que la tercera ‘Toma de Lima’ “llegue a mayores”.

“No hay evidencia de una participación masiva. Por eso, con 8.000 efectivos vamos a garantizar que, si hay alguna marcha, esta se desarrolle dentro de la seguridad, con la libertad de expresión y libertad de reunión pacífica”, explicó Romero.

8.000 efectivos de la Policía acompañarán la manifestación. | Foto: 2023 Anadolu Agency

Sectores opositores a la presidenta Dina Boluarte convocaron para el 19 de julio una nueva ‘Toma de Lima’ como las ya celebradas en diciembre de 2022 y en enero de 2023, pocas semanas después de la destitución y detención del expresidente Pedro Castillo.

Tras el ascenso de Boluarte a la Presidencia, sectores sociales afines a Castillo han salido a las calles para protagonizar una serie de protestas que se han prolongado durante semanas, exigiendo la salida de la mandataria y la convocatoria de nuevas elecciones.

Los manifestantes participan en una protesta para exigir la renuncia de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, en Lima, Perú, el 28 de enero de 2023. | Foto: REUTERS

Dina Boluarte dice que seguirá en el poder hasta julio de 2026

Vale recordar que, en junio, la presidenta Dina Boluarte descartó llamar a elecciones anticipadas en Perú, ante las constantes convocatorias a protestas de la oposición para exigir su renuncia.

“El tema de adelanto de elecciones está cerrado, nosotros seguiremos trabajando de manera responsable y de acuerdo a la Constitución hasta julio de 2026″, dijo Boluarte.

La mandataria, que sustituyó en diciembre al encarcelado Pedro Castillo, salió al paso de los movimientos opositores que planean en los próximos días marchar hacia Lima desde provincias del sur andino.

Dina Boluarte, actual presidenta de Perú. | Foto: 2022 Anadolu Agency

Los organizadores, entre ellos la Federación Departamental de Trabajadores de Arequipa, preparan la “tercera toma de Lima”, en alusión a dos marchas de protesta realizadas en los primeros meses del año en las que exigieron la salida de Boluarte y nuevas elecciones.

La presidenta peruana presentó a inicios de año al Congreso, controlado por la derecha, dos proyectos para adelantar las elecciones a 2024 (abril y diciembre) pero ambos fueron rechazados por falta de consenso.

Boluarte exhortó a deponer la medida para evitar muertes. “Llamo a estas personas que están anunciando la tercera toma de Lima, ¿cuántas muertes más quieren? (...)”.

La represión del Gobierno peruano desde que Boluarte asumió la presidencia en diciembre pasado ha dejado 50 muertos, de los cuales una veintena son por impactos de bala disparados por las fuerzas militares, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Boluarte era vicepresidenta de Perú hasta que asumió el poder el 7 de diciembre tras la destitución del izquierdista Pedro Castillo por su frustrado intento de disolver el Congreso, gobernar por decretos y convocar a una Asamblea Constituyente.

Pedro Castillo, expresidente de Perú. | Foto: © 2022 Bloomberg Finance LP

Castillo cumple prisión preventiva en Lima, a la espera de que la justicia decida su eventual llamado a juicio.

En enero, la Fiscalía abrió una investigación sobre la gestión de la presidenta Boluarte y de otros altos funcionarios por los presuntos delitos de “genocidio, homicidio calificado y lesiones graves”. Sin embargo, la mandataria tiene inmunidad hasta que finalice su mandato, en julio de 2026.

*Con información de Europa Press y AFP.