Cuando los españoles creían haberlo padecido todo a consecuencia de la crisis más grave de su vida moderna, los casos de corrupción al más alto nivel, incluida la Casa Real, los deja peor de lo que estaban. El panorama es cada vez más oscuro. Un chiste callejero que se hizo famoso en España durante el intento de golpe de Estado de 1981 reflota hoy en la memoria: “Nuestro pueblo está dividido en dos, los que se inclinan por el apaga… y los partidarios del y vámonos”. Pero hoy nadie se ríe. Mucho menos los 390.206 hombres y mujeres de 25 a 35 años que entre 2008 y finales de 2012, profesionales casi todos, se han marchado para destinos tan diversos como Alemania o Guatemala, en busca de trabajo y de una nueva vida. Todos dejan atrás un país que vive la peor crisis económica de su historia reciente y que ahora se sume en la desilusión por cuenta de una nueva pesadilla: la serie de escándalos de corrupción de tales proporciones, que el desempleo del 26 por ciento está relegado a un segundo plano. Hasta hace tres meses, a los españoles ya les parecía que todas las plagas les habían llegado juntas. Como dice el periodista Miguel Ángel Bastenier, “España sufrió un ataque de riqueza y ahora está en la lista de los pobres”. Al fin y al cabo, a mediados de la década pasada su renta per cápita se acercaba a la de Francia, mientras ahora las condiciones de ingreso son similares a las de Grecia. A eso se sumaba la falta masiva de trabajo, los desahucios por millares y las odiosas políticas económicas y sociales impuestas por organismos multilaterales y por los vecinos poderosos (léase Alemania). La copa parecía llena, pero aún faltaba el puntillazo, el de la corrupción, que, para comenzar, envuelve al partido del presidente del gobierno, Mariano Rajoy, y a una clase política desprestigiada y no menos repudiada. Y, como si fuera poco, mucho menos escapa a esa vorágine la Casa Real, a la que se le ve cada vez menos en las páginas de la revista Hola y mucho más en las secciones judiciales de los diarios y, lo peor, en los tribunales. Y eso no es todo. Está claro que del sector privado también surgieron asaltantes de camino que hicieron de la bonanza una fiesta de irregularidades que los españoles tardarán en pagar. Al desgranar cada uno de los sectores incursos en las denuncias de corrupción, resulta difícil saber quién se lleva el vergonzoso primer puesto. En el caso del Partido Popular, que llegó al poder apenas hace 12 meses, muchos notables asoman en una presunta contabilidad hecha a mano por el hombre más citado hoy por hoy en España, el extesorero de la colectividad, Luis Bárcenas. De ahí, aparte de 22 millones de euros que el hombre guarda en un banco suizo, aparecen favorecidos con sobresueldos el propio Rajoy y buena parte de la plana mayor del PP. Un examen grafológico ya dio la primera puntada de que los documentos (publicados por El País) pueden ser ciertos. Pero aún falta para llegar a la verdad. La presunción de inocencia de los protagonistas vale solo en los tribunales. En la calle es otra cosa, porque el costo político no da tantas largas, más aún cuando ya se sabe que el PP no solo dejó que el extesorero se enriqueciera sin rubor, sino que se le pagó una especie de prima de retiro y, aparte, lo mantuvo afiliado a la seguridad social, hasta diciembre pasado. Pero el lío de Bárcenas tiene otra pata aún más incómoda, que nace de la llamada trama Gürtel (correa en alemán, apellido del empresario Francisco Correa, quien armó el negocio) una trama de repartijas que ha renacido en estos días y que corresponde a un negocio millonario (el caso no ha sido fallado todavía, pero la Justicia tiene cada día más evidencias) en que el sector privado y gobernantes locales, siempre del PP, se aliaron para enriquecerse en las vacas gordas. Se trata de decenas de adjudicaciones de contratos casi siempre de bajo monto para poder otorgarlos a dedo. En una primera vuelta de la investigación del caso Gürtel, Bárcenas apareció vinculado, aunque por tema procedimental pudo zafarse. Ahora la trama toca directamente supuestos negocios turbios en el corazón del gobierno. La ministra de Sanidad, Ana Mato, allegada a Rajoy, es señalada de recibir favores bajo la mesa, a través de Jesús Sepúlveda, su exesposo, que la dejan muy mal parada. Ella ha dicho que no renuncia, mientras Rajoy la apoya y no desaprovecha oportunidad en público para darle valor. Sin embargo, su situación es insostenible y todo apunta a que, al igual que con Bárcenas, más temprano que tarde el presidente del gobierno tendrá que tomar medidas, que serán calificadas de tardías. Rajoy se defiende Lo grave del asunto es que, con tantos frentes, al gobierno le va quedando menos margen de maniobra. Aunque tampoco se puede decir que su situación sea insostenible o que España esté a las puertas de convocar elecciones. Rajoy se ha defendido con varias armas. Una, desviando el tema hacia la crisis. Lo hizo la semana pasada en el debate del estado de la nación. Anunció reformas económicas que ya estaban incluidas en el programa de gobierno y presentó un plan para brindar miniempleos a los jóvenes y dijo que “hay vida después de la crisis”. Todas las iniciativas pasarán gracias a sus mayorías en el Congreso. Su segundo recurso es obviar el problema. Aunque Rajoy cita a la corrupción, no menciona a Bárcenas ni al caso Gürtel. Y por último, atribuye lo que pasa a un complot del PSOE. “Aquí lo que se quiere es sustituir a Mariano Rajoy” es su frase de batalla. La estrategia ha funcionado a medias. El PP ya paga el escándalo con una división. Suenan voces como la de la exalcaldesa de Madrid Esperanza Aguirre que claman por la renuncia de Mato. En cuanto a los señalamientos al PSOE, caen al vacío por la contundencia de los indicios y porque los socialistas nada representan tras el desastroso gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. El gobierno no solo se juega su credibilidad en la política, sino en la calle. Como dice el columnista Josep Ramoneda: “(Rajoy) no tiene oposición delante, pero tiene enfrente a la ciudadanía”. Y todo indica que esta ciudadanía que dice mirar “con asco” lo que sucede, espera el momento para pronunciarse. Un estudio de Metroscopia indica que tres de cada cuatro españoles piensa que el país está al borde del estallido social. ¿Qué ocurrirá? Nadie se aventura a pronosticarlo. Aunque está claro, dicen los analistas, que el bipartidismo (PSOE – PP) ha colapsado tras 30 años de alternarse en el poder y los partidos están obligados a reformarse para no ser ser relegados por otras formaciones como Izquierda Unida. Eso sí, a diferencia de Italia, en España no asoma, por ahora, un populista como Berlusconi, que salga a pescar en río revuelto. Y en la Casa Real Pero si por la Moncloa cae una tormenta, en la Casa Real asoma un tsunami. Cuando hace unos días se supo que el rey Juan Carlos deberá pasar al quirófano por séptima vez en los últimos dos años y medio –para tratar una hernia discal que lo hace ver disminuido– la sabiduría popular dice que lo que le duele al monarca es su yerno, Iñaki Urdangarin, ese hombre que hace sonrojar a los pocos monárquicos que aún quedan en España. Urdangarin montó un negocio con el antifaz de proyecto social (Fundación Nóos) desde la que cobró montones en asesorías como ayudar a que los Olímpicos de 2016 se hicieran en Madrid (fracasó) y procuró obtener cargos en otras fundaciones, apalancado en su condición de duque de Palma de Mallorca, que alcanzó tras su matrimonio con la infanta Cristina. En principio, las denuncias estuvieron centradas en el exjugador de balonmano, pero la mancha ha ido extendiéndose a la infanta. Ahora el propio rey comienza a figurar a medida que se desenrolla la madeja. Así lo dejan ver los correos que su yerno se cruzaba con su exsocio, un tal Diego Torres, quien, aparte de romper con la sociedad también lo hizo con los códigos secretos. “A ver si mañana hablamos porque es importante. SM (Su Majestad) me ha comentado un posible patrocinador y, al irme el domingo, quiero dejarlo en tus manos bien atado”, le dice Urdangarin a Torres en 2007. Podría ser un simple alarde, pero no es el único mensaje. Hay muchos como ese y algunos dirigidos a una persona a la que, obligatoriamente, Urdangarin llegó por influencia del monarca, la aristócrata alemana Corinna zu Sayn-Wittgenstein, muy amiga de Juan Carlos. Ella, Corinna, recibe de Urdangarin esto: “Te agradezco el tiempo fabuloso que pasamos en Londres. Te mando el curriculum, como te comentó su majestad, Juan Carlos I, rey de España. Espero recibir noticias pronto”. Esas noticias tenían que ver con la posibilidad de que el exdeportista se convirtiera en presidente de la Fundación Laureus en España. Ella le responde que hay interés en vincularlo para así “atraer patrocinadores y atletas españoles a la organización”. Y le promete negociar su salario. “Haré lo que pueda para obtener tanto como sea posible”. Y, la verdad, no lo hace mal: propone 200.000 euros, “con un variable de 50.000 más”. La despedida es tema aparte: “Con mucho amor, Corinna”. Todo indica que se trata de un típico tráfico de influencias. Solo que Urdangarin y Torres son investigados por malversación de dineros públicos, prevaricato, fraude a la administración, falsedad documental y mercantil, delito fiscal y tráfico de influencias. La fianza que les pusieron (8 millones de euros) indica el alcance del tipo de negocios de la pareja, ahora disociada. ¿Cuánto sabían la infanta y el propio rey sobre lo que hacía el duque? Será muy difícil llegar allá, pues la Monarquía tiene su blindaje. Sin embargo, como en el caso de Rajoy, otro es el costo en las calles. Por primera vez en 80 años, desde tiempos de Alfonso XIII, una palabra prohibida ha salido: abdicación. Algunos articulistas la han pedido al rey que dé un paso al costado y ahora el Partido Socialista de Cataluña lo hace. Un sondeo del Huffington Post en español arrojaba en la tarde del miércoles un nueve a uno a favor de que Juan Carlos se vaya. El rey no es destituible, pero eso no quiere decir que la figura de la Monarquía sea intocable ni mucho menos, como precisó a SEMANA Juan José Solozábal, catedrático de Derecho Constitucional. Lo que está en juego no solo es la forma como Juan Carlos termine figurando en la historia (de actor importante, hay quienes dicen que decisivo, en la transición a la democracia), también lo está algo más gordo: la supervivencia de la Monarquía. Por eso, para varios analistas y para los propios socialistas de Cataluña, el príncipe Felipe de Asturias emerge como la salida ideal para lo que llaman “una segunda transición”. De todos esos interrogantes hay solo uno que se resuelve a medias: España no será la misma después de la crisis. De hecho, ya no lo es: la Comisión Europea ha lanzado una alerta de tormenta a España: “ese (el caso Bárcenas) es solo el último de una serie de casos de corrupción de perfil alto, incluyendo uno contra el yerno del rey Juan Carlos. Como consecuencia, los españoles han perdido la confianza en su clase política”, dijo en un comunicado. Y va más allá cuando asegura que “los inversores internacionales están siguiendo estrechamente esta situación”. El descrédito se ha extendido a Estados Unidos, que, a través de su embajador en Madrid, dejó ver una enorme preocupación. El futuro ¿Qué viene? Aparte de mucha tinta en los medios y café en los bares, esta es una prueba de fuego para la institucionalidad. Y los llamados a responder son el gobierno, los partidos, la Casa Real y la Justicia. El gobierno de Rajoy sabe que debe facilitar las investigaciones para aclarar los bochornosos hechos que lo vinculan a las cuentas de Bárcenas y al mismo tiempo tratar de ganarle la partida a la crisis. Para el presidente del gobierno, los escándalos surgieron en el peor momento porque, si bien no se ven luces en el horizonte desde las cifras del desempleo, sus críticos reconocen que, de cara a las exigencias de los acreedores de su gigantesca deuda, las cosas comienzan a enderezarse, muy lentamente. Rajoy, es cierto, ya consiguió reducir en algo el déficit exterior, disminuir el déficit público e impedir, o al menos postergar, el temido rescate. Todo ello significaría recuperar poco a poco la confianza. Sin embargo, si la corrupción no se castiga, esa confianza desaparecería y haría saltar en pedazos buena parte lo conseguido. Y si bien el presidente del gobierno tiene las mayorías para seguir, la propuesta que se abre paso es la de un gran acuerdo nacional que permita avanzar en la recuperación y la transparencia. En el debate sobre el estado de la nación, Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba, el jefe de la oposición, midieron fuerzas y se sacaron los trapos al sol. Hubo ataques y reparos, pero también señales de que no hay otra alternativa que trabajar juntos, aunque no será revueltos. Una muestra de ese nuevo espíritu podría ser el desmonte del Tribunal de Cuentas. Desde allí se fiscaliza el manejo del dinero público y las finanzas de los partidos. Ambos lo monopolizan a punta de recomendados: el ratón cuidando el queso. Eso sí, la salida a la actual pesadilla debe pasar por la gente. En ese caso, se trata de sacar de la pobreza a millones con medidas más contundentes que las actuales, que, como dice el presidente del Banco Central Europeo Mario Draghi, “aún no calan en la sociedad” y no tienen un efecto visible en la cotidianidad. No será fácil ni inmediato. Los españoles tienen en contra los peores indicadores de su historia y los pronósticos no auspician nada bueno. Una consulta de la fundación de las cajas de ahorro entre especialistas arrojó que en 2013 la economía retrocederá un 1,5 por ciento del PIB, y que el crecimiento estará entre menos 1 y menos 2, frente al menos 0,5 en que confía el equipo de Rajoy. Los tres primeros trimestres serán malos, con algún mejoramiento en el cuarto, que quién sabe si coincida con el repunte tan esperado. Eso sí, el empleo seguirá en cuidados intensivos. Está claro que el presente y el futuro del viejo continente, y de buena parte del primer mundo, no son viables sin España. Quizás a lo mejor sin Grecia, pero no sin España. Eso sí, con una condición innegociable: que la confianza vuelva a ocupar el lugar que los ‘chorizos’ se tomaron a sus anchas. ‘Chorizos’ de cuello blanco. Unos, mediante el uso y abuso del poder; y otros, con sus títulos nobiliarios. Solo así, Rajoy podrá decir entonces con autoridad que hay vida después de la crisis.