Tres grupos opositores de Bolivia pidieron el viernes al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que quite la personería jurídica al partido de gobierno, por la supuesta recepción de fondos de un argentino sospechoso de narcotráfico.
Los partidos Comunidad Ciudadana y Creemos, y el conglomerado civil Conade, solicitaron por separado al TSE que abra una investigación de oficio y prive de su estatuto legal al Movimiento al Socialismo (MAS), que dirige el expresidente Evo Morales.
Senadores y diputados de Creemos, liderado por el gobernador de derecha de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, remitieron una nota al TSE “para que de inmediato inicie una investigación de oficio”.
También solicitaron que proceda “a la cancelación de la personería jurídica de la organización política MAS”.
La base de las acusaciones es una denuncia esta semana del diputado oficialista Rolando Cuéllar, cercano al presidente Luis Arce pero enconado crítico de Morales. Cuéllar afirmó que el vicepresidente del MAS, Gerardo García, envió en enero de 2017 una nota de agradecimiento a “Miguel Ángel Salazar Yavi” por “sus grandes contribuciones económicas” desde 2014.
Según el diputado, “Miguel Ángel Salazar Yavi” era en realidad el argentino José Miguel Farfán, quien fue detenido en Bolivia en 2019 y entregado a su país, donde era buscado por tráfico de droga.
La denuncia de Cuéllar implica que el MAS “habría recibido financiamiento con recursos de ‘origen ilícito’”, según los opositores. El MAS lo negó.
Por separado, legisladores de Comunidad Ciudadana, partido liderado por el exmandatario centrista Carlos Mesa (2003-2005), demandaron una investigación y que “se proceda a la cancelación jurídica del partido de gobierno”.
“No se puede recibir financiamiento de recursos ilícitos”, afirmó la diputada Luisa Nayar.
“Cómo es posible que una organización política haya recibido recursos del narcotráfico”, expresó el líder de Conade, Manuel Morales, quien pidió al TSE “la apertura de una urgente investigación”.
El Conade (Comité Nacional de Defensa de la Democracia) promovió la renuncia de Evo Morales en 2019.
El congresista del MAS Juanito Ángulo negó las afirmaciones de Cuéllar. “Rechazamos contundentemente esa manifestación del señor Cuéllar que hubiéramos recibido financiamiento de alguna persona ligada al narcotráfico”, dijo.
En el oficialismo hay una fuerte pugna interna por espacios de poder en la administración pública. Tras recibir las denuncias, el TSE debe decidir si abre o no una investigación. Por ahora no emitió ningún comentario.
Bolivia critica a Bolsonaro por ofrecer asilo a expresidenta en Brasil
El Gobierno de Bolivia rechazó este martes la propuesta del presidente brasileño Jair Bolsonaro de otorgar asilo político a la que fuera su par de Bolivia Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión por tomar el mando irregularmente tras la renuncia de Evo Morales en 2019.
“Lamentamos las desafortunadas declaraciones (...), que son absolutamente impertinentes; hacen una inapropiada injerencia en asuntos internos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta. “Bajo ningún concepto se puede aceptar la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana”, añadió.
Además, Mayta defendió la condena e informó que Bolivia presentará un “reclamo diplomático” al país vecino. Bolsonaro había dicho el domingo que haría “lo que fuera posible” para que Áñez vaya a Brasil “si el Gobierno de Bolivia acepta” y que la exmandataria (2019-2020) está “presa injustamente”.
Áñez, que se define como presa política, agradeció a Bolsonaro en Twitter desde el penal de La Paz donde se encuentra recluida, pero aseveró que “no se fue ni se irá del país”.
La justicia considera que Áñez, de derecha, alcanzó la Presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia del izquierdista Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA). La condena contra la expresidenta fue rechazada por la oposición, Estados Unidos y la Unión Europea.
*Con información de la AFP.