Salvador, capital de Bahía, y su expansiva región metropolitana han sido testigos de una escalada alarmante en la violencia durante el mes de septiembre. Las cifras son devastadoras: al menos 72 vidas perdidas en enfrentamientos y tiroteos durante operaciones policiales, según datos recopilados por la ONG especializada Fogo Cruzado.
Esta cifra espeluznante revela la magnitud de la crisis que enfrenta la región, donde una decena de facciones criminales libran una cruenta guerra, y la letalidad de las fuerzas de seguridad ha aumentado de manera preocupante.
“En Bahía hay un poder armado instalado que intenta imponer dominio territorial (…). Hay una disputa con la policía que quiere impedirlo”, afirmó Dino en conferencia de prensa. Ese estado recibirá 20 millones de reales (unos 3.9 millones de dólares) en recursos adicionales para la compra de vehículos, equipos de inteligencia y armas no letales, anunció el ministro de Justicia.
Dino dijo que el gobierno “lamenta que el uso de la fuerza haya llevado a decenas de víctimas” las últimas semanas al ser consultado por el incremento de letalidad policial en un estado gobernado por el izquierdista Partido de los Trabajadores (PT) del presidente izquierdista, Luiz Inácio Lula da Silva.
El secretario de Seguridad del Ministerio de Justicia, Ricardo Capelli, había sido criticado días atrás por afirmar que en Bahía “no se enfrenta con rosas al crimen organizado con fusil”.
En el caso de Río de Janeiro, ante la creciente escalada de violencia, el gobierno federal ha tomado la decisión de desplegar un contingente de 300 agentes y 50 vehículos pertenecientes a la Fuerza Nacional, una fuerza de seguridad dependiente del Ministerio de Justicia. Estos refuerzos tienen como objetivo brindar apoyo crucial a la policía estatal en su lucha por restablecer la seguridad y contener la creciente ola de criminalidad.
Estas medidas, tanto para Bahía como para Río de Janeiro, se insertan en un plan más amplio concebido para hacer frente a las organizaciones criminales que actualmente plagan estas regiones. El gobierno se ha comprometido a invertir una suma significativa, alrededor de 900 millones de reales, equivalente a aproximadamente 180 millones de dólares, en los próximos tres años.
Este compromiso financiero refleja la seriedad de la situación y la determinación del gobierno en su esfuerzo por restaurar la seguridad y la tranquilidad en estas áreas afectadas.
El último fin de semana, la violencia alcanzó niveles preocupantes en Río de Janeiro, con reportes de tiroteos entre facciones rivales que compiten por el control de Az de Ouro, una favela situada en la zona norte de la ciudad. Estos enfrentamientos, además de ser una muestra del conflicto despiadado que afecta a la región, subrayan la urgencia de las acciones emprendidas por el gobierno para abordar esta crisis y proteger a la población local que vive en constante temor.
Asimismo, es esencial tener en cuenta que la situación en Bahía y Río de Janeiro se ha vuelto aún más alarmante en los últimos tiempos. Hace aproximadamente una semana, imágenes captadas desde el aire y difundidas por TV Globo revelaron una realidad inquietante: traficantes en el Complexo da Maré, uno de los complejos de favelas más extensos de la ciudad, estaban llevando a cabo entrenamientos de tácticas de guerra.
Estos individuos, armados con fusiles, se adiestraban en un polideportivo cercano a un área que debería ser segura para la educación y el desarrollo de los niños, cerca de escuelas que deberían ser lugares de aprendizaje y crecimiento.
Estos eventos exponen la gravedad de la situación y la audacia de los grupos criminales que operan en estas áreas urbanas. La presencia de armamento de guerra y actividades relacionadas con el conflicto en un entorno que debería ser seguro y educativo es un recordatorio impactante de los desafíos que enfrentan las comunidades locales, especialmente los jóvenes que buscan un futuro mejor.