Este domingo, los chilenos acuden a las urnas para decidir el destino del proyecto de la nueva Constitución, que busca dejar atrás la escrita durante la dictadura cívico militar de Augusto Pinochet en 1973 y 1990. Esta propuesta surge debido al actual mandato del presidente Gabriel Boric, quien giró a la nación hacia la izquierda de un solo timotazo, y al estallido social que se produjo en 2019.

De acuerdo con el diario La Tercera de Chile, luego de varias jornadas de evasiones masivas de escolares en el centro de Santiago como protesta ante el alza del pasaje del Metro en 30 pesos, el 18 de octubre de 2019 se dio un gran estallido social en el país, donde los manifestantes chilenos se tomaron las calles pidiendo a la nación construir una nueva carta magna que no fuera heredada de sus tiempos más oscuros.

La ola de manifestaciones pacíficas y violentas que llevaron a este país sudamericano a enfrentar la mayor crisis social en las últimas tres décadas dejó desastrosas consecuencias en su “milagrosa” economía. Antes de que se anunciara el acuerdo político para crear una nueva Constitución, el dólar en Chile marcó un récord y superó la barrera de los 800 pesos, el valor más alto en la historia del país.

Así mismo, trajo graves consecuencias para el empleo, siendo este uno de los factores que más preocupa a las autoridades chilenas. Del mismo modo, la paralización del comercio, de los servicios y del turismo, dio un golpe económico inesperado para pequeñas y medianas empresas que no tenían una gran suma de dinero para financiarse en momentos de crisis.

Luego de varias semanas de conflicto y saqueo en las calles, el 15 de noviembre de 2019, diez partidos político y el actual presidente Boric firmaron el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, que inició en proceso constituyente.

Con ello, el 25 de octubre de 2020, los chilenos lograron la que fue, en su momento, la mayor participación electoral en la historia, la aprobación a la redacción de una nueva propuesta constitucional que tuvo el 78 % de los votos a favor. En ese mismo año, también se decidió que todos los miembros de la Convención Constitucional serían elegidos popularmente.

En el año 2020, específicamente el 15 y 16 de mayo, se dio la elección de convencionales constituyentes. Los resultados de esta consulta entregaron más de una sorpresa a los chilenos, pues el 64 % de los elegidos no tenían militancia política. Así mismo, el bloque de derecha no logró obtener el tercio de representantes necesarios para “bloquear” la aprobación de alguna norma bajo el quórum de dos tercios.

Ante ello, el 4 de julio del mismo año, se dio la ceremonia de instalación de la Convención Constitucional, un acto considerado histórico, en donde se eligió la primera Mesa Directiva del órgano, que fue conformada por la académica mapuche Elisa Loncón y el abogado constitucionalista Jaime Bassa.

Los cambios que incluiría la nueva Constitución de Chile, si es aprobada

Con estallido social de octubre de 2019, origen del proceso constituyente, una mayoría apoyó el reclamo por un cambio del modelo que favoreció políticas económicas hiperliberales amparadas en la Constitución de 1980.

La propuesta describe a Chile como un “Estado social y democrático de derecho”, que debe proveer bienes y servicios para asegurar los derechos de las personas. En contraste, la Constitución de 1980 plantea que el Estado debe “contribuir a crear las condiciones sociales” para la realización de las personas, pero no puede participar en cualquier actividad empresarial.

En cuanto al sistema político, la Constitución vigente divide al Congreso entre la Cámara de Diputados y el Senado. Este último puede “perfeccionar” el trabajo de los diputados. La propuesta elimina el Senado y crea dos Cámaras sin el mismo poder de decisión entre ellas. El nuevo texto establece un Congreso de Diputados para la formación de leyes y una Cámara de las Regiones solo para aquellas “de acuerdo regional”, pero lejos de tener el peso que ha tenido hasta ahora el Senado.

Ahora bien, el proyecto de Constitución propone un Sistema Nacional de Salud Universal, un tema central en la sociedad, donde la mayoría de la clase media paga altos costos por los servicios sanitarios.