La Policía de España dio a conocer que logró acabar con una red de explotación de mujeres que operaba en la ciudad de Tarragona. Las víctimas de esta peligrosa banda eran de nacionalidad colombiana, según información de las autoridades españolas.
El grupo era conformado por dos hombres y una mujer, conocida con el alias de Mami, quien era la encargada de reclutar a las mujeres para fines sexuales. Uno de los hombres era el cabecilla, quien manejaba el dinero y las casas donde ejercían los actos sexuales, mientras el otro era el que vigilaba a las mujeres.
La banda logró ser desarticulada gracias a una llamada a la Policía el pasado 12 de julio denunciando esta práctica ilegal. Desde ese instante se iniciaron los diferentes operativos de investigación que acabaron con la detención de las tres personas mencionadas. Una de las víctimas colombianas narró a las autoridades que eran obligadas a trabajar 24 horas al día y cuando podían descansar, solo tenían dos horas para hacerlo.
En otro caso similar, en Madrid, agentes de la Policía Nacional detuvieron a una pareja de origen rumano por el mismo delito de explotación sexual. Se presume que la pareja obligaba a la mujer liberada a entregar 500 euros diarios sin poder abandonar la prostitución hasta que los consiguiera.
La víctima fue engañada por su propia hermana para que viniera a España a trabajar como mesera y tras llegar a Madrid fue encerrada, golpeada y amenazada para ejercer la prostitución. Las autoridades informaron que gracias a una llamada al Servicio de Víctimas de Trata de Seres Humanos, la Policía Nacional pudo liberar a la víctima de su situación. En la operación colaboraron las autoridades rumanas y la Agregaduría de Rumanía en España.
La investigación pudo dar a conocer que los precios de los servicios sexuales, que no podían durar más de diez minutos, eran entre 20 y 30 euros, lo cual le exigía hacer un gran número de servicios a la mujer para poder reunir los 500 euros diarios que debía entregar a los detenidos, pues hasta que no los consiguiera no podía abandonar la calle.
Cada vez que terminaba un servicio debía llamar a los detenidos, quienes la controlaban constantemente y le impedían hablar con cualquier persona que no fueran sus clientes. Le instruyeron también para que dijera a la policía, en caso de que le preguntaran, que estaba allí por voluntad propia para mantener a su hija.
Entre el 1 de julio de 2021 y el 30 de junio de este año, la Policía Nacional ha llevado a cabo un total de 1.613 investigaciones por los delitos de trata de seres humanos y por explotación, sexual o laboral, en las que han sido detectadas 11.110 víctimas, se ha detenido a 1.440 personas e investigado a 6.748 relacionadas con este tipo de delitos. En ese mismo periodo de tiempo, las denuncias de los ciudadanos o de las mismas víctimas que se han hecho vía telefónica han alcanzado una cifra de 5.243, lo que deja ver un crecimiento exponencial de esta práctica.