Sacudido el año pasado por un escándalo de espionaje, el gobierno español fue acusado en los últimos meses de haber permitido que policías se infiltraran en movimientos de extrema izquierda o ecologistas, recurriendo incluso a las relaciones íntimas para lograrlo.
“¿Dónde está su límite ético?”, lanzó Gabriel Rufián, portavoz parlamentario de Izquierda Republicana de Cataluña, ERC, al presidente de gobierno Pedro Sánchez en febrero.
“Esto no solamente ya es una amenaza hacia las libertades políticas, ideológicas, sino también, según parece, sexuales”, agregó en el Congreso de los Diputados.
Defensa del gobierno
Sánchez, cuyo ejecutivo de izquierda necesita del apoyo de esta formación independentista en el Parlamento, se limitó en ese momento a destacar la “buena labor” policial, siguiendo la línea que ha mantenido el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.
“Lo que usted está diciendo respecto a actuaciones ilegales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado (...) es una mentira”, defendió el ministro la semana pasada, cuando una diputada de ERC solicitó su dimisión.
Ni el Ministerio del Interior ni la policía realizaron comentarios sobre estas presuntas operaciones destapadas, en su mayoría, por el medio catalán La Directa.
Sus revelaciones, sin embargo, no pasaron desapercibidas en esta dinámica región del noreste español, escenario en 2017 de un intento de secesión que abrió una de las crisis políticas más profundas de las últimas décadas en España.
La tensión política volvió a incrementarse el año pasado cuando el Centro Nacional de Inteligencia, CNI, español reconoció que había espiado durante aquella época con permiso judicial a 18 dirigentes secesionistas con el programa informático Pegasus, desatando un escándalo que acabó costándole el puesto a la directora del CNI.
Infiltrados, como en las películas
En los convulsos años de la escalada independentista en Cataluña, Barcelona fue el centro de multitudinarias protestas, que vivieron una potente réplica en el otoño de 2019 cuando se conoció la sentencia a los líderes encarcelados.
Fue en ese año cuando supuestamente se incorporaron al cuerpo tres policías que acabarían infiltrados en diferentes movimientos sociales de Barcelona y Valencia, según La Directa.
Uno de ellos, un joven simpático y proactivo que se hacía llamar Daniel Hernández, comenzó a aparecer en 2020 por un centro social anticapitalista barcelonés, donde protagonizó una progresiva transformación física, que incluyó varios tatuajes o peinarse con una cresta.
Pero para su completa integración usó también las relaciones íntimas que estableció con varias mujeres, en algunos casos incluso duraderas.
La demanda
Al descubrir el engaño, seis de ellas presentaron en enero una querella por delitos como abuso sexual, al considerar que su consentimiento estaba viciado por la mentira.
“El objetivo de la iniciación de estas acciones legales es poner luz sobre los límites del Estado y de la policía y conocer el alcance con el que se llevan a cabo estas prácticas, que claramente entendemos que no tienen un amparo legal”, explicó a la AFP Mireia Salazar, una de las abogadas de las denunciantes.
La justicia todavía no decidió si admite a trámite su querella.
“Esto es violencia contra las mujeres y creo que cuanto antes sepamos qué es lo que ha sucedido y se pueda hacer justicia, mejor será para la reputación de las fuerzas y cuerpos de seguridad”, valoró la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez, del partido de izquierda radical Podemos, en la radio Rac 1.
Los límites de la infiltración
El caso sigue la estela de la acción movida por Kate Wilson, una activista ecologista británica que mantuvo, sin saberlo, una relación de casi dos años con un agente infiltrado. La justicia británica determinó en 2021 que la policía había violado sus derechos humanos.
Una intromisión similar a la que denunció la semana pasada el colectivo climático Rebelión o Extinción de Madrid, donde supuestamente se habría infiltrado durante seis meses una agente que “al menos mantuvo relaciones sexuales con uno de sus miembros”, según informó el propio movimiento en un comunicado.
La noticia la había destapado el medio El Salto, que indicó que el comportamiento de la supuesta agente había levantado sospechas entre sus compañeros, antes de que dejara de acudir a los encuentros.
Más discreto fue el activista que se hacía llamar Marc Hernández, otro de los supuestos agentes infiltrados en Barcelona, quien llevaba casi dos años integrado en, entre otros, un movimiento por el derecho a la vivienda, antes de ser descubierto en junio por La Directa.
“Cuando salió la noticia para la mayoría de gente de la asamblea fue un shock”, recuerda Martí Cusó, miembro del colectivo Resistim al Gòtic. “No había ninguna sospecha, ni ningún indicio de que esta persona pudiera ser policía”, agrega.
Con información de AFP