Desde mucho antes de llegar al poder en su país, Nayib Bukele había demostrado estar lejos de cualquier molde de un político tradicional. Siendo alcalde de Nuevo Cuscatlán y posteriormente de San Salvador no solo arrasó en las elecciones locales, sino que se las arregló para mantener la popularidad alta por medio de obras necesarias para la ciudadanía en infraestructura y desarrollo económico.
En 2019, llegó a la presidencia con más de la mitad de los votos totales y con la promesa de llevar al país centroamericano hacia el futuro y lejos de las épocas de posguerra que vivía desde 1992. Su gran bandera ha sido desde entonces la lucha frontal contra las pandillas que hace años azotan la seguridad en El Salvador.
La guerra contra la Mara Salvatrucha, principal pandilla del país, se destapó cuando en septiembre de 2020 el diario opositor El Faro publicó un supuesto acuerdo que tenía el Gobierno de Bukele con el grupo criminal para la reducción de los homicidios a cambio de supuestos beneficios carcelarios. El presidente, lejos de quedarse callado, autorizó la fuerza letal y la represión en las cárceles.
En las redes sociales circularon cientos de fotos de presos con los tatuajes insignias de la pandilla siendo amontonados de manera humillante, rapados, en ropa interior y siendo obligados a correr esposados por los penales. Dichas acciones contra los grupos criminales llegaron a ser tan duras y calificadas de inhumanas, que institutos de derechos humanos y políticos de oposición criticaron al Gobierno.
Después de unos meses de relativa calma en materia de seguridad, los asesinatos en El Salvador se dispararon hasta niveles históricos, en algunas ocasiones superando los registros que se vivían durante la guerra civil. Ejemplo de esto, es que hace tres semanas el país vivió uno de los fines de semana más violentos de su historia reciente, con 87 homicidios.
De estos asesinatos, 62 fueron en un solo día, cifra que superó los 51 homicidios registrados en un día en agosto de 2015. Estos números son los más altos desde el fin del conflicto interno del país y desconcertaron, pues parecía que nunca se iban a volver a alcanzar. Ante esto, Bukele aumentó su apuesta contra las pandillas y parece lejos de dar reversa en su lucha.
La primera medida del presidente fue solicitar al Congreso aprobar el estado de excepción, que según la Constitución puede ser aplicada en ciertos escenarios. “En casos de guerra, invasión del territorio, rebelión, sedición, catástrofe, epidemia y otras calamidades generales, o graves perturbaciones del orden público”. Con esto, el Gobierno pudo limitar la libertad de asociación, suspendió el derecho de ser informado de las razones de arresto, amplió de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y además permite a las autoridades intervenir los celulares de quienes consideren sospechosos.
Operativos militares y policiales las 24 horas con las Fuerzas Armadas con armamento avanzado se volvieron una constante en el país durante semanas en las que el Gobierno, además, volvió a pasarse por la faja las denuncias de tortura y trato inhumano contra los pandilleros presos, que hicieron los organismos internacionales y la oposición de Bukele.
Los miembros de la Mara Salvatrucha y otras organizaciones criminales fueron sacados de nuevo de sus celdas, primero fueron esposados con las manos atrás, fueron mezclados con las pandillas rivales y de nuevo puestos en ropa interior y tapabocas amontonados dentro de los penales, pero con una diferencia: se les aisló totalmente de la luz del sol y se les racionó de manera extrema la comida.
Asimismo, durante el periodo de excepción, el Gobierno amenazó a los pandilleros en múltiples ocasiones, diciendo que si no dejaban de delinquir y asesinar, sus compañeros en prisión iban a sufrir las consecuencias. Incluso, el mismo presidente dijo que si la situación no cambiaba, les iba a quitar del todo la comida a los presos, recalcando que poco le importa lo que piensen los organismos internacionales.
Esto, a la luz de las declaraciones de distintas ONG y la misma ONU, que mediante su secretario general, António Guterres, dijo que esperaba que “las medidas que se adopten estén en línea con las leyes y estándares internacionales de los derechos humanos”. Bukele, por su parte, respondió diciendo: “Vengan a llevarse a estos pandilleros si tanto los quieren. Se los entregamos todos, al dos por uno”.
Los medios de comunicación tampoco salieron exentos de la mano dura del mandatario, ya que aprobó sanciones para aquellos que difundieran los mensajes de los pandilleros contra el Gobierno y la ciudadanía. “Cuando los alemanes querían erradicar el nazismo, prohibieron por ley toda la simbología nazi, así como los mensajes, apologías y todo lo que fuera dirigido a promocionar el nazismo (...) Ahora nosotros haremos eso con las pandillas”, dijo Bukele.
El cambio drástico de la política contra las pandillas de Nayib Bukele es que la dura respuesta contra los grupos criminales pasó de centrarse en los penales a las calles, algo que el Gobierno califica como un gran éxito. Según el presidente, 14.000 pandilleros han sido capturados desde la aplicación del estado de excepción y dice que no saldrán libres en el corto plazo.
Ante la oleada de detenciones que parecen estar lejos de parar, Bukele anunció la construcción de una nueva cárcel para más de 20.000 presos, sin especificar cuándo y en dónde será construida. Actualmente, se estima que hay más de 70.000 pandilleros en El Salvador entre activos y capturados.
El gran dilema con las polémicas medidas de Bukele es que, para bien o para mal, están funcionando, según las estadísticas gubernamentales. En las redes sociales del presidente, que se han convertido en su principal forma de comunicación, mostró que durante la Semana Santa hubo cuatro homicidios en total, lo que la llevó a calificarla como la más pacífica de la historia reciente de El Salvador. En comparación, en 2015 existieron más de 100 homicidios en esa fecha.
Además, contó que el país superó su meta de turismo interno, todo en medio de un duro régimen de excepción para controlar los ataques de las pandillas. Bukele defiende a capa y espada sus medidas, con las que, si bien son tachadas de dictatoriales como tantas otras, ha logrado mantener una popularidad inmensa, con el 85 por ciento, según la firma CID-Gallup, siendo el mandatario mejor calificado de América Latina.
Nayib Bukele no parece empeñado en demostrar si existe humanidad, legalidad o principios de derechos humanos en sus métodos para mejorar la seguridad en El Salvador. En su mandato revocó la Corte Constitucional, amenazó al Congreso con soldados e hizo que aprobaran la reelección. Habrá Bukele para rato, un presidente con ínfulas dictatoriales y poco ortodoxo, pero que convence a la gente más que nunca.