El presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró, este jueves, que los asaltantes de las sedes oficiales en Brasilia contaron con complicidad interna y anunció “dureza” contra el bolsonarismo radical, al que considera una amenaza contra la democracia en Brasil.
“Estoy convencido de que la puerta del Palacio de Planalto fue abierta para que las personas entraran, porque no hay puertas rotas”, dijo Lula en un desayuno con periodistas en la capital. “Alguien les facilitó la entrada aquí”, agregó.
El mandatario de izquierda consideró que policías y miembros de las Fuerzas Armadas fueron “conniventes” con los miles de simpatizantes radicales del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro que invadieron el domingo el palacio presidencial, el Supremo Tribunal Federal (STF) y el Congreso.
Los seguidores de Bolsonaro, quien niega cualquier vínculo con el asalto, buscaban la caída de Lula exactamente una semana después de que empezara su tercer periodo presidencial. A su paso saquearon oficinas y destruyeron invaluables obras de arte. El Instituto de Patrimonio Histórico y Artístico brasileño (Iphan) entregó el jueves al gobierno un informe sobre los daños.
El Iphan enumeró, entre otros ítems, una alfombra estampada gris mojada con orina y un tapiz del artista brasileño Roberto Burle Marx rasgado, ambos pertenecientes al mobiliario del Senado.
El instituto destacó diversas acciones de reparación de emergencia, como la limpieza de grafitis, que ya han comenzado. “De aquí en adelante vamos a ser más duros, porque no puede ocurrir lo del fin de semana”, dijo el líder de izquierda de 77 años, que venció a Bolsonaro en las presidenciales de octubre por una estrecha ventaja.
Lula anunció “una revisión” de los trabajadores de la presidencia brasileña, ya que “el palacio estaba lleno de bolsonaristas, de militares”, dijo, y planea reemplazarlos con “funcionarios de carrera, de preferencia civiles”.
El magistrado Alexandre de Moraes, del STF, ordenó el martes la captura del coronel Fabio Augusto, comandante de la policía militar del Distrito Federal, y de Anderson Torres, exministro de Bolsonaro y secretario de Seguridad de la capital durante los desmanes, por “omisión y connivencia”.
La situación de Torres, quien se prevé que llegué a Brasil proveniente de Estados Unidos el viernes, pudo haberse complicado las últimas horas con la aparición de un nuevo flanco.
La Policía halló en la casa del exministro una propuesta de decreto para intervenir en el Tribunal Superior Electoral y revertir así el resultado de las elecciones presidenciales de octubre pasado. El documento fue encontrado cuando la fuerza cumplía una orden de búsqueda y prisión por su presunta “connivencia y omisión” en el asalto del domingo.
Torres ha dicho que la minuta fue publicada “fuera de contexto” y defendió su inocencia ante lo que aliados de Lula ya consideran que debe ser investigado en un nuevo proceso por intento de golpe de estado.
Las investigaciones sobre las fallas de seguridad y el financiamiento de las manifestaciones avanzaron el jueves a la par de que Lula mostraba sus cartas contra sectores a los que considera “fascistas”.
La Abogacía General de la Unión (AGU) identificó 52 personas y siete empresas con sede en cinco estados del interior brasileño que están bajo sospecha de haber financiado la movilización. La ONG Human Rights Watch pidió investigar “minuciosamente” a quienes “incitaron, financiaron o cometieron” los actos de violencia.
Los pedidos para castigar a los agitadores ocurrieron un día después de una convocatoria bolsonarista para una protesta nacional a favor de “retomar el poder”, que provocó que el gobierno reforzara la seguridad, especialmente en Brasilia, donde el acceso a la zona principal de edificios públicos fue cerrado al tránsito.
Las manifestaciones convocadas para el miércoles no se materializaron y el centro del poder político brasileño fue abierto el jueves. Casi 2.000 personas fueron detenidas tras las invasiones y 1.159 aún están recluidas tras ser interrogadas, según el último parte oficial.
*Con información de AFP.