La Fundación Clooney para la Justicia, presentó una denuncia ante un tribunal federal argentino para que investigue supuestas violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela, así lo anunció en las últimas horas la organización en un comunicado.
“Las evidencias presentadas por CFJ (Fundación Clooney, por sus siglas en inglés) apuntan a la posible responsabilidad penal de las fuerzas de seguridad venezolanas en la comisión de crímenes de lesa humanidad contra víctimas vinculadas a la oposición política del gobierno” de Nicolás Maduro, reza el comunicado.
La denuncia, presentada en las últimas horas, apela al principio de justicia universal, que permite enjuiciar crímenes de lesa humanidad en tribunales de otros países, independientemente del lugar donde se hayan cometido.
“El sistema de justicia venezolano está fallando a las víctimas de atrocidades masivas en su lucha por la justicia”, sostuvo Yasmine Chubin, directora de asesoramiento jurídico de la iniciativa The Docket de la fundación, que se ocupa de casos como el de Venezuela.
“Es por eso que estamos ayudando a las personas sobrevivientes y a sus familias en la recopilación de evidencias de los crímenes cometidos en su contra y en la búsqueda de jurisdicciones alternativas para garantizar que los autores de estos crímenes rindan cuentas”, agregó Chubin. La organización no ha precisado ante qué tribunal argentino formalizó la presentación.
“La justicia argentina tiene la obligación de investigar estos crímenes y, de hallarse pruebas suficientes y admisibles, debe acusar y condenar a los presuntos perpetradores. Los titánicos esfuerzos de las víctimas para obtener verdad, justicia y reparación, ante la impunidad imperante en Venezuela, con el valioso apoyo de organizaciones como la Clooney Foundation for Justice, no pueden caer en oídos sordos”, sostuvo Érika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
La Corte Penal Internacional abrió en 2021 una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde 2017, año en que se realizaron masivas manifestaciones opositoras cuya represión por fuerzas militares y policiales dejó más de un centenar de muertos.
La denuncia presentada el martes ante la justicia argentina se basa en los antecedentes de otros casos ya aceptados bajo el principio de justicia universal, como la investigación de crímenes del franquismo en España y más recientemente los presuntos crímenes de guerra del ejército de Birmania sobre la minoría musulmana rohinyá.
CPI abrirá oficina en Venezuela
El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció la semana pasada junto al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, avances para abrir una oficina de este tribunal en el país, en el marco de una investigación por denuncias de crímenes de lesa humanidad.
“Ya tenemos la ubicación de la oficina (…) y ahora vamos a poder venir más a menudo a Venezuela y trabajar de manera más cercana, de forma que podamos ayudar a Venezuela con asistencia técnica, capacitación, para que pueda hacer más para cumplir sus obligaciones”, expresó Khan, sin precisar una fecha para la apertura.
El fiscal jefe de la CPI hizo el anuncio tras firmar un segundo memorando de entendimiento con Maduro en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.
“Es un paso favorable. Hemos logrado un gran consenso”, celebró por su parte el gobernante socialista. “Venezuela está abierta, de puertas abiertas al mundo, para defender nuestra verdad (…) por encima de tergiversaciones, por encima de manipulaciones, por encima de mentiras que se repiten y se repiten”, agregó.
Un primer memorando se firmó en noviembre de 2021, cuando Khan hizo la primera de sus tres visitas a Venezuela y la CPI decidió abrir una investigación formal por presuntos crímenes de lesa humanidad ocurridos en este país caribeño desde 2017, año en el que masivas manifestaciones opositoras reprimidas por militares y policías dejaron más de un centenar de muertos.
El gobierno chavista, a su vez, se comprometía a tomar “medidas” para garantizar “la administración de justicia”.
Un acuerdo para establecer una oficina de la CPI en Caracas se anunció en la segunda visita de Khan, en marzo de 2022, sin que se reportaran avances hasta ahora. El fiscal dio “crédito” a las autoridades venezolanas por la “cooperación” pese a “los desacuerdos que tenemos sobre la apertura de la investigación”.
Khan ha dicho que hay indicios de violaciones “sistemáticas” de derechos humanos en Venezuela, pero el gobierno de Maduro le ha acusado de tener una “visión claramente prejuiciada”, alegando que la justicia responde frente a excesos de las fuerzas del orden.
Con información de AFP*