A través de sus redes sociales, el Gobierno de Perú, en cabeza de su presidenta Dina Boluarte, quien ostenta el poder desde el pasado 7 de diciembre de 2022, tras la restitución del ahora expresidente Pedro Castillo, se pronunció respecto a lo ocurrido este miércoles en Ecuador, donde el mandatario, Guillermo Lasso, dispuso la llamada ‘muerte cruzada’, una medida que disuelve el Parlamento y que obliga a llamar a un nuevo proceso de elecciones generales para renovar el poder ejecutivo y legislativo del país.
La decisión de Lasso fue conocida en medio de un proceso de juicio político que le adelantan actualmente en el Congreso, señalado de corrupción, y en momentos en los que, previo a la realización de la votación, se avizoraba que la decisión que tomaría el Congreso sería la de destituirlo.
Sobre la medida anunciada este miércoles por Lasso, y que despierta intriga en América Latina frente a las acciones que eventualmente podrá tomar la oposición, el gobierno de Boluarte, dentro del marco de la prudencia frente a los asuntos internos de su vecino país, señaló que se manifiestan respetuosos de la decisión tomada por su homólogo, reconociendo que esta se había amparado en las competencias y herramientas que le confiere la Constitución de su país.
De igual modo, el gobierno Boluarte manifestó que “abogamos para que el próximo proceso electoral en la hermana República de Ecuador se lleve a cabo dentro de los cauces legales, en paz y en democracia”.
El pasado martes se llevó a cabo en la sede del Parlamento de Quito la primera parte de la audiencia de juicio político en contra de Lasso, en un escenario en el que el presidente se declaró inocente de los cargos de los que se le señalan, y presentó un balance de su gestión. En dicho escenario, también se conoció la posición de cerca de la mitad de los congresistas, en medio de una ola de intervenciones que estaba prevista que continuara este miércoles desde las 9:30 a.m.
Sin embargo, la sesión del Congreso no se pudo realizar, en tanto Lasso ya había anunciado su disolución, y a que a las afueras del Congreso se dispuso un operativo policial que impidió el acceso de los congresistas a la edificación.
El que estaba en curso, es el primer proceso oficial a través del que se intentaba destituir a un presidente en ejercicio a través de un juicio político amparado en la actual Constitución de ese país.
La destitución de Pedro Castillo, ocurrida a comienzo del mes de diciembre de 2022, y que también se enmarcó en la realización de juicio político ante el que el entonces presidente decidió poner barreras anunciando la disolución; no atendida, del Parlamento peruano, terminó por llevar al poder a la entonces presidenta, Dina Boluarte.
No obstante, si bien el proceso se amparó en lo dispuesto por la Constitución de Perú, el hecho de la destitución de Castillo, su captura, y posterior toma de juramento de Boluarte como mandataria, ha desencadenado una ingente ola de protestas que ha dejado decenas de muertos, en medio de las confrontaciones entre manifestantes y fuerza pública.
En el caso peruano, si bien el pueblo ha elevado múltiples llamados para que se cite a elecciones, este no ha tenido bandera verde, pese a que el mismo gobierno de Boluarte ha presentado proyectos para que ello se permita.
Pese a lo anterior, las protestas que se viven en Perú, aún pasados 5 meses desde el cambio de poder, siguen atacando a Dina Boluarte, señalándole de querer aferrarse al poder y planear terminar ella el mandato constitucional para el que había sido electo Castillo Terreros.