El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lanzó el trámite parlamentario de un juicio político contra la Corte Suprema de Justicia por “mal desempeño de sus funciones”, en una nueva etapa en la puja entre el poder ejecutivo y el poder judicial.
Fernández dio el primer paso al entregar el proyecto de juicio político al jefe del bloque oficialista de la Cámara de Diputados, Germán Martínez, y a la presidenta de la Comisión de Juicio Político, Carolina Gaillard, a quienes les solicitó su “pronto tratamiento”, informó el Gobierno.
El partido oficialista Frente de Todos, perteneciente a la centroizquierda, cuenta con la mayoría simple necesaria para abrir la etapa de investigación, pero carece de los dos tercios de votos necesarios en la Cámara de Diputados y el Senado para avanzar en la acusación y destituir a los cuatro magistrados de la corte. La quinta plaza está vacante.
De todos modos, para poder citar formalmente a la Comisión de Juicio Político, es necesario la convocatoria a Sesiones Extraordinarias, que se estima se hará la semana próxima.
El conflicto de poderes escaló en las últimas semanas luego de que el Tribunal Supremo fallara a favor del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires en una disputa con Fernández por el reparto federal de los fondos provenientes de la recaudación de impuestos. Once de los 23 gobernadores de las provincias del país respaldaron el pedido de juicio político.
El jefe de Estado acusó a la Corte Suprema de “invadir arbitrariamente las esferas de las competencias exclusivas y excluyentes de los restantes poderes” del Estado. Lo consideró, además, “un fallo político de cara al año electoral”, en referencia a los comicios generales de octubre próximo en los que el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, es uno de los presidenciables de la oposición de derecha.
En respuesta, el alcalde capitalino acusó a Fernández de querer “romper el orden constitucional”. “El kirchnerismo quiere pasar por encima de las leyes y cambiar al árbitro, que en una república como la nuestra es la Justicia”. La coalición opositora Juntos por el Cambio, que integra el alcalde, ya anunció su rechazo al juicio político.
La iniciativa de Fernández se enmarca en una puja entre el Gobierno y el poder judicial, al que, desde el inicio de su mandato, en diciembre de 2019, dijo querer reformar, en particular la Corte Suprema. Según un sondeo de mediados de 2022, más del 78 % de los argentinos tienen una opinión “negativa” o “muy negativa” del funcionamiento de la justicia.
También hubo rabia en el Gobierno por la decisión de la justicia sobre Cristina Kirchner
La vicepresidente de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, aseguró en un video, frente a la condena de seis años de cárcel e inhabilidad para ejercer cargos públicos, que el Tribunal Oral Federal número 2 que la juzgó siempre tuvo la idea de condenarla.
Kirchner explicó en detalle su posición frente a la condena sin precedentes para un funcionario de tan alto rango en ejercicio, en Argentina.
En respuesta a la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, Kirchner aseguró que no se presentará a ningún cargo: “Mi nombre no va a estar en ninguna boleta”.
Kirchner, además, se fue de frente en contra de la justicia y aseguró que la habían juzgado desde la “mafia judicial”. También atacó permanentemente a los medios y sus empresarios asociados y el hecho de que todos los que estaban frente a su sentencia eran hombres.
“No es una condena por leyes de Constitución Nacional y administrativas, sino que tiene su origen en un sistema que muy ingenuamente el 2 de diciembre de 2019 llamé lawfare”, dijo Kirchner y añadió: “También hablé de la idea de partido judicial. Por una deformación juvenil, de lectora, de analizar, pero esto es mucho más simple: no es partido, es un Estado paralelo y una mafia, mafia judicial”.
*Con información de AFP.