Las redes sociales se convirtieron, este miércoles, en el escenario a través del cual el actual presidente de la República de Argentina, Alberto Fernández, emitió fuertes señalamientos en contra de la justicia de su país, más precisamente en contra de una orden emitida en días pasados donde togados aprobaron regresar la libertad a los tres ciudadanos actualmente procesados por el intento de homicidio en contra de la expresidenta y actual vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La manifestación pública de desacuerdo por parte del presidente Fernández ocupó una serie de trinos, en los que arremetió en contra de la justicia de su país, señalando que, contrario a su deber de esclarecer el sensible hecho, su decisión apunta a que se deje en la impunidad una parte importante del entramado que se encontraba después del intento de homicidio que prendió en meses pasados las alarmas de su país, y que despertó una ola de indignación.

Fernández manifestó su desacuerdo con la medida que dejó en libertad a los implicados que se encontraban detenidos, bajo la excusa de que su libertad no ponía en riesgo los asuntos procesales que competen alrededor del tema.

Este pronunciamiento público de Fernández, se conoce apenas un día después de que se publicara la decisión emanada de los magistrados Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, en la que dispusieron el regreso a la libertad de Jonathan Morel, Sabrina Basile, Leonardo Sosa y Gastón Guerra, quienes habían sido detenidos en medio de las ingentes averiguaciones.

Además de ese fallo, Fernández también se refirió a otro conocido el pasado lunes, también relacionado con el caso del intento de homicidio en contra de Fernández de Kirchner, en el que la justicia ordenó dar el siguiente paso en el caso, con lo que concluye la etapa de investigación, hecho que según el presidente de Argentina, abre las puertas a la impunidad, pues deja por fuera a quienes serían los autores intelectuales y responsables reales tras el intento que se frustró tan solo porque falló el gatillo del pistolero cuando el arma incluso estaba sobre la sien de la exmandataria.

Según precisan medios locales, en el caso de esta otra decisión, esta emanó de la juez María Eugenia Capuchetti.

Así, según refiere la prensa local, el caso seguiría únicamente con Brenda Uliarte, Fernando Sabag Montiel y Nicolás Carrizo como presuntos implicados.

Desde el oficialismo, la medida es contraproducente, en tanto no aporta a la verdad sobre los hechos ocurridos el pasado 1 de septiembre de 2022 a las afueras de la residencia de la hoy vicepresidenta.

En su trino, Fernández incluso cuestiona la legitimidad de los funcionarios que imparten justicia.

“Una vez más, la Sala 1 de la Cámara Federal de Comodoro Py, integrada por dos magistrados que ocupan sus asientos de forma contraria a la Constitución, interviene en una causa de relevancia institucional”, señaló Alberto Fernández en uno de sus trinos.

En otro de los mensajes emitidos en Twitter al respecto, Fernández se fue lanza en ristre y afirmó que “pareciera que lejos de querer esclarecer el hecho y llegar a sus máximos responsables, están empecinados en tapar lo obvio: que una banda criminal con ramificaciones y financiamiento oscuro atentó contra la vida de la vicepresidenta de la Nación”.

Desde la Presidencia, el referido político señaló que, dadas las actuales situaciones, es necesario que la Corte Suprema de su país pueda intervenir para corregir los problemas en la forma en la que se imparte justicia, manifestándose preocupado porque el hecho quede en la impunidad.

En sus trinos, el presidente denunció que los jueces que emitieron la orden de libertad, Bruglia y Bertuzzi, ocupan sus actuales cargos por un hecho irregular, del que a su vez responsabiliza a su antecesor: Mauricio Macri, señalando que una disposición de él dio lugar a una arbitrariedad en la designación de esos cargos.