El presidente de Bolivia, Luis Arce, pidió al Ministerio de Justicia indagar las denuncias sobre la supuesta recepción de fondos económicos de un argentino acusado de narcotráfico al partido oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS), dijo este martes un ministro. “El presidente Arce ha derivado el tema al Ministerio de Justicia. El Viceministerio de Transparencia ha aperturado (sic) un caso y ha iniciado una investigación sobre este aspecto”, señaló el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Como Ministerio de Justicia, hemos recibido el mandato del presidente y el vicepresidente de investigar, de aclarar y darle respuestas al pueblo boliviano sobre esa temática, que de ninguna manera puede quedar sin investigación y sin respuestas a nuestro pueblo”.
Lima dio la información en una entrevista con el canal privado de televisión Unitel que le consultó sobre las denuncias realizadas la semana pasada por el diputado oficialista Rolando Cuéllar en contra del vicepresidente de su partido, Gerardo García.
Según Cuéllar, García agradeció en una carta en enero de 2017 a “Miguel Ángel Salazar Yavi”, por “sus grandes contribuciones económicas” desde 2014.
Según el diputado, “Miguel Ángel Salazar Yavi” era en realidad el argentino José Miguel Farfán, detenido en Bolivia en 2019 y entregado a su país, donde era buscado por narcotráfico. García presentó este martes una demanda penal contra Cuéllar por calumnias e injurias.
La oposición en pleno, tras conocer la denuncia Cuéllar, solicitó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que abra una investigación por este caso. Los opositores consideran que si se comprueba el aporte irregular de fondos económicos, el TSE debe anular el estatuto legal del MAS, lo que le impediría participar en elecciones nacionales, departamentales o municipales.
Las relaciones entre el Movimiento Al Socialismo (MAS), liderado por el expresidente Evo Morales (2009-2019), y el gobierno son tensas por divergencias políticas y pugnas por espacios de poder.
Gobierno de Bolivia criticó a Bolsonaro por ofrecer asilo a expresidenta Áñez en Brasil
El Gobierno de Bolivia rechazó hace unos días la propuesta del presidente brasileño, Jair Bolsonaro, de otorgar asilo político a la que fuera su par de Bolivia Jeanine Áñez, condenada a 10 años de prisión por tomar el mando irregularmente tras la renuncia de Evo Morales en 2019.
“Lamentamos las desafortunadas declaraciones (...), que son absolutamente impertinentes; hacen una inapropiada injerencia en asuntos internos”, dijo el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta. “Bajo ningún concepto se puede aceptar la injerencia en las decisiones que soberanamente le corresponden a la justicia boliviana”, añadió.
Además, Mayta defendió la condena e informó que Bolivia presentará un “reclamo diplomático” al país vecino. Bolsonaro había dicho el domingo que haría “lo que fuera posible” para que Áñez vaya a Brasil “si el Gobierno de Bolivia acepta” y que la exmandataria (2019-2020) está “presa injustamente”.
Áñez, que se define como presa política, agradeció a Bolsonaro en Twitter desde el penal de La Paz donde se encuentra recluida, pero aseveró que “no se fue ni se irá del país”.
La justicia considera que Áñez, de derecha, alcanzó la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia del izquierdista Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA). La condena contra la expresidenta fue rechazada por la oposición, Estados Unidos y la Unión Europea.
Por su parte, un relator de la ONU sobre la independencia judicial aseguró que Áñez, juzgada por la vía ordinaria, tiene “derecho a un juicio de responsabilidades” ante el Congreso “al margen de cómo surgió su mandato”.
Áñez, la entonces poco conocida segunda vicepresidenta del Senado, llegó a la presidencia con el fin de organizar nuevas elecciones después de que renunciaran todos los que tenían que suceder a Morales: el vicepresidente, la titular de la Cámara Alta y el presidente de la cámara de diputados. El Tribunal Constitucional avaló el procedimiento por el cual Áñez alcanzó la presidencia.
Brasil fue de los primeros países en reconocer su Gobierno, a los que se sumaron Estados Unidos, la Unión Europea y Rusia, entre otros. Los comicios se celebraron en octubre de 2020 tras dos aplazamientos debido a la pandemia, y tuvieron como ganador a Luis Arce, delfín de Morales.
Áñez fue detenida en marzo de 2021 y condenada el 10 de mayo. También es señalada por “genocidio”, que conlleva penas de cárcel de entre 10 y 20 años, a raíz de la denuncia de familiares de víctimas de la represión de noviembre de 2019.
*Con información de la AFP.