En Ecuador, ante la falta de consenso entre los empleados y el sector empresarial, el gobierno de Guillermo Lasso dispuso mediante el Decreto Ejecutivo 611 el aumento del salario mínimo que regirá en 2023. Desde el próximo año, el monto básico a devengar será de 450 dólares (2.173.522 pesos colombianos, haciendo la conversión a día de hoy).

El mismo mandatario hizo el anuncio este miércoles 30 de noviembre, y enfatizó en que los ciudadanos verán directamente reflejado el incremento mes a mes. Para el jefe de Estado, “el país va bien”, y esa es la razón por la que firmó el aumento en presencia de varios trabajadores, bajo la premisa de que estaba cumpliendo otra promesa de campaña.

“Incrementamos USD 25 al Salario Básico Unificado para el próximo año. Este aumento llegará directo al bolsillo de los trabajadores ecuatorianos y mejorará sus condiciones de vida. Nuestra misión no es solo crear empleos, sino que estos sean bien remunerados”, afirmó.

Sobre su administración, Lasso aseveró: “Estamos cumpliendo con ustedes, estamos cumpliendo con sus familias, estamos cumpliendo con sus hijos y, de esa manera, estamos cumpliendo con todo el país”. El alza establecida es igual a la fijada para el año en curso, una de las más altas hechas en los últimos ocho años, según AFP.

En su tiempo de campaña electoral, en la que se midió con Andrés Arauz, Lasso se comprometió a elevar el salario vital a 500 dólares (2.415.025 pesos colombianos) durante el lapso que permaneciera en el Palacio de Carondelet. La resolución abarca, aparte de los empleados en general, a quienes integran la pequeña industria, agrícolas y del hogar, también los operarios de artesanías y colaboradores de la microempresa.

Así las cosas, Ecuador le sigue los pasos a Chile (país que en lo corrido de 2022 ha aumentado dos veces el monto) que, en este momento, se mantiene en 400.000 pesos (moneda local), y para el otro año prevé establecerlo en 410.000, uno de los más altos en América Latina.

¿Y la discusión en Colombia?

En lo que respecta a Colombia, los empresarios y sindicatos tienen un mes para intentar llegar a un acuerdo en medio de un panorama de inflación que, para algunos expertos, incide notoriamente en los debates y el valor que finalmente se fije. Esto, a razón de quienes defienden el crecimiento económico y aquellos que se centran en los hogares, donde el dinero no alcanza.

“Si hay un incremento por encima, como tal de la productividad, podemos encontrarnos ante un aumento tal vez muy amplio frente a la inflación. Cuando hay un” alza de esta, se generaría un ascenso “en el costo de vida que va a afectar directamente a la clase media a baja”, explicó a SEMANA Michael Díaz, docente de la Facultad de Contaduría Pública en la Universidad Santo Tomás.

Mientras se espera que las discusiones lleguen a buen término y conveniencia para la nación, la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo (Fedesarrollo) dio a conocer su propuesta sobre el aumento en 2023. Para el organismo, el alza debería ser de un 13,5 %, de manera que los ciudadanos devengarían 1.135.000 pesos.

Hace algunos días (no mucho antes de que llegue la decisión final) el viceministro de Hacienda, Diego Guevara, indicó que el salario podría situarse entre 1.100.000 y 1.150.000 pesos. La primera de las reuniones para encontrar un punto en común estuvo a cargo de la subcomisión de productividad y, posteriormente, entrará una mesa de concertación.