Desde hace dos semanas, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, lanzó en el país una guerra contra las pandillas que busca, precisamente, acabar esta práctica delincuencial en el país centroamericano.
El mandatario ha endurecido las medidas carcelarias para los miembros de estos grupos y ha llevado a cabo numerosas detenciones.
A finales del pasado mes de marzo, la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó el régimen de excepción por un mes, a pedido de Bukele, en un intento por frenar el accionar de la pandilla Mara Salvatrucha, responsabilizada de al menos 76 homicidios en dos días.
Desde ese momento, de acuerdo con el mismo presidente y la Policía Nacional Civil (PNC), se han capturado -con corte al 15 de abril- un total de 12.036 pandilleros, que están siendo hacinados en las cárceles de El Salvador.
Además del estado de excepción, en el país se amplió de 72 horas a dos semanas el tiempo para detenciones sin cargos, se redujeron las raciones de comida para los miembros de pandillas tras las rejas y se han hecho públicas algunas degradaciones hacia estas personas, imágenes que le han dado la vuelta al mundo difundidas por la misma Presidencia.
Bukele, quien ha sido polémico desde que se posesionó como presidente de El Salvador, ha sido fuertemente criticado por estas decisiones desde organizaciones de Derechos Humanos como la ONU, quienes han afirmado que esta lucha contra las pandillas debe garantizar el respeto a la dignidad humana sin importar que se trate de delincuentes.
No obstante, el mandatario se ha mostrado despiadado frente a los reos que provienen de estos grupos delincuenciales, amenazando incluso con dejar sin alimentación a los presos de todo el país como respuesta al aumento de la violencia de organizaciones criminales en las cáceles a nivel nacional.
“Voy a aprovechar la oportunidad para enviarles un mensaje a los criminales […], ustedes desatan una ola de criminalidad y nosotros quitamos la comida en las cárceles […]; les juro por Dios que no comen un arroz, así que mejor estense tranquilos y déjense arrestar”, dijo el pasado 6 de abril.
Para algunos, esta represión contra los delincuentes se apoya en la seguridad y la justicia para vulnerar los derechos humanos básicos que se deben mantener en cualquier operativo policial.
La oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó recientemente su preocupación por las medidas excepcionales aprobadas en El Salvador, señalando presuntos “tratos crueles” contra pandilleros presos.
“Estamos profundamente preocupados por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas”, señaló la portavoz de la Alta Comisionada Liz Throssell, en una nota de prensa difundida en Ginebra.
De acuerdo con Throssell, desde que entró en vigencia el estado de excepción, el 27 de marzo, fuerzas policiales y del Ejército han sido desplegadas en zonas con presencia de pandillas y, “según informes”, “recurrieron al uso innecesario y excesivo de la fuerza”.
“Reconocemos los desafíos que plantea la violencia de las pandillas en El Salvador y el deber del Estado de garantizar la seguridad y la justicia. Sin embargo, es imperativo que esto se haga de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos”, agregó la portavoz de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos.
Sin embargo, muchos ciudadanos han manifestado a través de redes sociales su apoyo al presidente, alentando y celebrando las medidas que ha tomado en contra de las pandillas y sus seguidores. “Presidente, tenemos que alargar ese régimen lo que sea necesario, por mí que se quede para siempre ese régimen de cazar pandilleros y delincuentes en nuestro país”, respondió un ciudadano a uno de los trinos de Bukele.
Asimismo, miembros de la política salvadoreña también han apoyado públicamente al joven mandatario, asegurando que estas decisiones hacían falta en el país y debían ser tomadas por algún presidente.
Entre las críticas y los aplausos, en el país centroamericano continúa el estado de excepción, que pareciera dar frutos luego de que los informes de la PNC indicaran que los homicidios, la principal razón por la que la Presidencia tomó esta decisión, se han mantenido en cero durante varios días.
Así lo ha informado también el propio Nayib Bukele a través de su cuenta de Twitter, donde es bastante activo y no duda en mostrar fotografías y videos de las redadas, capturas y jornadas en los centros penitenciarios, donde la Fuerza Pública no disimula de ninguna forma el trato fuerte hacia los pandilleros y presuntos pandilleros encarcelados bajo estas medidas extraordinarias.
El récord de pandilleros detenidos se alcanzó luego que el lunes 11 de abril la Policía detuviera a 463 pandilleros y aseguró que seguirá “sin tregua contra los criminales”.
Las detenciones no tienen precedentes en los últimos 30 años en este país centroamericano, asediado por la Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, entre otras, que suman 70.000 miembros en el país, de los cuales ahora más de 26.000 estarían en la cárcel.
La reforma también incluye castigar con hasta 15 años de prisión la difusión de mensajes de pandillas en medios de comunicación. En días pasados, presos de El Salvador comenzaron a borrar grafitis que las pandillas violentas utilizan para marcar el territorio en el que operan, informó en su momento el director de Centros Penales, Osiris Luna.
“Cumpliendo con la orden del presidente Nayib Bukele hemos empezado a eliminar todos los grafitis de los terroristas a nivel nacional. Las pandillas nunca más volverán a causar zozobra, delimitar territorios ni infundir temor en las comunidades con sus grafitis”, precisó Luna en Twitter.
*Con información de la AFP.