El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, ha citado al despacho presidencial a la cuestionada fiscal general, Consuelo Porras, para conocer de primera mano su trabajo al frente de la institución tras asegurar que pedirá su renuncia al cargo.
“El presidente Bernardo Arévalo envió este viernes una invitación formal a la fiscal general, Consuelo Porras, para que el próximo 24 de enero sostengan una reunión en el despacho presidencial a las 10 horas”, indicó en una carta recogida por Emisoras Unidas.
Según se explicó en la misiva, el artículo 134 de la Constitución guatemalteca (que establece las obligaciones mínimas de los municipios y de toda entidad descentralizada y autónoma) le habilita para “coordinar las labores de la institución que dirige con la política general del Estado”.
En concreto, Porras tendrá que acudir a su oficina para informar a Arévalo “de los procesos penales vinculados a decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, así como el protocolo existente “de actuación ante medidas cautelares” del citado organismo.
De la misma forma, tendrá que brindar información, a través de un informe, sobre los “criterios de persecución penal en casos de libertad de expresión y prensa” y sobre la investigación que hay en marcha de la compra de vacunas contra la covid-19.
El presidente guatemalteco aseguró en la víspera en una entrevista con la cadena CNN que iba a pedirle la renuncia a la fiscal general. “Nosotros, en el caso de que no haya renuncia, empezaremos a emprender toda acción legal posible”, señaló.
Arévalo, antes de asumir la presidencia, acusó a Porras, así como al jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y al juez séptimo de Primera Instancia Penal de Guatemala, Fredy Orellana, de liderar un golpe de Estado en su contra.
La Fiscalía de Porras emprendió una persecución judicial contra Arévalo después de que este dio la sorpresa al colarse al balotaje en junio. También logró que un juez suspendiera al partido de Arévalo, Semilla, por supuestas ilegalidades en su conformación en 2017.
Además, la Fiscalía considera que las elecciones del año pasado son “nulas” por presuntas irregularidades en las actas que contienen los votos. Todas esas acciones fueron calificadas por Arévalo como un “golpe de Estado” para evitar que asumiera la presidencia.
Antes de los comicios, Porras arrastraba acusaciones de perseguir penalmente a fiscales, jueces y periodistas –muchos de ellos en el exilio– en represalia por sus investigaciones contra la corrupción.
La máxima instancia judicial de Guatemala anuló esta semana la junta directiva del Congreso integrada por diputados afines al nuevo presidente, Bernardo Arévalo, sin afectar su investidura, al considerar que incluye a diputados sin partido político.
La Corte de Constitucionalidad (CC) otorgó un amparo provisional a denuncias de la oposición que afirman que la nueva directiva –electa el domingo– incluyó a congresistas que fueron despojados de su partido por orden judicial y considerados como “independientes” en la anterior legislatura.
El máximo ente judicial del país ordenó repetir la elección que se espera ocurra el jueves cuando la nueva legislatura se reúna por primera vez en el pleno del Parlamento.
*Con información de la AFP.