El juicio a Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad de México, ha traído consigo serias acusaciones contra el actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, quien según uno de los testigos clave, habría recibido dinero por parte de narcotraficantes para su campaña electoral del año 2006, que perdió ante Felipe Calderón.
El abogado del exfuncionario mexicano interrogó al exnarcotraficante Jesús ‘Rey’ Zambada, testigo de la fiscalía, sobre un supuesto pago de 7 millones de dólares para el ahora mandatario. A las preguntas de César Castro, abogado defensor, el exnarcotraficante respondió que recordaba haber pagado dinero para una campaña, pero no para López Obrador.
Este supuesto pago, según la defensa, se habría hecho a Gabriel Regino cuando era secretario de Seguridad de Ciudad de México y López Obrador era alcalde.
“No lo pude haber dicho porque no es verdad”, zanjó Zambada, ante la insistencia del abogado defensor, que le preguntó por una confesión que habría hecho en 2013 a la justicia estadounidense luego de su extradición un año antes.
Las reacciones por parte de López Obrador no se hicieron esperar y se refirió al defensor como “abogado falsario, calumniador, chueco (corrupto)”, dijo en su conferencia de prensa matutina al ser cuestionado sobre el juicio que sigue en Nueva York y podría terminar hoy miércoles 15 de febrero. “Nosotros no somos mafiosos, ni somos corruptos”, añadió el mandatario mexicano.
“Resultó más derecho (legal) Zambada. Si se analiza, este abogado es parte de la misma mafia de García Luna (...) y de toda la red de delincuencia política financiera de cuello blanco”, dijo el presidente.
En el gobierno de Calderón, del conservador Partido Acción Nacional, García Luna fue nombrado secretario de Seguridad y era considerado como uno de los hombres con más poder en México.
López Obrador cuestionó además que las agencias estadounidenses encargadas del combate al narcotráfico no hayan estado enteradas de las actividades de García Luna, de su cuantiosa fortuna, de sus propiedades en Estados Unidos. “¿Por qué no declararon ellos (agentes estadounidenses)?”, dijo al tachar de “montaje” la estrategia de la defensa.
Casi cuatro semanas antes de lo previsto, está por concluir este juicio que ha llamado la atención de la opinión pública y que contó con más de 20 testigos de la fiscalía, que han desfilado por la Corte de Brooklyn. Es así como los doce miembros del jurado tendrán que determinar si García Luna es culpable o no de ayudar al cartel de Sinaloa, de Joaquín ‘Chapo’ Guzmán, a traficar cocaína.
El juicio también vinculó a altas esferas del Estado. El exfiscal de Nayarit Édgar Veytia mencionó en la Corte de Brooklyn, el nombre del expresidente Felipe Calderón (2006-2012), jefe de García Luna, quien habría dado órdenes de apoyar a la facción de Joaquín “Chapo” Guzmán –condenado a cadena perpetua en Estados Unidos– para acabar con la guerra intestina entre los carteles. Calderón lo negó de plano en un tuit.
Según varios testigos, García Luna, que rehusó declarar para defenderse en su propio juicio, habría recibido pagos millonarios de los carteles a cambio de protección.
La justicia estadounidense acusa al que fuera “superpolicía” de convertirse a partir de 2001 en “miembro de la conspiración del cartel de Sinaloa”.
Zambada aseguró haber pagado 5 millones de dólares al acusado, Sergio Villarreal Barragán alias El Grande, otro protegido de la justicia estadounidense; dijo que su entonces jefe Arturo Beltrán Leyva le hacía igualmente pagos mensuales de al menos 1,5 millones de dólares directamente a García Luna o a través de su mano derecha Luis Cárdenas Palomino.
García Luna está acusado de cinco cargos: participación en empresa criminal continua, conspiración de distribución internacional de cocaína, conspiración de distribución y posesión de cocaína, conspiración para importar cocaína y falsedad en una declaración para obtener la nacionalidad estadounidense en 2018. Podría ser condenado a entre diez años y cadena perpetua.
El Gobierno de México, que ha pedido a Estados Unidos su extradición, también reclama 700 millones de dólares presuntamente malversados por el exsecretario, acusado de supervisar la detención en diciembre de 2005 de la francesa Florence Cassez y de su exnovio Israel Vallarta, una operación denunciada como un montaje.
*Con información de la AFP.