El presidente de Perú, Pedro Castillo, afirmó que se ha desatado una “persecución política” contra él, tras la decisión de la fiscalía de incluirlo en una investigación por supuesto tráfico de influencias.
“Debo decirles con indignación, que hoy en día se ha desatado una persecución política irracional a mi persona, al presidente de la república”, dijo a la prensa Castillo en la ciudad amazónica de Iquitos.
En paralelo, un equipo de la fiscalía acudió al palacio de gobierno en Lima a buscar información sobre una supuesta contratación irregular de personal.
“Hace unas horas, he tenido que responder al personal que está en Palacio de Gobierno, donde acaba de estar nuevamente la fiscalía, entorpeciendo la labor y denigrando (mi imagen)”, manifestó el mandatario izquierdista. “No he robado ni un centavo”, agregó.
La fiscal Rosario Quico investiga desde enero la supuesta contratación irregular de personal en el palacio durante la gestión de Castillo, que inició el 28 de julio de 2021. Además, la fiscalía peruana informó el domingo que amplió una investigación a Castillo por los presuntos delitos de tráfico de influencias, organización criminal y colusión agravada.
Castillo ahora será incluido en el caso del consorcio “Puente Tarata III”, por el que se investiga si un exministro de Transportes, seis legisladores, un exsecretario general de la presidencia y dos sobrinos del mandatario integran una supuesta red criminal encabezada por el presidente.
La fiscalía señaló que “el presidente fue notificado y tendrá garantizado el pleno ejercicio de su derecho de defensa”.
La empresaria lobista Karelim López acusó al mandatario y a su entorno más cercano, incluidos los dos sobrinos, de haber formado una red criminal para adjudicar ilegalmente contratos de obras públicas.
López coopera con la fiscalía bajo el paraguas jurídico de una “colaboración eficaz” (delación premiada). Si se comprueban sus delaciones, podría obtener una menor pena en caso de que sea condenada por la justicia.
El escándalo estalló cuando la prensa reveló gestiones de López ante Castillo para que el consorcio conocido como “Puente Tarata III” ganase una licitación para construir un puente en la región amazónica de San Martín.
“Es inconstitucional”
Cabe recordar que la legislación peruana impide llevar a juicio a un presidente mientras está en el poder. Castillo finaliza su mandato en julio de 2026.
Así lo contempló la defensa de Pedro Castillo, misma que criticó también su imputación por los presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada por considerar que la Constitución otorga inmunidad al jefe del Estado. La Constitución peruana recoge la inmunidad presidencial en su Artículo 117.
“Mi cliente se declara completamente inocente. Esta apertura de la investigación, que no tiene precedente en la historia del derecho peruano, es una clara y abierta violación al Artículo 117 de la Constitución”, afirmó el abogado de Castillo, Benji Espinoza.
“Es una investigación que nace muerta porque aquel acto que se realice violando la Constitución y la ley es nulo de pleno derecho”, argumentó en declaraciones a la emisora peruana Exitosa.
Por ello, ha invitado a la fiscalía a “reflexionar” sobre su decisión de imputar a Castillo y la anule por considerar que no hay antecedentes de algo similar. Los presidentes son investigados siempre al final de su mandato.
“Si la fiscalía de la nación no lo hiciera, plantearemos una tutela de derechos para llevar esta discusión. Sería la primera vez que se discute a nivel del derecho peruano los alcances del Artículo 117 a través de una decisión del Tribunal Supremo”, añadió el abogado.
*Con información de AFP y Europa Press.