El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, se encuentra entre la espada y la pared. La Asamblea Nacional del país dio su primer gran paso hacia la consecución de un juicio político contra él.
Sin embargo, el mandatario tiene ante una batería de escenarios entre los que figuran su supervivencia política, su cese fulminante o un recurso constitucional bautizado como muerte cruzada que implicaría la renovación de todas las instituciones del país sudamericano, incluida la Presidencia y la Asamblea Nacional.
La medida se parece bastante a la que ejecutó Pedro Castillo, cuando decidió disolver el Congreso, lo cual le costó ser arrestado y perder la Presidencia de Perú.
¿Qué es la ‘muerte cruzada’?
La muerte cruzada es una fórmula consagrada en la Constitución de 2008 y a la que el presidente ha aludido en varias ocasiones durante las últimas semanas.
En ella el jefe de Estado tiene potestad para disolver la Asamblea, si considera que se cumplen ciertos criterios; por ejemplo, si hay una “grave crisis política” en el país.
El mecanismo, que nunca ha sido invocado, implica que las instituciones se disuelvan y posteriormente se harían convocatorias a elecciones parlamentarias y presidenciales.
La oposición le ha advertido a Lasso que recurrir a esta vía aumentaría aún más la tensión política y social, pero el mandatario no solo ha coqueteado con ella, sino que ha sugerido que, si hay comicios anticipados, será de nuevo candidato.
En este caso, el Consejo Nacional Electoral debería convocar en un plazo de siete días la doble cita electoral, que implicaría renovar de nuevo los dos poderes, aunque solo “para el resto de los respectivos períodos”.
En este período interino, entre la disolución y la celebración de las elecciones, el presidente tiene potestad para emitir “decretos-leyes de urgencia económica”, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.
Sondeos que se han hecho en Ecuador muestran que la ciudadanía se encuentra dividida. Cerca del 39 % de los ecuatorianos se muestran a favor de que complete el mandato, frente al 18,5 % que reclama su cese de actividad por parte de la Asamblea Nacional y 14,5 % que le piden directamente que dimita. La encuesta que mostró estas cifras fue realizada por la firma Click Report.
En esa misma encuesta se denotó que más del 28 % de las 1.900 personas entrevistadas respaldan que Lasso invoque la controversial muerte cruzada.
¿Por qué quieren sacar a Lasso del poder?
El juicio político que sacaría del poder a Lasso se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares.
El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno. Lasso, que gobierna Ecuador desde hace dos años, sostiene que no hay pruebas contra él y que toda esta campaña tiene más tintes políticos que legales.
La oposición, sin embargo, sigue avanzando y ya logró sumar 88 votos para dar luz verde al juicio político. Bastaba el apoyo de 70 de los 137 legisladores.
Lasso ahora deberá presentarse ante la Asamblea, algo que en semanas anteriores ya había confirmado que haría, para exponer su caso y defender su inocencia, antes de que se produzca una segunda y definitiva votación, para la que el umbral se eleva hasta los 92 votos.
Si la oposición alcanza esta cifra, Lasso sería automáticamente destituido. El vicepresidente, Alfredo Borrero, asumirá el cargo de jefe de Estado durante lo que resta de mandato, hasta el año 2025, por lo que no sería necesario convocar nuevas elecciones al tratarse de una renovación automática en la Presidencia contemplada en la Constitución.
*Con información de Europa Press.