Se cumple el primer año desde el inicio de la agresión de Putin a Ucrania, dando continuidad –de una manera extremadamente violenta– al intervencionismo desarrollado desde el año 2014 tras el Euromaidán y la anexión ilegal de Crimea. Las falacias argumentales en las que se envolvió el discurso del Kremlin para justificar una acción indefendible e inaceptable quedaron globalmente desacreditadas ante un uso ilegal de la fuerza armada y un atentado contra la integridad territorial de Ucrania.
La protección de la minoría rusa en el Donbás, que estaba siendo objeto de un genocidio por parte de las autoridades de Kiev, la desnazificación del Gobierno y de las fuerzas de seguridad ucraniana o el incumplimiento de los Acuerdos de Minsk I y II, alcanzados por ambas repúblicas en el marco negociador de la Osce figuraban, entre otros, junto a la potencial adhesión de Ucrania a la Otan.
El carácter neoimperialista de la acción conecta con dos elementos esenciales para la Rusia actual: el temor al contagio democrático y la imposibilidad de integrar a Ucrania en los proyectos regionales liderados por Moscú, la Unión Económica Euroasiática y la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva.
Evolución de la guerra
Desde el 24 de febrero del pasado año 2022 asistimos a un conflicto bélico marcado por el desastre humanitario, con un flujo de refugiados hacia diversos Estados europeos que supera en estas fechas los ocho millones de ciudadanos ucranianos, y a la destrucción sistemática de las infraestructuras energéticas y la devastación de la economía de Ucrania, con una caída del PIB superior al 30 %.
Tras una ofensiva inicial generalizada, cuyo propósito parecía ser una rápida toma de Kiev, acompañada del derrocamiento del gobierno de Zelenski (o su exilio), las Fuerzas Armadas rusas han ido retrocediendo hasta alcanzar una fase en el conflicto caracterizada por el estancamiento de las respectivas posiciones, coincidiendo con la campaña de invierno.
El apoyo militar occidental (Estados de la UE, Reino Unido y Estados Unidos –este último asciende a cerca de 30 000 millones de dólares–) ha permitido a Ucrania mantener el pulso ante un dubitativo Ejército ruso, cuantitativamente superior en efectivos humanos y equipamiento militar, pero que ha evidenciado notables carencias. Esto ha provocado sucesivos cambios en el mando de las operaciones, hasta acabar siendo dirigidas por el jefe del Estado Mayor, el general Guerásimov, autor de la doctrina militar sobre las guerras híbridas que lleva su nombre desde la publicación de su trabajo en el año 2013.
Errores de cálculo de Putin
Parece evidente que Putin ha cometido algunos errores de cálculo. El primero, la capacidad de resistencia de Kiev. El segundo, la reacción coordinada de una parte de la comunidad internacional, auxiliando a Ucrania y sancionando a Rusia. En un tercer ámbito, ha conseguido con su agresión aquello que constituyó un argumento esencial en el ámbito de la seguridad de Moscú: la ampliación de la Otan hasta las fronteras rusas con la adhesión de dos Estados tradicionalmente neutrales, como Suecia y Finlandia.
En último término ha provocado el efecto contrario al deseado en términos identitarios: ha reforzado la identidad étnico-cultural ucraniana del intento de absorción y dilución en la rusa, justificando una estatalidad independiente con la que Putin quería terminar.
La comisión de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad están siendo objeto de procesos de investigación. En la Corte Internacional de Justicia está en marcha una interesante maniobra ucraniana frente a la demanda presentada por Rusia en el marco de la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio. Excluida la posibilidad del crimen de agresión, parece poco probable la rendición de cuentas de Putin y de los jerarcas políticos y militares de su régimen ante la Corte Penal Internacional.
Escenarios de futuro
La evolución del conflicto sigue siendo incierta. Los pronósticos han errado sistemáticamente. Desde la caída inminente de Kiev durante los primeros días de la invasión hasta la retirada total de las tropas rusas –incluida Crimea– antes de finalizar el pasado año 2022, el escaso rigor y un mínimo de contención han estado muy presentes a la hora de reconocer la dificultad de conocer los auténticos objetivos mínimos irrenunciables de Putin en esta escalada militar.
Dos aspectos relevantes pueden coincidir en la previsible congelación del conflicto. El apoyo económico y militar occidental puede haber tocado techo por dos razones: el desgaste temporal y la pérdida de atención mediática al conflicto está afectando a las sociedades civiles que, cada vez más, van alejando el foco de interés de Ucrania. Además, los estados implicados están bordeando la línea que separa el apoyo externo de la implicación directa en el conflicto.
Por parte del Kremlin, la opción de consolidar el control territorial de las regiones ocupadas para iniciar un proceso de negociación político-diplomática que prolongase indefinidamente la fragmentación territorial de Ucrania podría ser una opción menos costosa que el mantenimiento de la guerra. La instrumentalización de este tipo de herramienta ya le ha dado sus frutos en otros conflictos en el espacio postsoviético.
En un escenario parecido, las dificultades para que Ucrania se adhiriese a organizaciones regionales como la UE o la Otan son muy notables. Por no mencionar el costo económico y temporal de una reconstrucción postbélica de la república, que se antoja muy compleja. Las consecuencias domésticas para Moscú de una eventual derrota en su “operación especial” –pérdida territorial de lo conseguido en el año 2014– provocarían el final del régimen de Putin, lo que no necesariamente supondría un líder político alternativo más conciliador. Por ello, no parece un escenario muy factible ya que podría provocar actuaciones imprevisibles, desesperadas y radicales en el ámbito militar.
Fisuras del orden internacional liberal
En cualquier caso, parece que el orden internacional liberal imperante presenta notables fisuras y la fragmentación regional está ya presente. Apoyados en valores y principios propios (eurasianismo), potencias revisionistas del ordenamiento jurídico internacional como Rusia o China (con otros socios relevantes) han empezado a trazar sus propias agendas y alianzas estratégicas al margen del institucionalismo global.
La incipiente comunidad de autocracias cuenta, además, con una vocación expansionista que penetra en continentes como África. La protección global del derecho internacional humanitario, de los derechos humanos y el respeto del derecho internacional contemporáneo están claramente amenazados; la agresión a Ucrania lo evidencia plenamente.
Por: José Ángel López Jiménez
Profesor de Derecho Internacional Público, Universidad Pontificia Comillas
Artículo publicado originalmente en The Conversation