El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, ha puesto este miércoles 3 de agosto su cargo a disposición del presidente, Pedro Castillo, argumentando su decisión en “razones personales”.

“Me retiro del cargo después de haber servido conjuntamente con usted a nuestra patria, especialmente al pueblo más postergado y olvidado”, ha señalado Torres un comunicado dirigido a Castillo y publicado en sus redes sociales.

El hasta ahora jefe de Gobierno ha aprovechado para agradecer el mandatario la confianza depositada en él y ha anunciado que regresará a su cargo como docente en el ámbito universitario.

“Le deseo a usted, señor presidente, amigo presidente, el mejor de los éxitos en su gestión”, ha concluido.

Torres, quien estuvo al lado de Castillo durante el periodo de campaña, asumió el cargo al frente del Ejecutivo peruano a comienzos de febrero después de haberse desempeñado como ministro de Justicia.

Pese a que el premier peruano no ha remarcado que su renuncia sea irrevocable, parece que Castillo deberá nombrar un nuevo jefe de Gobierno, el que será el quinto en poco más de un año de mandato.

Fiscalía de Perú amplía una de las investigaciones contra el presidente Pedro Castillo

La Fiscalía de Perú ha anunciado el pasado lunes su decisión de ampliar la investigación preliminar contra el presidente, Pedro Castillo, incorporando a dos asesores de la Presidencia en el caso por la presunta comisión de delitos de organización criminal.

“La fiscal de la nación ha dispuesto ampliar la investigación preliminar al presidente de la República por el presunto delito de organización criminal e incorporar como investigados, por este delito, a Beder Camacho y Eder Vitón”, ha expresado el Ministerio Público en un comunicado en Twitter.

Concretamente, la Fiscalía ha decidido introducir en la investigación al subsecretario de la Presidencia, Beder Camacho, por presuntamente encubrir al exasesor de Castillo Bruno Pacheco, que estuvo prófugo de la Justicia durante casi tres meses, según ha informado el diario peruano La República.

En cambio, al asesor del gabinete técnico de la Presidencia, Éder Vitón, se le imputan delitos de organización criminal, según el citado diario.

El pasado 23 de julio, la Fiscalía peruana decidió abrir una investigación contra Castillo por presunto delito contra la administración de justicia o encubrimiento personal, después de que el exministro del Interior Mariano González le acusase de obstruir la Justicia.

González acusó al mandatario peruano de obstaculizar el trabajo de los Servicios de Inteligencia del país para que no dieran con el paradero de los prófugos Bruno Pacheco, Juan Silva y Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente.

Reprochan a Castillo su señalamiento a una cadena de televisión

La Defensoría del Pueblo ha recriminado este martes al presidente del país, Pedro Castillo, sus críticas a la cadena Panamericana de Televisión por publicar información supuestamente falsa sobre presuntas comisiones y ha incidido en que los funcionarios públicos están sujetos a “un mayor escrutinio y a la crítica ciudadana”.

La cadena de televisión adelantó el lunes que el exasesor de Castillo Bruno Pacheco habría confirmado ante la Fiscalía que el mandatario recibió comisiones por el nombramiento de Hugo Chávez Arévalo al frente de la empresa petrolera estatal Petroperú.

Tras esto, Castillo salió al paso para desmentir estas informaciones y anunció que interpondrá una denuncia a Panamericana de Televisión por difundir “noticias falsas cuyo único fin es engañar y manipular a la ciudadanía”.

Ahora, la Defensoría del Pueblo ha lanzado un mensaje en su perfil de la red social Twitter para recriminar la actitud del mandatario, recordando que “en democracia, los funcionarios públicos están sujetos a un mayor escrutinio y a la crítica ciudadana”.

“El uso indebido de la legislación penal o administrativa por quien ejerce el poder político puede considerarse como un mecanismo de censura”, ha advertido el organismo, que ha incidido en que “la libre circulación de ideas y noticias sobre asuntos vinculados al Gobierno garantiza transparencia y control de la gestión pública”.

Según ha informado la mencionada cadena de televisión, Pacheco habría confirmado al Ministerio Público que el presidente recibió hasta 30.000 soles -algo menos de 7.500 euros- mientras que él mismo percibió hasta 15.000 soles -algo más de 3.700 euros- por nombramientos en Petroperú.

La Fiscalía sostiene que tanto el presidente como su exasesor -prófugo de la justicia durante casi tres meses- habrían sido miembros de esta organización, la cual se habría dedicado a entregar concesiones de obras públicas a empresas privadas a cambio de sobornos.

*Con información de Europa Press.