El plan de Tokio de descargar al océano agua tratada de la central de Fukushima generó distintas reacciones a nivel internacional y entre ellos la autoridad aduanera de China que anunció que prohibirá la importación de productos alimenticios de diez prefecturas japonesas.
El organismo señaló que por motivos de seguridad “prohibirá la importación de alimentos de diez prefecturas de Japón, incluida Fukushima” y llevará a cabo test de radiación en los productos llegados del resto del archipiélago nipón.
A través de un comunicado en la red social WeChat, en el que no se da información sobre las prefecturas afectadas, China indicó que sus aduanas “mantendrán un alto nivel de vigilancia”.
En 2011 un terremoto y tsunami de magnitud 7,3 provocó uno de los accidentes nucleares que mantuvo en vilo al mundo, debido al nivel de destrucción que afectó la planta nuclear de Fukushima. Desde el accidente nuclear se han acumulado en la central 1,33 millones de metros cúbicos de agua subterránea, de lluvia y del sistema de refrigeración de la planta.
Por eso, el plan japonés de descargar durante décadas el agua almacenada en la devastada planta nuclear recibió la luz verde del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).
La evacuación del agua debe empezar en este verano, pero el temor a lo que pueda ocasionar ha generado el rechazo de algunos vecinos, especialmente China, y de residentes de Fukushima, como las comunidades pesqueras que temen perder clientela por temores a la radiación.
Para el ministerio de Relaciones Exteriores de China el informe favorable del OIEA no puede considerarse “una luz verde” al plan de Tokio y advirtió contra los riesgos desconocidos para la salud humana.
A pesar de las críticas, el operador de la central señala que el sistema de procesamiento del agua residual elimina casi todos los radioisótopos excepto el tritio y que el agua tratada y diluida no dista de la vertida en otras plantas nucleares en el mundo.
Pero los argumentos aún no convencen a Pekín por lo que su autoridad aduanera fue enfática al señalar que “Japón todavía tiene muchos problemas en cuanto a la legitimidad del vertido en el océano, la fiabilidad del equipamiento de purificación y al monitoreo completo del plan”.
El Gobierno de Corea del Sur subrayó el pasado martes que dará máxima prioridad a la salud y la seguridad de sus ciudadanos, después de que el OIEA diera ‘luz verde’ al plan de Japón de liberación al mar de agua tratada procedente de la central nuclear de Fukushima.
La oficina del presidente Yoon Suk Yeol indicó, no obstante, que “respeta el informe del OIEA, que es la principal organización internacional afiliada a Naciones Unidas en materia de seguridad de la energía nuclear”, informa la agencia de noticias Yonhap.
El informe, de vital importancia para el inicio del procedimiento, fue presentado por el director general del organismo, Rafael Grossi, durante una visita al país asiático, donde se reunió con el primer ministro, Fumio Kishida, precisamente para abordar este asunto.
Durante los dos últimos años, el grupo de trabajo del OIEA ha realizado cinco misiones en Japón y ha publicado seis informes técnicos sobre el asunto. Además, los equipos de expertos han visitado la zona en varias ocasiones para analizar la situación.
“El OIEA seguirá ofreciendo transparencia a la comunidad internacional mediante datos verificables e informes científicos que permitan mostrar su entendimiento durante todo el proceso”, ha manifestado Grossi antes de manifestar que las revisiones del organismo continuarán “a medida que se lleva a cabo el vertido”.
Japón conmemoró este año el duodécimo aniversario del triple desastre del 11 de marzo de 2011, cuando uno de los terremotos más violentos jamás registrados en el mundo provocó un tsunami, que desató la catástrofe nuclear de Fukushima.
Con información de AFP y Europa Press