Que la lectura hace mejores o peores a las personas no lo puede decir nadie. Lo que sí se puede decir es que para muchos es una fuente de liberación, de formación y de placer. En el Reino Unido (precisamente en Inglaterra y Gales), le acaban de cortar esa fuente –ese derecho– a los internos de las cárceles. Chris Grayling, ministro de Justicia, ha impuesto una polémica medida que prohíbe a los internos no solo recibir libros, sino cualquier tipo de envíos, a menos que se demuestren “circunstancias excepcionales”, como problemas de salud. El ministro alega que el objetivo de la medida es incentivar a los internos a que se porten bien y así puedan recibir dinero para comprar esos objetos dentro de la prisión. Además, Grayling explica que es “logísticamente imposible” revisar los 4,5 millones de paquetes que recibirían las prisiones si cada uno de los 85.000 internos recibiera un paquete cada semana. Hasta el momento, sin embargo, estos argumentos no parecen justificar la prohibición y la medida ha caído muy mal en la opinión pública. Más de 80 destacados autores británicos firmaron una carta en la que le solicitan al ministro que reformule la regulación. “Estamos muy preocupados por las nuevas normas que prohíben a los amigos y familiares el envío de libros a los presos. (…) Los libros representan una posibilidad de hacer la vida llevadera tras las rejas, una manera de alimentar la mente y de ocupar las muchas horas que los presos pasan encerrados en sus celdas. En un lugar sin conexión a internet y con limitados servicios de la biblioteca, los libros se convierten en lo más importante”, señalan en un aparte de la carta que enviaron al diario The Telegraph, el preferido del ministro. La misiva está firmada, entre muchos otros, por Alan Bennett, Salman Rushdie, Ian McEwan, Irvine Welsh y Nick Hornby. Opositores, además de los escritores, han recogido más de 15.000 firmas, las necesarias para emprender acciones legales contra la nueva regulación. Esta controversial prohibición rige desde noviembre del año pasado, pero hasta ahora se ha hecho pública gracias a un artículo publicado en la página web politics.co.uk, en la que Frances Crook, directora de la Howard League para la Reforma Penal, explicó el impacto que ha tenido la medida. “Claro que las prisiones han de tener sistemas para incentivar el buen comportamiento. Pero castigar la lectura es tan repugnante como estrambótico”, señala en el artículo. Y es que resulta apenas lógico que alguien que pasa 16 horas solo encerrado en una celda busque refugio en los libros. Crook además rechaza las razones que da el ministro. En el artículo afirma que “la mayoría de los prisioneros en un régimen convencional pueden ganar un máximo de 10 o 15,50 libras a la semana, lo que significa que necesitarían invertir casi todo lo ganado en una semana para poder comprar un solo libro. Ni el más ávido de los lectores suele gastar todo su salario en lectura”. “Mucha gente nos dice que es en la cárcel donde comenzaron a leer, y que eso tuvo un impacto positivo en el resto de sus vidas”, asegura Cathy Rentzenbrink, directora de la campaña de promoción de la lectura Quick Reads, en un artículo publicado en la revista literaria The Bookseller. El novelista Mark Haddon, quien impulsó la recolección de firmas, la ha considerado “un castigo adicional, maligno y sin sentido”. Susan Hill, otra autora reconocida, reiteró que “una sociedad se juzga por la forma en que trata a sus prisioneros”. Y que “prohibir libros es lo primero que hacen los dictadores en un Estado totalitario”. Lo invitamos a leer 'Educación tras las rejas'.