A través de una rueda de prensa entregada este martes desde la ciudad de Lima, la presidenta de Perú, Dina Boluarte, lamentó el aumento de los escenarios de protestas violentas que se vienen adelantando en la mayor parte del territorio de su país e hizo un llamado a la calma y el “entendimiento entre hermanos”.
En medio de su intervención, la presidenta Boluarte cuestionó quién o quiénes son los verdaderos beneficiados con la desestabilización social derivada de las protestas, advirtiendo que los hechos vandálicos y violentos que se toman la mayor parte del país van realmente en detrimento del mismo pueblo.
En ese sentido, Boluarte citó los hechos ocurridos al norte del país, y condenó una información conocida este martes sobre la afectación de una planta potabilizadora de agua en el norte del país, advirtiendo que no existen razones reales para que ocurra esa clase de afectación a un servicio público, pues con ellos son los mismos habitantes locales los que resultan perjudicados.
Sobre esta acción, Dina Boluarte envió un mensaje a los manifestantes para devolver la calma a Perú, y a la Fiscalía para identificar a los promotores y responsables de hechos como el que atenta contra la prestación del servicio de agua potable para emprender las correspondientes acciones de castigo.
“Esa situación de crisis no beneficia al pueblo peruano, pero sí nos perjudica a todos”, sentenció la mandataria, quien afirmó que “no podemos atentar contra la vida, la salud y la integridad de las personas”.
En ese sentido, y ante el recrudecimiento de las protestas que han comenzado a tomarse otras de las provincias del país, la presidenta anunció la conformación del ‘gabinete de gestión de crisis’, conformado por varios de sus ministros y altos mandos de la fuerza pública para monitorear lo sucedido en las distintas regiones del país, y estudiar desde allí las mejores medidas.
¿Estado de Emergencia nacional?
En ese sentido, la presidenta también afirmó que la tarde de este martes, se evaluará la pertinencia de ampliar el Estado de Emergencia, otrora decretado en la zona sur del país, para que ahora cobije a todo el territorio nacional.
“Espero que no tengamos que llegar a estos extremos”, sentenció la mujer, quien reiteró su llamado a " la calma, a la paz, y a que podamos vivir como hermanos”.
Sobre el particular, la mandataria aclaró que con las acciones violentas, son los mismos manifestantes quienes deslegitiman su actuar y cierran las puertas al diálogo.
“Si no sé que están reclamando, ¿cómo vamos a entendernos?”, sentenció Boluarte, recordando que en varias regiones del país, este martes, los ministros de su gabinete acudieron personalmente para buscar instalar las mesas de diálogo que permitan fijar los puntos a negociar para conseguir apaciguar la protesta.
Boluarte cuestionó si las manifestaciones están movidas realmente por peticiones de índole social, o si estas están relacionadas con intereses políticos que realmente están en detrimento de todos.
¿Qué implica el Estado de Emergencia?
Actualmente, y según se dictó la tarde anterior, el Estado de Emergencia fue dictado en la provincia de Apurímac, donde la disposición prevé la suspensión, por espacio de 60 días del ejercicio de Derechos Constitucionales, referidos a " inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito por el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales”.
De ser decretado el Estado de emergencia a nivel nacional, estas serían las medidas a aplicar en todo el territorio peruano.
En medio de la evaluación para determinar la pertinencia de la medida, también ha trascendido, en información corroborada por la misma presidenta en la rueda de prensa, que este martes, fueron citados los miembros de la cúpula del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Perú en el Palacio de Gobierno, para, de la mano con los ministros y la presidenta, determinar la necesidad o no de la medida a nivel nacional.
Pese a que Boluarte ha advertido que desconoce las peticiones del pueblo en protesta, las peticiones de la población se conocen desde el pasado miércoles, fecha en la que iniciaron las manifestaciones tras la destitución y encarcelamiento de Pedro Castillo Terrones.
En ese sentido, el llamado de la población es a que se llame en el menor tiempo posible a unas nuevas elecciones, se convoque una constituyente, se disuelva el Congreso, y se libere al expresidente.