En promedio, el gobierno del izquierdista Pedro Castillo ha protagonizado un escándalo cada tres días, según un análisis del diario El Comercio. Esta cifra ilustra lo que ha sido la administración actual de Perú, que desde el momento de su llegada ha estado envuelta en polémicas y cuestionamientos.
No había siquiera asumido el poder cuando ya estaba hasta el cuello de críticas. Tuvo que aplazar la posesión presidencial porque no había podido completar su gabinete y, desde entonces, no ha configurado un Gobierno estable, pues tuvo más de 60 ministros distintos durante un año y cuatro meses al mando del país.
Más allá de la incapacidad total para administrar al Perú, los escándalos de corrupción son lo que más ha manchado la imagen de este presidente, a quien se lo acusa de liderar una empresa criminal para beneficiar a su familia y allegados por medio de contratos corruptos. Todo esto le ha valido para unas largas investigaciones acerca de su papel, que aún no ha sido definido, pero en las que la misma Fiscalía lo ha acusado de ser un delincuente.
En la última semana, Castillo ha pasado por sus horas más bajas. El fin de semana tuvo que enfrentarse a unas duras protestas que coparon multitudinariamente el centro de Lima y otras ciudades del país, exigiendo la renuncia del mandatario por sus múltiples escándalos y actuaciones. Según la última encuesta de Datum, su popularidad es del 26 por ciento.
La relación entre el Congreso y el Gobierno parece totalmente rota. No le aprueban los proyectos a la administración de izquierda, ha tenido que rogar para que le permitan salir del país, ya que temen que pueda huir de sus cuentas pendientes con la justicia y, en general, cada interacción del presidente con los legisladores es un nuevo drama político.
Totalmente desesperado por la situación, Castillo y los seguidores que le quedan convocaron la ‘Toma de Lima’ el pasado jueves, en la que los manifestantes respaldaron la gestión del presidente. Pero lo que ha preocupado son las voces que piden que se cierre el Congreso, algo que cada día va tomando más fuerza no solo entre las filas que apoyan al mandatario, sino dentro del Gobierno. El mismo Castillo se reunió horas antes con los líderes de la protesta.
Es tal la tensión que se vive en el país que incluso el primer ministro, Aníbal Torres, declaró: “Nosotros vamos a hacer uso de todas las acciones que nos permite la ley, tanto ante los órganos internos como ante los organismos internacionales”. Esto, frente a la pregunta de si han considerado un cierre del Congreso. Por ahora, esta posibilidad sigue en el aire y va tomando fuerza poco a poco.
El momento no puede ser más asfixiante para el presidente peruano. Él mismo ha denunciado que existe un complot para sacarlo del Gobierno y ha tenido que recurrir a los organismos internacionales para que defiendan su gestión. La OEA tendrá una misión especial del 20 al 22 de noviembre en la que analizarán la situación del país y si, en realidad, están planeando sacar al mandatario del poder.
Castillo ha encontrado en el Congreso a su peor enemigo. En las últimas horas trascendió que una comisión del Legislativo busca procesarlo e inhabilitarlo por “traición a la patria”. Pero, por otra parte, aún no consiguen las 87 firmas necesarias para declararle la vacancia al presidente, pues solo hay 60. Mientras tanto, los procesos judiciales siguen en firme y el presidente se ve más y más asfixiado.