Por el delito de colusión agravada en la contratación de la excuñada de un ministro del gobierno de Dina Boluarte, el partido Juntos por el Perú había interpuesto una petición ante el congreso para interrogar al primer ministro Alberto Otálora, actualmente investigado por la Fiscalía.
La moción fue rechazada con 31 votos a favor de los 40 votos necesarios para ser aprobada y buscaba sentar al primer ministro frente al pleno de la Cámara para que respondiera con pruebas las acusaciones en su contra por la contratación de Carola Rodríguez como asesora en el Ministerio de Trabajo.
El ministro Otálora aseguró que no ha tenido nada que ver en esa contratación y asegura que “hace varios años” que no tiene contacto alguno con Rodríguez, a la que califica de “profesional destacada”.
Por su parte, Alfonso Adrianzén, ministro de Trabajo de Perú, afirma que este proceso “ya fue explicado” y que no recibió indicación alguna del primer ministro para contratarla.
La Fiscalía sospecha que Otárola y Adrianzén contrataron a la excuñada del primer ministro como asesora de Trabajo con un sueldo de mensual de 15.500 soles -3.600 euros-, según reveló el semanario Hildebrandt en sus Trece.
El primer ministro de Perú designó a Adrianzén como su secretario general hasta que le nombró encargado del Ministerio de Trabajo tras la dimisión del exministro Eduardo García, que presentó su renuncia en protesta por las muertes registradas durante las movilizaciones sociales a nivel nacional contra el gobierno de Dina Boluarte.
A diferencia de Otárola, quien sí tendrá que comparecer ante el Congreso es el ministro del Interior, Vicente Romero Fernández, con motivo de la intervención policial en la Universidad de San Marcos, en el marco de unas protestas contra el gobierno de Dina Boluarte que han dejado cerca de 60 muertos.
Quienes también podrían ser interpelados, si prosperan las propuestas, son el ministro de Educación, Óscar Becerra, por unas declaraciones racistas sobre las mujeres de la comunidad aimara, a las que comparó con animales y acusó de exponer a sus hijos frente a la violencia de las protestas que se viven desde hace semanas.
“Ni siquiera los animales exponen a sus hijos. (...) ¿Se les puede llamar madres a las que llevan a sus hijos y los exponen a la violencia de la cual estamos siendo testigos? ¿A ese extremo de manipulación podemos llegar?“, dijo el ministro Barrera.
Por otro lado, la derecha -representada por Fuerza Popular y Renovación Popular- presentó este jueves 9 de marzo una propuesta para interpelar al ministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta, por los seis militares que murieron ahogados en Puno cuando huían de un grupo de manifestantes que les recibieron lanzándoles piedras.
El pasado jueves 2 de marzo, el Congreso de Perú había citado al ministro Alberto Otárola, para que rindiera cuentas sobre la gestión del Gobierno y explicara el porqué de la actuación policial contra los manifestantes durante las protestas contra la presidenta Dina Boluarte.
En esa ocasión, la bancada progresista de Cambio Democrático y Juntos por el Perú presentaron una moción de interpelación contra el jefe de Gobierno para que responda ante el Parlamento andino por las acciones adoptadas por el Ejecutivo, entre las que resalta la actuación policial en las protestas y que se ha cobrado la vida de más de 60 personas.
“Interpelar al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, a fin de que concurra al Pleno del Congreso para que responda respecto de las acciones del Gobierno que han llevado a que el Perú sea calificado como un país no democrático”, se lee en el documento.
*Con información de Europa Press.