El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, invocó este miércoles la ‘muerte cruzada’, una fórmula constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria tanto de elecciones legislativas como presidenciales, argumentando que hay una “grave crisis política” derivada del juicio político contra él.
Menos de 24 horas después del arranque de este juicio político, Lasso firmó un decreto con el que ya había amenazado previamente y que obliga al Consejo Nacional Electoral (CNE) a fijar la fecha de nuevas elecciones en los próximos siete días.
Los ecuatorianos estarán llamados de nuevo a las urnas en un plazo máximo de tres meses para designar diputados y presidente para el período que resta de sus respectivos mandatos, hasta 2025.
Lasso afirmó que ser presidente, “un honor sin comparación”, implica “tomar las decisiones adecuadas y necesarias que cada momento histórico demanda (...) Hoy es un día en el que tengo una obligación de dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado Ecuador”, declaró en un discurso a la nación acompañado de miembros de su gabinete.
El mandatario considera que el Parlamento, dominado por la oposición, “tiene como proyecto político la desestabilización del Gobierno, de la democracia y del Estado”. A día de hoy, apuntó, “no es posible avanzar” en Ecuador por la actividad de una Asamblea que no lleva a cabo tareas de “fiscalización”, sino que se limita a la “obstrucción”.
La oposición señaló que quiere “usurpar” todos los poderes del Estado, impulsada por un “sobrehumano rencor”, en palabras del presidente.
“Han sido incapaces de encontrar prueba alguna en mi contra porque no hay nada que encontrar, absolutamente nada”, sentenció durante su discurso, en el que ha vuelto a defender la inocencia, tal como hizo en la sesión parlamentaria del martes.
El juicio se basa en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares. El contrato en cuestión sigue vigente, aunque se firmó en 2020, durante el Gobierno de Lenín Moreno, algo que ha recordado Lasso.
“Admito errores en mi gestión, pero soy un demócrata y he procurado que las soluciones sean siempre constitucionales y legales”, señaló.
El presidente, que entiende que la “aspiración mayoritaria” de la ciudadanía pasa por poner fin a una “confrontación irracional e inútil”, explicó que convocar elecciones devuelve a los ecuatorianos “el poder de decidir su futuro”. Se abre el camino a “recuperar esperanza”, añadió.
La medida deja margen al Gobierno para aprobar decretos de urgencia económica y Lasso ya confirmó la emisión de uno que contempla una rebaja de impuestos, ya “sin bloqueos” y pendiente ahora de la revisión de la Corte Constitucional.
Adelantó que habrá más, en un contexto en que la economía y la inseguridad parecen copar las preocupaciones ciudadanas.
Precisamente Lasso citó en su decreto la “ola de violencia sin precedentes” y los movimientos de la Asamblea para “obstaculizar” las medidas promovidas desde el Gobierno. El mandatario recordó que esta “grave crisis de seguridad” obligó a declarar el estado de excepción en diez ocasiones.
“Autogolpe de Estado”
“Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional mantienen y mantendrán inalterable su posición de absoluto respeto a la Constitución”, expresó el general Nelson Proaño, jefe de las Fuerzas Armadas ecuatorianas, en un video difundido por el Ministerio de Defensa.
En junio pasado el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.
Leonidas Iza, titular de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie) (que participó en el derrocamiento de tres presidentes entre 1997 y 2005), reaccionó en Twitter: “Al no contar con los votos necesarios para salvarse de su inminente destitución Lasso da un cobarde autogolpe de Estado con ayuda de Policía y FF. AA., sin apoyo ciudadano, convirtiéndose en una inminente dictadura”.
Lasso explicó su decisión como “una salida constitucional al Ecuador”, que entre 1996 y 2007 ganó fama de ingobernable, pues tuvo siete mandatarios, hasta la asunción del socialista Correa.
La discusión de la moción contra Lasso debía continuar este miércoles en el Congreso antes de un llamado a votación sobre su destitución.
El mandatario defiende su inocencia y alega que el juicio es “contradictorio, confuso, ilegal e ilegítimo”.
*Con información de la AFP y Europa Press.