Como un logro calificaron las organizaciones de Venezuela el anuncio de una investigación por parte de la Corte Penal Internacional al régimen de Nicolás Maduro por posibles crímenes de lesa humanidad durante la represión de manifestaciones antigubernamentales en 2017.
Para muchos líderes opositores de ese país, esto implica que se conozca de una vez por todas la verdad de lo ocurrido y que las víctimas por fin tengan justicia, después de varios años.
Al respecto, el líder opositor venezolano Juan Guaidó aseguró que la decisión de la CPI “reivindica el derecho a la justicia” para las víctimas de presuntos crímenes de lesa humanidad y ratificó el compromiso del sector opositor que representa en colaborar con la investigación.
Por su parte, el primer vicepresidente de la Asamblea presidida por Guaidó, Juan Pablo Guanipa, también aplaudió la postura de la CPI. “No tenemos idea del avance que significa esta decisión. El caso venezolano ofrece al fiscal elementos que justifican el pase a la fase de investigación”.
En ese sentido, la diputada y defensora de DD.HH., Adriana Pichardo reiteró que todo esto ocurre gracias a las denuncias y documentación que por años se han llevado a cabo y que no lograron cambiar ni “torcer” la realidad “para que las víctimas hoy se vean más cerca de la justicia”.
Asimismo el fiscal de ese organismo, Karim Khan, “ha concluido el examen preliminar de la situación en Venezuela” y “ha determinado que procede abrir una investigación”, apunta el documento, en el que la CPI y el gobierno de Maduro acuerdan que el país “adoptará todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia”, con “el apoyo y el compromiso activo” de la CPI.
Pactaron igualmente “establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes”, según el texto leído en un encuentro entre Khan y Maduro en el palacio presidencial de Miraflores, en Caracas.
La CPI, con sede en La Haya (Países Bajos), abrió un examen preliminar en 2018 por la acción de efectivos de seguridad en protestas que dejaron un centenar de muertos un año antes, caso que ahora pasa a la próxima fase. “Les pido a todos, a medida que entramos en esta nueva etapa, que den a mi oficina el espacio para hacer su trabajo”, comentó Khan.
“Respetamos su decisión como Estado, aunque le hemos manifestado que no la compartimos”, indicó Maduro.
Khan, quien llegó el domingo a Venezuela en una visita de tres días, saludó el “diálogo constructivo” en reuniones con Maduro, su vicepresidenta, Delcy Rodríguez, el fiscal general, Tarek William Saab, y representantes de la Corte Suprema.
“Estoy plenamente consciente de las fallas que existen en Venezuela, la división política que existe. No somos políticos, nos guiamos por el principio de legalidad y el Estado de derecho”, insistió el funcionario de la CPI.
La antecesora de Khan, Fatou Bensouda, dijo que existía “base razonable” para creer que se cometieron crímenes contra la humanidad y habló de una “inacción” de las autoridades venezolanas.
“Hay diferencias de criterio sobre lo que sucedió en el llamado examen preliminar”, reaccionó Maduro. “La llamada fase de examen preliminar no le permitió al Estado venezolano conocer la documentación y el contenido que se evaluaba”.
La justicia venezolana ha imputado a unos 150 efectivos policiales y militares por violaciones de derechos humanos desde 2017, según el Ministerio Público. La oposición considera que estas acciones se tomaron únicamente evitar el proceso judicial internacional.
“No descansaremos”
Khan, quien tiene previsto volver a Venezuela en una fecha por definir, dijo haberse reunido con “organizaciones nacionales e internacionales” antes y durante su visita.
Sin embargo, familiares de víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos pidieron en pequeñas protestas callejeras ser “escuchadas”.
Este miércoles, una veintena de personas protestó frente a la sede del servicio de inteligencia, donde están recluidos opositores presos.
“No descansaremos hasta que haya justicia”, dijo a la prensa Andreina Baduel, una de las hijas del general Raúl Baduel, viejo aliado de Hugo Chávez que rompió con él y con Maduro y que murió el mes pasado en prisión.
Su hermano, Josner Baduel, está también detenido acusado de conspirar contra el gobierno.
La agenda de Khan no contempló tampoco una reunión con el líder opositor Juan Guaidó, reconocido presidente encargado de Venezuela por medio centenar de países.
Guaidó celebró la investigación: “Reivindica el derecho de obtener justicia que ha sido denegada en Venezuela para las víctimas y sus familiares”.
“Ratificamos nuestra lucha por la justicia”, añadió en Twitter, mostrándose dispuesto a “colaborar con todas las investigaciones que contribuyan a la determinación de la verdad y al establecimiento de responsabilidades penales”.
Rafael Uzcátegui, coordinador de la ONG defensora de derechos humanos Provea, estimó en esa red social que la investigación de la CPI “ratifica que: Sí ocurrieron crímenes contra la humanidad y (...) no han sido investigados debidamente hasta ahora. Se derrumba la estrategia de simulación oficial promovida atropelladamente”.
*Con AFP