Las divisiones en Estados Unidos siguen en aumento después de que, el lunes, autoridades del Departamento de Justicia y el FBI allanaron la residencia de Donald Trump en el ostentoso complejo de Mar-a-Lago, en Florida. Todo en busca de documentos que el republicano se había llevado de la Casa Blanca, pero toda la situación parece más compleja aún. “Mi hermosa casa, Mar-A-Lago en Palm Beach, Florida, está actualmente sitiada, allanada y ocupada por un gran grupo de agentes del FBI”, contó el expresidente recién empezó la operación de la justicia norteamericana en su residencia. Trump estaba presente cuando se ejecutó el procedimiento, pero no se le permitió acercarse a la escena.
“Les pidieron a todos que se fueran del lugar, querían estar solos, sin testigos para ver qué hacían, tomaban o, lo que espero que no haya sucedido, ‘colocaban’. ¿Por qué insistieron tan fuertemente en que nadie los pudiera observar y sacaron a todos?”, señaló Trump. Según lo conocido por las autoridades, en el allanamiento se buscaban documentos oficiales, y hasta clasificados, que el expresidente habría conservado después de su paso por la Casa Blanca, por lo cual el Departamento de Justicia tuvo que ir a verificar si dichos archivos estaban en Mar-a-Lago. Se dice que se llevaron varias cajas de la residencia de Trump.
Toda la situación ha desatado una nueva crisis en Estados Unidos. Los seguidores del expresidente no se quedaron callados, aseguran que todo es parte de una operación planeada del Gobierno de Joe Biden con el fin de sacar a Trump de la carrera para volver a ser presidente en 2024. Pero todo el asunto parece más complicado, porque no era la primera vez que se llevaban documentos de la residencia de Trump, por lo que se cree que la justicia sabía que el expresidente aún tenía varios archivos en su poder.
De parte del presidente Biden, se supo que nunca tuvo conocimiento del procedimiento y recriminó a sus asesores por no haber sido informado al respecto. Toda la situación, si bien pareciera ser una cruz más sobre la espalda de Trump, más bien es algo que lo puede beneficiar de gran manera al entrar de manera perfecta en su retórica de estar siendo perseguido por el Gobierno de Joe Biden, así como contribuir al discurso renovado del exmandatario de incitar el extremismo de sus seguidores e impulsar teorías de conspiración.
Con todo esto en mente, el allanamiento de Mar-a-Lago solo puede terminar beneficiando a Trump de cara a su campaña para 2024. De hecho, ya varios miembros del Partido Republicano han salido en defensa del magnate, que busca sumar apoyos. “La redada del FBI no tiene precedentes para Estados Unidos, pero es familiar para aquellos en Florida que huyeron de naciones donde la oposición política era criminalizada”, dijo el senador Marco Rubio, que se sumó a otros congresistas republicanos. Además, toda esta situación llega en el peor momento para los demócratas y en el mejor momento para Trump y el Partido Republicano, porque a menos de tres meses de las elecciones intermedias, el exmandatario intentará por todos los medios irradiar su discurso extremista y poder lograr las mayorías del Congreso.
Eso sí, la situación de Trump no es fácil porque esta investigación podría llegar a tener efectos legales, ya que el mal uso de información clasificada se constituye como delito federal. Si bien no se le ha acusado formalmente de nada en este caso, varios expertos concluyen que este proceso podría llevarlo hasta la cárcel. Asfixiado por la ley. Pero este no es el único aprieto legal que tiene al expresidente Trump contra las cuerdas de la justicia norteamericana, ya que desde su salida de la Casa Blanca ha atravesado duros problemas legales que, incluso, podrían llegar a truncar sus intenciones de aspirar a la presidencia en 2024.
El desafío legal más grande que enfrenta se refiere a su actuación durante el asalto al Capitolio en enero de 2021, ya que un comité especializado de la Cámara de Representantes ha compilado una dura serie de testimonios y pruebas en contra del exmandatario, que demostrarían su intención de provocar disturbios y su inacción durante dichas revueltas. La conclusión del comité, hasta ahora, es que Trump sabía que había perdido las elecciones y en un acto desesperado intentó revertir el resultado de los comicios con los disturbios que provocaron la muerte de cinco personas. Además, se refieren a la negligencia del mandatario y sus asesores durante el suceso, y que de no ser por el vicepresidente Mike Pence habría sido una tragedia mayor.
El segundo caso va relacionado con el primero: un fiscal formó un grupo de investigadores para determinar la responsabilidad de Trump en una serie de denuncias en su contra. Se le acusa de haber presionado a distintos funcionarios para que “encontraran los votos” que le hacían falta para poder vencer a Biden. Entre las personas que habrían sido víctimas de dichas presiones políticas están el gobernador de Georgia, el fiscal general y el investigador jefe del secretario de Estado. La idea era, de alguna manera, crear dudas sobre la legitimidad de las elecciones y poder quedarse en el cargo, a pesar de haber perdido claramente en las urnas contra el candidato demócrata.
“Donald Trump no solo quería que el Departamento de Justicia investigara, quería que lo ayudara a legitimar sus mentiras; que sin sustento calificara la elección como corrupta”, dijo el jefe del comité, Bennie Thompson, acusando al exmandatario de usar a las autoridades del país para su beneficio político. Y el tercer caso va más ligado a la actividad empresarial del expresidente, ya que se acusa a la Organización Trump de tener prácticas ilícitas de comercio, así como denuncias de engaño a clientes y prestamistas al inflar el precio de sus propiedades inmobiliarias. Según el comité, Trump incrementaba los precios para poder adquirir préstamos, y luego los bajaba para conseguir impuestos favorables, lo cual se traduciría en un fraude, a todas luces, si se llegase a comprobar. Para el fiscal que acusa al expresidente, él sería culpable de varios delitos financieros.