Donald Trump sigue en su fantasía. Hasta el momento, el mandatario se ha negado a reconocer la derrota, acusando un fraude orquestado por el Partido Demócrata, del que, hasta ahora, no ha mostrado una sola prueba. Su equipo radicó una larga serie de recursos legales en instancias estatales y federales, pero todos han sido desestimados, atendidos con escepticismo por los jueces a lo largo del país. Trump está quemando los últimos cartuchos en su estéril lucha por permanecer en la Casa Blanca, pero su pataleta tiene un peligro mayor. En la trastienda, empuja reformas y normativas para sellar su mandato y aprovechar las últimas semanas en el poder, condicionando la presidencia de Joe Biden, quien, mientras tanto, comienza a configurar su gabinete y acelera la transición de gobierno.
El 12 de noviembre –nueve días después de los comicios– el jefe de Gabinete de Trump, Mark Meadows, reunió en una llamada telefónica a los principales asesores de la Casa Blanca. El objetivo era simple: organizar las últimas movidas de la administración del magnate en temas pendientes de su agenda. Meadows pidió a los asesores una lista de medidas que fueran posibles de implementar por medio de órdenes ejecutivas y reformas en el funcionamiento de las agencias del Estado antes del 20 de enero, día de la investidura de Biden. Según el medio estadounidense Politico, los participantes de la llamada entregaron un cuadro de 15 iniciativas posibles, relacionadas con política migratoria, comercio, sistema de salud y otros asuntos en los que el magnate disiente con Biden.
Desde entonces, las movidas de Trump para sellar su cuestionable legado no han dejado de aparecer. El 17 de noviembre, el Pentágono anunció que retirará la mitad de las tropas estadounidenses de Afganistán e Irak antes del 15 de enero, unos 5.000 soldados de los 10.000 que actualmente permanecen allí. Con ello, el mandatario quiere cumplir su promesa de campaña de acabar con las intervenciones militares estadounidenses en territorios extranjeros, que, según él, han sido “costosas e inefectivas”. Aunque muchos apoyan la retirada de las tropas, los expertos temen que una salida apresurada desestabilice la región y permita la avanzada de grupos terroristas, como Estado Islámico.
Pero las últimas puntadas de Trump en materia internacional no son pacifistas ni mucho menos. Según una investigación del diario The New York Times, el mandatario consultó con sus asesores la posibilidad de atacar militarmente una planta nuclear en Irán. Habría ordenado la ofensiva tras leer un informe del Organismo Internacional de Energía Atómica: se reportaba que allí estaban funcionando unas peligrosas centrifugadoras, prohibidas en el tratado nuclear del que Estados Unidos, irónicamente, ya no forma parte. Los funcionarios del Gobierno –incluidos su secretario de Estado, Mike Pompeo, y su vicepresidente, Mike Pence– lo persuadieron por temor a que estallara una guerra de la que no podría hacerse cargo.
A estos movimientos en política exterior se suman sus intentos para poner más trabas a la inmigración. La administración Trump planea terminar 724 kilómetros nuevos del muro fronterizo con México para finales de este año, y todo indica que la construcción va de acuerdo con el cronograma. A finales de septiembre, la Casa Blanca también determinó que el país recibirá, por mucho, 15.000 refugiados durante el próximo año fiscal (octubre 2020-septiembre 2021), la cuota más baja en la historia reciente del programa. Sin embargo, Biden ha dicho que tras su posesión ajustará el tope en 125.000. Asimismo, la administración anunció que en los próximos días entrará en vigencia un nuevo examen para aquellos que pretenden conseguir la ciudadanía estadounidense. La evaluación anterior requería que los inmigrantes contestaran correctamente seis preguntas para pasar; el nuevo test les exige 12.
Expertos y funcionarios del Gobierno advierten que Trump intenta cumplir los Acuerdos de Cooperación sobre Asilo, firmados el año pasado con Honduras y El Salvador. Estos convenios obligan a los peticionarios de asilo a llevar sus procesos en esos países y no en Estados Unidos, complicándoles aún más las cosas. Jessica Bolter, analista del Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés), de Estados Unidos, le dijo a SEMANA que “definitivamente la administración está tratando de terminar políticas y adicionar unas que el Gobierno de Biden tendrá que deshacer. A pesar de que le queda menos de dos meses en la Casa Blanca, el equipo de Trump no está ralentizando el ritmo”.
Tampoco da tregua en su cruzada contra las regulaciones medioambientales. En estos últimos meses, pretende darle las puntadas finales a su agenda de desregulación, que los demócratas y grupos ambientalistas han calificado como catastrófica y servil a los intereses de grandes compañías. Actualmente, la administración presiona para licitar la explotación de hidrocarburos en el Refugio Nacional de Vida Silvestre del Ártico, una reserva en Alaska comparable con el Serengueti de Tanzania. Del mismo modo, un artículo de la revista Time advirtió que hace dos semanas llegó a la Casa Blanca una propuesta para flexibilizar los estándares de partículas tóxicas que pueden emitir ciertas industrias. También se temen nuevas reformas a la Ley de Especies en Peligro de Extinción, como la realizada en octubre pasado que dejó desprotegido al lobo gris.
Robert Valencia, vocero de la organización de derecho medioambiental Earthjustice, le dijo a SEMANA: “Lo que hemos visto en estos cuatro años es un completo desdén respecto a la ciencia. Trump en su administración realizó acciones que son consideradas ilegales”. Valencia agrega que la agenda ambiental del Gobierno la manejaron personajes con poca credibilidad e intereses personales: “Muchas de las personas que estuvieron liderando oficinas, como la Agencia de Protección Ambiental y el Departamento del Interior, son lobistas industriales”. Por eso no sorprende que en sus últimas semanas el mandatario termine de saldar algunos asuntos pendientes.
Por otro lado, la decisión que levantó las miradas del estamento político de Estados Unidos en los últimos días fue el indulto que otorgó el magnate a su ex asesor de Seguridad Nacional, Michael Flynn. En 2017, Flynn se declaró culpable de mentirle al FBI durante la investigación sobre la interferencia rusa en la campaña presidencial de 2016. Desde entonces, su caso sufrió una serie de giros y vaivenes que evitaron que el exasesor fuera sentenciado por la justicia. El indulto da pie a pensar que, antes de abandonar la Casa Blanca, el presidente utilizará su posición para asegurar la impunidad de los ayudantes cercanos que están siendo investigados.
En definitiva, la tarea que le espera a Biden para revertir las medidas de Trump que contravienen sus ideales y plan de gobierno adquiere proporciones monumentales. En cuanto a política migratoria, Bolter señala que la próxima administración podrá echar para atrás la mayoría de las reformas y normativas sin pasar por el Congreso. Sin embargo, advierte que “por el gran número de cambios administrativos que realizó el Gobierno, requerirá mucho tiempo y recursos revertir lo que se hizo. Es probable que muchas medidas se mantengan durante años”.
Sobre el asunto medioambiental, Valencia cree que Biden podrá suspender la mayoría de reformas con órdenes ejecutivas y procesos judiciales en las Cortes. Para él, el presidente electo tiene a su favor que “la administración realmente no ha podido finalizar ninguno de sus principales esfuerzos normativos por la veeduría de organizaciones ciudadanas y el funcionamiento de la justicia”. En todo caso, el revolcón político en Estados Unidos se da por sentado, y Biden, ni corto ni perezoso, comienza a dar pistas del país que tiene en mente.
El gabinete de Biden
Como si fueran dos realidades paralelas, mientras Trump hace lo posible para socavar por última vez la democracia norteamericana, Biden configura su gabinete. Muchos esperaban una revolución, pero los primeros nombramientos indican que apostará primero por un regreso a la normalidad, perdida por el país norteamericano en 2016. Su apuesta por el centrismo parece demostrar que, finalmente, no complacerá a la base de izquierda del Partido Demócrata, a pesar de la deuda que tiene con ellos tras el resultado electoral. Sin embargo, logró avances históricos y reseñables para las mujeres y las minorías.
Al igual que Biden, muchos de los miembros de su gabinete sirvieron de segundos en el Gobierno de Barack Obama. Antony Blinken, próximo secretario de Estado, fue subsecretario de esa cartera, encargada de la diplomacia. Alejandro Mayorkas, designado para dirigir el Departamento de Seguridad Nacional, estuvo allí como el número dos. Jake Sullivan será el asesor de Seguridad Nacional, y Avril Haines, la directora de Inteligencia Nacional, tras ser la número dos en la CIA. Además, Janet Yellen, nominada a secretaria del Tesoro, fue elegida por Obama como la jefa de la Reserva Federal, pero Trump se negó a proponerla para un segundo mandato.
Todos son respetados por sus competencias, y su elección envía una señal clara: Biden será continuista con los años de Obama.
A diferencia de Trump, que se mueve dentro del entretenimiento y la polémica, las escogencias de Biden no son llamativas. Hasta el momento, la elección más significativa ha sido John Kerry, ex secretario de Estado y aspirante a la Casa Blanca, quien será el enviado presidencial para el clima, una señal de la alta prioridad que le dará al medioambiente.
Pero a diferencia de Trump e incluso de Obama, Biden no ha seleccionado a nadie que parezca tener futuras aspiraciones presidenciales. Muchos esperaban que él, de 78 años, utilizará el gabinete para preparar a futuros aspirantes a la Casa Blanca. Por ahora, la única con el perfil presidencial es su vicepresidenta, Kamala Harris.
Hasta ahora, el presidente electo ha optado por no recurrir a nadie particularmente querido por el ala izquierda del Partido Demócrata, pero el rechazo de los progresistas ha sido limitado. Varios activistas notaron con consternación que Blinken, conocido por su defensa de los derechos humanos, apoyó la intervención en Siria, y han expresado sospechas de que él y Michelle Flournoy, candidata a secretaria de Defensa, fundaron una empresa de consultoría para clientes extranjeros después de la administración Obama. Pero el equipo entrante parece estar muy consciente de las preocupaciones. El representante Ro Khanna, asociado del progresista Bernie Sanders y voz líder en política exterior de la izquierda demócrata, expresó su apoyo a Blinken: “Siempre ha estado abierto a involucrar a los progresistas”; además, comparte su oposición a la devastadora ofensiva liderada por Arabia Saudita en Yemen.
Las opciones también reflejan la realidad de que los nominados deben obtener la confirmación en el Senado, en el que los republicanos contarán con la mayoría, a no ser que los demócratas ganen dos elecciones de segunda vuelta en Georgia en enero.
En todo caso, Biden está cumpliendo su promesa de conformar un gabinete más diverso. El punto de quiebre era necesario, ya que Trump designó más hombres blancos que cualquier otro presidente en décadas. Mayorkas, quien nació en Cuba, será el primer inmigrante a cargo del Departamento de Seguridad Nacional. Yellen y Haines, las primeras mujeres en sus puestos, al igual que Flournoy si es seleccionada. Linda Thomas-Greenfield, una exdiplomática afroamericana de carrera, fue nombrada para ser la representante de Estados Unidos en Naciones Unidas.
Como gesto simbólico, Biden reviviría la tradición de nombrar al menos a un miembro del gabinete del partido rival, un símbolo de unidad después de los cuatro años de polarización recalcitrante de Trump.