El presidente de Colombia, Gustavo Petro, lidera este martes primero de noviembre las conversaciones en Caracas, Venezuela, con su homólogo, Nicolás Maduro, sobre el retorno de la República Bolivariana de Venezuela a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Este debate no se vivía en Latinoamérica desde hace más de 10 años.
Desde septiembre del año 2012, fecha en la que el presidente Hugo Chávez denunció la Convención Americana de Derechos Humanos, el Estado venezolano se las ha arreglado para evadir sus obligaciones con el sistema interamericano de protección de derechos, apelando y criticando la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
En el año 2017, el Estado venezolano anunció la denuncia de la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), y, por tanto, su salida del organismo, la cual se hizo efectiva, de acuerdo con el reglamento de la OEA, dos años después, en 2019.
Sin embargo, este proceso de retiro quedó sin efecto, luego de que la OEA y demás actores internacionales desconocieran el nuevo mandato de Nicolás Maduro al considerar las elecciones del año 2018 ilegitimidad. Por ello, la Asamblea Nacional del año 2015 nombró, ante el vacío del cargo presidencial y tal como lo establece la Constitución, como presidente interino de la República a Juan Guaidó, quien para ese entonces dirigía el Parlamento.
De igual modo, la OEA reconoció a Gustavo Tarre Briceño como representante de Venezuela. Al mismo tiempo, la Asamblea Nacional del año 2015 ratificó la adhesión de Venezuela a la Carta de la OEA y decidió dejar sin efecto la denuncia de la Convención.
Casos ante la Corte Interamericana
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sometió el 28 de abril de 2022 ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Henrique Capriles respecto de Venezuela, relativo a la violación de diversos derechos convencionales durante las elecciones presidenciales de 2013.
Henrique Capriles fue candidato presidencial en las elecciones del 14 de abril de 2013, quedando segundo por una diferencia del 1,49% de votos. La solicitud de auditoría de los votos presentada por Capriles ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), así como los recursos interpuestos ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), fueron rechazados.
En su Informe de Admisibilidad y Fondo la Comisión constató la existencia de serios obstáculos para el ejercicio de los derechos políticos en el país y de acciones de represalia contra la oposición política, las cuales tuvieron su punto más álgido en el año 2013. También observó la falta de independencia del CNE, organismo encargado de supervisar las elecciones, situación que incide directa y negativamente en la protección de los derechos políticos.
Respecto de las condiciones generales en las que se desarrolló el proceso electoral, la CIDH observó el uso inadecuado de recursos públicos para apoyar la campaña del candidato oficialista y un acceso marcadamente inequitativo de los medios masivos de comunicación estatal.
Dadas estas consideraciones, la Comisión concluyó que el Estado de Venezuela violó los derechos consagrados en los artículos de garantías judiciales, el principio de legalidad, el derecho a la libertad de expresión, los derechos políticos y el derecho a la protección judicial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.