El pasado miércoles seis de diciembre, la Fiscalía de Venezuela, en una rueda de prensa a la que asistieron varios medio de comunicación, entregó detalles de una supuesta conspiración “nacional e internacional” en contra del país, por lo que ordenó la captura de 14 personas, todos opositores.
Estas 14 personas fueron señaladas de conspirar en contra de Venezuela para “intentar fracturar la lucha soberana de nuestro pueblo por el Esequibo”.
Según el fiscal Tarek William Saab, estas personas “han utilizado la lucha nacionalista por el Esequibo para darle una patada a la mesa y ser financiados por ExxonMobil”, dijo el funcionario del Ministerio Público, asegurando que fueron 10 millones de venezolanos los que se pronunciaron en el referendo a favor de las medidas tomadas por el Gobierno.
“Hemos encontrado una trama destinada a boicotear el Referendo Consultivo por el Esequibo”, afirmó Saab ante los medios que participaron en la rueda de prensa. “Quiero usar esto como contexto para dejar claras las pretensiones de Guyana. Se usa a la ExxonMobil para apoderarse de recursos que son de Venezuela”, agregó.
Bajo esos argumentos, las autoridades en el régimen de Maduro emitieron órdenes de aprehensión contra Yon Goicochea, Juan Guaidó, Julio Borges, Andrés Izarra, David Smolanski, Carlos Vecchio, Lester Toledo, Savoi Jandon Wright, Leopoldo López y Rafael Ramírez.
El funcionario de la Fiscalía mencionó que Carlos Vecchio trabajó para ExxonMobil a principios de los años 2000 hasta 2007, y entró en la política luego de que ExxonMobil se fue del país tras no aceptar las condiciones de las empresas mixtas creadas por el presidente Hugo Chávez.
Según el fiscal, los financiamientos son monetizados a través de criptoactivos por Damián Merlo (estadounidense, exempresario de telecomunicaciones y exasesor de política exterior vinculado a Donald Trump y asesor de Nayib Bukele).
Este tenía como contacto a Savoi Jandon Wright, “estadounidense, quien ya está detenido y utilizó la criptomoneda USDT y grandes sumas en efectivo para evadir controles financieros y enmascarar el origen y destino de los fondos usados para conspirar”, aseveró.
Saab también informó de la relación económica que presuntamente mantendría uno de los estadounidenses con Claudia Macero, Pedro Urruchurto y Roberto Abdul, líderes de la organización Súmate, y contra el coordinador de la organización de Vente Venezuela, Henry Alviarez, miembros del equipo de María Corina Machado.
La disputa por el Esequibo
Venezuela sostiene que el Esequibo forma parte de su territorio, como en 1777 cuando era colonia de España, y apela al Acuerdo de Ginebra, firmado en 1966 antes de la independencia de Guyana del Reino Unido, que sentaba las bases para una solución negociada y anulaba un laudo de 1899 que definió los límites actuales.
Guyana defiende ese laudo y pide que sea ratificado por la Corte Internacional de Justicia (CIJ), cuya jurisdicción Caracas desconoce.
“Venezuela (...) exhorta al gobierno de Guyana a desistir de su errática, amenazante y riesgosa conducta, y retomar el camino del diálogo directo, a través del Acuerdo de Ginebra”, llamó el comunicado de la Cancillería venezolana.
Es así como la solicitud de detención de opositores por parte del fiscal Saab se produce pocos días después de que el gobierno venezolano celebrara el polémico referendo sobre el Esequibo, que actualmente alberga seis de las diez regiones que constituyen la República Cooperativa de Guyana, y donde viven 125.000 de los 800.000 habitantes del país.
De acuerdo con BBC Mundo, aunque ambas naciones se disputan la zona desde hace más de un siglo, las tensiones aumentaron en 2015, cuando comenzaron a encontrarse allí grandes yacimientos de petróleo.
Desde hace décadas Venezuela considera al Esequibo, también conocido como Guayana Esequiba, como una “zona en reclamación” y suele incluirla en sus mapas con un tachado.
Existe un litigio en curso entre ambos países ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya para definir las fronteras bilaterales en esa zona.
Guyana, una antigua colonia británica y holandesa, insiste en que las fronteras fueron establecidas por un panel de arbitraje en 1899.
Sin embargo, Venezuela no reconoce la jurisdicción de la CIJ en el asunto y sostiene que el río Esequibo forma una frontera natural que ha sido reconocida históricamente.