Los doce miembros del jurado del primer juicio penal contra el expresidente de Estados Unidos Donald Trump declararon culpable al magnate de 34 cargos por presunta falsificación de registros comerciales, dentro de una trama en la que habría intentado ocultar el pago de 130.000 dólares a la exactriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio.
El jurado, que ha pedido revisar varias partes del testimonio y volver a escuchar las instrucciones del juez, deliberó durante más de nueve horas en dos días para llegar a esta conclusión, según recoge la cadena estadounidense NBC News.
Detrás de la histórica decisión se encuentra el juez de origen colombiano Juan Manuel Merchán. En 2022 el juez instruyó el juicio a la Trump Organization por fraude fiscal y le impuso una multa de 1,6 millones de dólares, un proceso que desembocó en la condena del jefe financiero de la empresa familiar de los Trump, Allen Weisselberg, mano derecha del candidato republicano en las elecciones presidenciales de noviembre.
También es el juez instructor del caso por fraude y lavado de dinero contra Steve Bannon, el estratega de extrema derecha que fue fiel aliado del exmandatario.
La defensa del magnate inmobiliario ha intentado –hasta ahora infructuosamente– apartarle del nuevo juicio, que será sin duda el mayor desafío de su larga carrera judicial.
Nacido en Bogotá y emigrado a Estados Unidos a los 6 años, fue fiscal antes de ser nombrado juez de familia en el Bronx y luego magistrado de lo penal en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York. En audiencias anteriores, advirtió a Trump que no toleraría ninguna perturbación del proceso y le impuso la prohibición de atacar a los testigos y al personal del tribunal.
La defensa de Trump ha intentado apartarlo del caso argumentando que la hija del juez trabaja para una consultora política que ha tenido al actual presidente demócrata, Joe Biden, como uno de sus clientes, y porque hizo una donación de 35 dólares a la campaña del demócrata en 2020.
Merchán es un producto genuino de la meritocracia y el esfuerzo personal en una ciudad cincelada por las sucesivas olas de inmigrantes, que tanto denigra Trump, pese a que su abuelo también inmigró desde Alemania. Primero de una familia de seis hermanos en llegar a la universidad, a los 9 años ya ayudaba en un almacén en Queens a cambio de propinas, según The New York Times, que cita fuentes cercanas al juez.
Durante sus estudios en el instituto y la universidad también trabajó como lavaplatos y responsable de hotel durante la noche. En 1990 se graduó en la Universidad de Baruch College y cuatro años más tarde se licenció en derecho en la Universidad de Hofstra de Long Island, este del estado de Nueva York, donde actualmente el 97 % de los estudiantes de primer año cuentan con ayuda financiera.
Ese mismo año empezó a trabajar en la oficina del fiscal de distrito de Manhattan durante cinco años. Fue fiscal antes de ser nombrado juez de familia en 2006, en el Bronx, por el alcalde Michael Bloomberg. Luego recaló en la sala de lo penal en el Tribunal Supremo de Nueva York.
El juez, nada proclive a hablar con la prensa, creó hace 13 años un Tribunal de Salud Mental, un problema creciente en la gran urbe multicultural de 8,5 millones de habitantes. Además, sigue cultivando sus raíces latinas en la Asociación de Jueces de Herencia Hispana, de la Asociación de Abogados, y como miembro de la Asociación Nacional de Abogados Hispanos, según el breve currículo del Tribunal.