A través de un polémico canje, Estados Unidos anunció la liberación del empresario Álex Saab, quien en 2020 fue acusado por Washington de ser el testaferro de Nicolás Maduro. Saab estaba en prisión después de ser capturado en Cabo Verde. Con esta decisión tomada por el Gobierno demócrata de Joe Biden, el colombiano aliado del régimen venezolano recuperará la libertad. Pero, en cambio, 36 personas de interés del Gobierno estadounidense saldrán libres en las próximas horas.
Según lo que se ha dado conocer, de las 36 personas que fueron liberadas, 12 son estadounidenses. Entre los estadounidenses tras las rejas en Venezuela se encuentran dos exboinas verdes, Luke Denman y Airan Berry, que estuvieron involucrados en un intento de derrocar a Maduro en 2019, como parte de una operación clandestina y en el que los mercenarios fueron capturados por el régimen y posteriormente encarcelados.
También estaban detenidos los estadounidenses Eyvin Hernández, Jerrel Kenemore y Joseph Cristella, acusados de ingresar al país ilegalmente desde Colombia en marzo año pasado. Más recientemente, el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela arrestó y encarceló a Savoi Wright, un empresario de California de 38 años que estaba en el territorio venezolano.
Así mismo, la fuente del Gobierno venezolano que habló con Reuters, afirmó que de los venezolanos que serán liberados, 20 han estado encarcelados durante ya hace algún tiempo, según se dio a conocer. Además, cuatro son personas recientemente detenidas e involucradas, ya sea con la campaña de la candidata presidencial opositora María Corina Machado o con la organización de las primarias de la oposición que se celebraron en octubre.
De los demás prisioneros estadounidenses que serán liberados por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro no se sabe aún más información. Aunque se conoció que dentro de los liberados estaban los seis sindicalistas venezolanos que en su momento fueron condenados a 16 años de cárcel por una supuesta conspiración.
Por el momento, la Casa Blanca se negó a hacer declaraciones. Vale recordar que el régimen de Venezuela había nombrado a Álex Saab Morán en abril de 2018 como su enviado especial para llevar a cabo misiones oficiales en Irán, con el fin de garantizar las entregas humanitarias a su país. Los suministros incluían alimentos y medicinas.
Sin embargo, en julio de 2019, Estados Unidos añadió a Saab en su lista de sancionados por presunta participación en transacciones o programas administrados por el régimen venezolano. Un informe de la ONU detalló que, en su tercer viaje a Irán, Saab fue detenido el 12 de junio de 2020 por las autoridades de Cabo Verde, país donde había hecho escala. Finalmente, Estados Unidos solicitó su extradición con base en acusaciones de lavado de dinero.
La extradición se concretó en octubre de 2021, luego de que los tribunales de Cabo Verde desestimaran numerosos recursos contra su extradición, e ignoraran su estatuto de diplomático ad hoc, así como la decisión a su favor del Tribunal de la Comunidad de Estados de África Occidental, y las múltiples comunicaciones oficiales de Venezuela.
Los fiscales estadounidenses dicen que Saab desvió unos 350 millones de dólares de Venezuela a través de Estados Unidos en un plan que involucraba sobornos a funcionarios del Gobierno venezolano. Si bien al principio el régimen venezolano negaba cualquier relación con el empresario barranquillero, cuando este fue capturado y enviado a Estados Unidos, Nicolás Maduro y sus aliados empezaron a defender a Saab y a pedir su liberación inmediata.
Esta liberación se da en el contexto que, desde octubre, el gobierno de Joe Biden y el de Maduro lograron un acuerdo en Barbados, con la mediación de Noruega, en el cual se imponía una relajación de las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela, esto a cambio de que Maduro permitiera la realización de elecciones presidenciales libres y democráticas en 2024.
Entre las exigencias de los Estados Unidos se incluye también la liberación de presos políticos venezolanos y de estadounidenses, los cuales Washington afirma que fueron detenidos arbitrariamente, así como también la retirada de las inhabilitaciones administrativas que impiden a los aspirantes opositores postularse a cargos de elección popular en el país gobernado por la dictadura de Nicolás Maduro.