Al menos quince agentes de las fuerzas del orden de Brasil, incluyendo policías militares, soldados de las Fuerzas Armadas e incluso un bombero, estarían implicados de alguna manera en los actos golpistas del pasado 8 de enero en Brasilia, cuando una turba de seguidores de Jair Bolsonaro atacó las sedes de los tres poderes.
El último en ser arrestado este lunes fue Roberto Henrique de Souza Júnior, del Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro, quien en 2018 intentó sin éxito salir elegido diputado federal por Patriotas, uno de los partidos relacionados con el bolsonarismo más extremo.
En esta lista hay tanto agentes en activo como en la reserva y, según el diario O Globo, entre estos quince, además del citado bombero, hay nueve policías militares, tres soldados del Ejército, un oficial de Marina y un antiguo cabo de la Fuerza Aérea, que dejó el cargo a mediados de 2022 tras ocho años de servicio.
Muchos de ellos han sido identificados gracias a las redes sociales, las cuales utilizaron con profusión durante los hechos violentos que se vivieron aquel día 8 de enero en la Explanada de los Ministerios. Uno de ellos fue el sargento de la Policía Militar de Brasilia, Ednaldo Teixeira Magalhães, quien grabó lo ocurrido y celebrando que “la cosa se ponía peligrosa”.
“No ganamos nada quedándonos en Internet, vamos a las calles de todo el país”, publicó en su cuenta de Instagram el día que Luiz Inácio Lula da Silva venció en las elecciones, animando al personal a participar en los bloqueos de las carreteras que se levantaron tras conocerse los resultados de aquellos comicios.
Algunos de estos quince ya han sido puestos en libertad mientras son investigados por su participación en aquellos hechos. Otros, en cambio, no llegaron a pasar por prisión en ningún momento, como el sargento de la Policía Militar Silvério Santos, quien celebró en redes que Brasilia hubiera “explotado”.
En lo que respecta al Ejército, los hay quienes incluso criticaron duramente a sus compañeros de armas por respetar la Constitución, como el oficial en la reserva Adriano Camargo Testonio, quien calificó de “panda de generales hijos de puta” a quienes se mantuvieron firmes contra los asaltantes.
Otros como Ridauto Lúcio Fernandes son conocidos por haber tenido cargos dentro del gobierno del expresidente Bolsonaro, cuando fue director de Logística en el Ministerio de Salud que dirigió el general Eduardo Pazuello.
Además de estos quince, hay al menos otros dos investigados por supuesta omisión y connivencia con los asaltantes cuando se encontraban de servicio, el excomandante general de la Policía Militar de Brasilia, el coronel Fábio Augusto Vieira, arrestado por orden del juez del Supremo, Alexandre de Moraes; y el coronel Paulo Jorge Fernandes da Hora, investigado por impedir a los efectivos actuar.
Brasilia custodiada
Brasilia anunció este lunes un fortalecimiento de la seguridad en las sedes de los poderes públicos vandalizadas el 8 de enero, al tiempo que las autoridades detuvieron a uno de los presuntos organizadores del ataque.
Los policías militares en los alrededores de la llamada Explanada de los Ministerios y del palacio presidencial, el Congreso y la corte suprema aumentarán “de inmediato” de 248 a 500, dijo Celina Leao, gobernadora interina del Distrito Federal.
El refuerzo se da “para que podamos tener el máximo de tranquilidad y una seguridad firme”, afirmó Leao en rueda de prensa junto con el presidente de la Cámara Baja, Arthur Lira, y el viceministro de Justicia, Ricardo Cappelli.
Leao asumió las riendas del despacho luego de que el gobernador Ibanéis Rocha fuese destituido temporalmente, mientras se determina por qué falló la seguridad del corazón político de la capital una semana después de la investidura del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
La seguridad del Distrito Federal se encuentra bajo control del Ejecutivo federal por decreto presidencial desde el 8 de enero, cuando manifestantes identificados con Bolsonaro invadieron y saquearon el Palacio del Planalto (sede presidencial), el Congreso y el Supremo Tribunal Federal.
Más de 2.000 personas fueron detenidas, de las que 1.159 continúan detenidas, por los ataques que el gobierno califica de “actos terroristas”, según el último balance oficial.
Más de 800 detenidos ya pasaron por audiencias preliminares, un proceso que debe terminar este lunes.
*Con información de AFP y Europa Press.