La Corte Nacional de Justicia de Ecuador le ha solicitado formalmente a Bélgica la extradición del expresidente Rafael Correa, sobre el que pesa una condena de ocho años de cárcel por su presunta implicación en una trama de sobornos.

Así lo ha anunciado este viernes el presidente de la Corte Nacional de Justicia, Iván Saquicela, que en una entrevista a Teleamazonas ha confirmado que el jueves se firmó la providencia por la que se le solicita al Gobierno de Guillermo Lasso que pida formalmente la extradición a Bélgica.

Saquicela ha recordado que hay “una sentencia en firme” contra Correa y que, por tanto, la petición se desarrolla “en estricto derecho”. “Aquí no hay juicios de valor, no son opiniones ni criterios políticos, mi pronunciamiento es en derecho y es mi deber”, ha dicho, al aludir a un caso que ha enfrentado a la política ecuatoriana durante los últimos años.

Correa, condenado por un delito de cohecho en un caso que ha salpicado también a otros miembros de su antiguo gobierno, siempre ha defendido que es víctima de una persecución política, algo que ha reivindicado incluso ante las autoridades belgas.

Su abogado, Christophe Marchand, ha asegurado precisamente este viernes que Bélgica ha concedido ya asilo político a Correa, un extremo que el Comisariado General para Refugiados y Apátridas no ha confirmado a la agencia de noticias Europa Press, apelando a razones de privacidad.

Esta confirmación del asilo político dada por el abogado Marchand bloquearía la solicitud de extradición del expresidente Correa. Este estatus hace que correa sea visto como autor de delitos políticos o como víctima de una persecución, por lo que no hay causales para extraditarlo según algunas formalidades y tradiciones del derecho internacional.

Para Marchand, se trata de una medida clave, ya que “supone un reconocimiento de la condición de perseguido político del exmandatario”, según un comunicado difundido por su despacho.

El expresidente, por su parte, respondió por medio de su cuenta de Twitter al pedido de extradición y acusó a Saquisela de estar jugando un “papelón” y de ser parte de un gobierno “títere”. “Otro papelón, lamentablemente no solo de este sino de todo el sistema judicial y del Gobierno del cual es títere”, fueron las palabras compartidas por el exmandatario.

Correa fue investigado, y posteriormente juzgado, por participar en una red de sobornos. Mediante esta red, el expresidente habría recibido aportes “indebidos” para su campaña y su movimiento Alianza País.

Entre las compañías involucradas en esta red de sobornos se encuentra la cuestionada constructora brasileña Odebrecht, que ha sido partícipe de escándalos de corrupción también en Colombia.

La justicia del país determinó, en su momento, que Correa tenía pleno conocimiento de estos aportes y que los casi 6,7 millones de dólares pagados fueron reportados tanto al él como a su vicepresidente. Correa fue condenado a 8 años de prisión por el delito de cohecho.

Es la primera vez que se pide la extradición del exmandatario. En ocasiones anteriores las autoridades habían pedido la circulación de una circular roja de la Interpol, petición que fue negada debido a que los delitos del expresidente no ameritaban una acción internacional conjunta para su captura.

Saquisela se refirió también un tratado de extradición entre su país y Bélgica. Además, hizo referencia al Convenio Internacional Anticorrupción de las Naciones Unidas, mediante la cual se establecen los lineamientos internacionales por el cual un país debe responder a una solicitud de extradición de este tipo.

Sin embargo, este documento es ambiguo ya que afirma que no se puede conceder una extradición si hay motivos suficientes para considerar que una persona sea víctima de persecuciones políticas debido a su raza, etnia, religión o ideologías. La otorgada condición de asilo político bloquea, en este sentido, la petición de extradición contra Correa.

*Con información de EP.