Reforma pensional por decreto

Luego de tres meses de movilización social contra la reforma pensional del presidente Emmanuel Macron, de más de seis semanas de huelga en el transporte público, de tribunales y hospitales bloqueados por abogados y médicos exasperados, de decenas de espectáculos de teatro u ópera anulados, el Gobierno francés aprobó por ordenanza, en primera instancia, su polémico proyecto. Ni las heridas de los manifestantes que se enfrentaron a la policía, ni los salarios que perdieron los huelguistas durante la protesta invernal y ni siquiera los diputados de la oposición contaron para el Palacio del Elíseo.

El jefe de Estado galo no sometió el proyecto que crea un sistema universal de pensiones al voto de la Asamblea Nacional, como estaba previsto. Lo adoptó gracias al 49.3, un mecanismo llamado así en honor al artículo de la Constitución que permite a un mandatario aprobar una ley sin pasar por el Poder Legislativo. Inmediatamente después del anuncio del Ejecutivo, la oposición de izquierda y de derecha se ofuscó y acusó a Macron de autoritarismo, y de negar los principios democráticos de control y de voto parlamentario. “El Gobierno se dio cuenta de que sus propios parlamentarios no son capaces de defender el texto”, ironizó Jean-Luc Mélenchon, fundador del partido de izquierda Francia Insumisa.

Macron usó un artículo de la Constitución que le permite aprobar una ley sin el Poder Legislativo. La oposición lo acusó de autoritarismo y de negar los principios de control parlamentario.  El Gobierno también enfureció a los franceses que se movilizan desde el 5 de diciembre contra esta reforma, la cual suprimiría los 42 regímenes especiales de pensiones para crear una sola estructura universal. Su proyecto afecta a los beneficiarios de los sistemas de jubilación particulares en los que es posible pensionarse antes de los 62 años. Pero asimismo impacta a la mayoría de los ciudadanos, pues buena parte de ellos deberá trabajar hasta los 64 años si desea retirarse con un monto completo de pensión. Por ello, no sorprende que, según las encuestas, 60 por ciento de la población se opone a este proyecto, ni que miles de manifestantes hayan salido a las calles esta semana para mostrar su oposición al texto y al empleo del 49.3. El Ejecutivo usa este método en Francia cuando no tiene la certeza de que el voto del Parlamento le será favorable o, en otros casos, a fin de evitar largos debates en la Asamblea Nacional. El socialista François Hollande, por ejemplo, aplicó el 49.3 seis veces, sobre todo para llevar a cabo su controvertida reforma laboral. En total, desde 1958, cuando nació la Constitución de la Quinta República, los Gobiernos han usado el mecanismo 88 veces. De acuerdo con el Gobierno de Macron, era necesario en el caso de las pensiones para evitar discutir las 41.000 enmiendas al proyecto que la oposición sometió y que, obligatoriamente, debía considerar la Asamblea Nacional.

A pesar de la existencia de ese dispositivo constitucional, el mismo texto prevé mecanismos que la oposición no dudó en utilizar. La derecha y la izquierda lanzaron dos mociones de censura que, de haber aprobado la Asamblea Nacional, habrían derrocado al Gobierno. Pero este, que cuenta con mayoría absoluta en la cámara baja (con 299 de 577 diputados, sin contar con los aliados), aplastó a sus contrincantes. La moción de la derecha recibió 148 votos, y la de izquierda, tan solo 91. Macron ganó con esa carta bajo la manga, pero perdió la partida contra sus rivales en el hemiciclo. La ordenanza podría costarle caro en la tormenta de revuelta social que explotó en noviembre de 2018 cuando los ‘chalecos amarillos’ comenzaron sus protestas, que el mandatario centrista deseaba sosegar. En primer lugar, con esa medida se vino abajo la estrategia de “escucha, diálogo y proximidad” que había trazado para los dos últimos años de su gobierno y que le hubiera permitido reconciliarse con su electorado de centroizquierda antes de las elecciones presidenciales de 2022. “Macron parece intentar salir lo más pronto posible de la reforma de pensiones para concentrarse en medidas ecológicas y sociales con la esperanza de que, en 2022, la izquierda y el centro voten por él en la segunda vuelta para servir de barrera a la extrema derecha de Marine Le Pen. Porque, de todas formas, en la primera vuelta no optarán por él”, explicó a SEMANA Pierre Mathiot, director del Instituto de Estudios Políticos de Lille.

Además, el 49.3 debilitó la confianza construida con los congresistas, no solo opositores, sino también de su propia facción. Algunos diputados del partido en el poder, La República en Marcha (LRM), calificaron el método de ‘fracaso’ o de ‘crisis democrática’. Incluso Albane Gaillot, congresista macronista, votó por la moción de censura de la izquierda para oponerse a la 49.3. El editorial del periódico Le Monde resumió la situación: “A las vivas críticas de la oposición sobre el autoritarismo y al aislamiento del Ejecutivo se agrega el malestar de los parlamentarios de la mayoría, que no entienden cómo la reforma de pensiones, presentada durante las presidenciales como progresista, pudo convertirse en un acto puro de autoridad”.

Según las encuestas, el 60 por ciento de los franceses se opone al proyecto. Organizaciones artísticas como la Ópera de París han demostrado su descontento, y sindicatos como la Asociación Francesa de Abogados han organizado huelgas. Por esas mismas razones, la decisión del Elíseo puede afectar a su bando en los comicios municipales del 15 y 22 de marzo. En las ciudades más importantes, como París, Burdeos, Lille y Marsella, los políticos de LRM no aparecen bien en los sondeos. Su decreto podría reforzar la imagen de un presidente que no dialoga e, incluso, generar una dinámica de voto contra sus candidatos. “Macron quería que la reforma pasara antes de estas elecciones porque cree que esa prueba de eficacidad y de firmeza va a seducir a su electorado. Pero las reacciones muestran que su cálculo es falso”, dijo a esta revista Arnaud Mercier, especialista de comunicación política de la universidad parisiense Panthéon-Assas. Luego del anuncio del Gobierno de recurrir al 49.3, las sedes de campaña del primer ministro Édouard Philippe y del ministro de cuentas públicas Gérald Darmanin, pretendientes respectivamente a la alcaldía del Havre y de Tourcoing, resultaron vandalizadas.

Sin embargo, las instituciones galas cuentan con otros dispositivos para controlar la decisión del Ejecutivo de legislar sin los diputados. Macron logró ganar tiempo al utilizar el decreto ante la Asamblea Nacional, pero ahora el Senado discutirá el proyecto de ley y luego regresará a la cámara baja. Mientras tanto, la oposición y los sindicatos llaman a continuar la protesta en las calles. Por ahora, todo parece indicar que el Gobierno logrará adoptar su proyecto de ley, considerado indispensable por los expertos, en las siguientes fases del proceso legislativo. Pero en la memoria quedará que el presidente Emmanuel Macron reformó las pensiones sin escuchar a los representantes elegidos por el pueblo ni el ruido de las calles.