En un nuevo giro de la política represiva en Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro ha acusado de terrorismo y traición a la patria a Maglen Marín Rodríguez, quien era fiscal provisoria de la Fiscalía Sexta en el estado de Anzoátegui. La acusación surge después de que Marín Rodríguez se negara a imputar cargos a cuatro individuos supuestamente secuestrados, informó el periodista Carlos Salazar.
Tarek William Saab, fiscal general bajo el mandato de Maduro, anunció que la exfiscal enfrentará cargos por “delito de retraso u omisión intencional de funciones”. Según Saab, Marín Rodríguez no procesó a Alfenis José La Rosa González, José Eduardo Malaver Rondón, Luis Antonio Bericote Malavé y Edén de Jesús Naranjo Monasterios, quienes están siendo investigados por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC).
Estos cuatro individuos han sido señalados por delitos de “terrorismo, financiamiento al terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir”.
Saab también afirmó que los acusados estaban vinculados a los Comanditos de María Corina Machado, una destacada líder opositora, y que habían financiado y participado en protestas violentas tras las elecciones presidenciales.
Además, Saab aseguró que los cuatro eran parte de los Comanditos de la líder de la oposición María Corina Machado en el municipio Sotillo. Apuntó a que estos financiaban a motorizados, participaban en protestas y generaban “actos vandálicos” después de las elecciones presidenciales.
En el contexto más amplio de la represión política en Venezuela, las detenciones arbitrarias han aumentado notablemente. Foro Penal, una organización de derechos humanos, ha documentado al menos 939 arrestos de manifestantes opositores, incluidos 90 adolescentes.
La Operación Tun Tun, iniciada tras las elecciones presidenciales, ha generado inquietud debido a las detenciones masivas y arbitrarias. Organismos de seguridad como el CICPC, la Dirección General de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) participan activamente en este operativo. La Operación Tun Tun, promovida por Diosdado Cabello desde 2017, se ha intensificado en los últimos tiempos.
Defensores de derechos humanos, como Rafael Uzcátegui, han seguido de cerca esta ola de persecución, que no solo afecta a ciudadanos que expresan opiniones contrarias en redes sociales, sino a testigos opositores en las elecciones del 28 de julio.
Nicolás Maduro fue ratificado el viernes por el oficialista Consejo Nacional Electoral como presidente reelecto de Venezuela con 52 % de los votos, frente al 43 % de Edmundo González, que asegura por su parte tener pruebas que demuestran que ganó la elección con el 67 % del sufragio. Y este lunes se autoproclamó presidente electo del vecino país, en medio de las condenas internacionales por el fraude electoral.